El dinero de los registros: García Arrabal pide a la jueza un 'sueldo' de 2.500 euros al mes

granada/El empresario Roberto García Arrabal, uno de los tres promotores que están siendo investigados por formar parte de una supuesta trama de corrupción urbanística, en connivencia con políticos y funcionarios municipales, pidió a la jueza del caso Nazarí que le entregara 2.500 euros mensuales para poder "subvenir a sus más elementales necesidades", según consta en el escrito presentado por su abogado.

La petición, que fue rechazada por el Juzgado que instruye la causa, está justificada por el promotor en la "imposibilidad de obtener ingreso alguno" desde el inicio de estas pesquisas. La asignación reclamada tendría una argumentación similar a la esgrimida en el caso Gürtel por Luis Bárcenas, exgerente del PP; aunque éste se tuvo que conformar con 300 euros mensuales que le asignó el juez.

El empresario granadino ha sufrido al parecer un enorme perjuicio económico después del 13 de abril de este año, cuando se produjo la gran operación policial de detención y registros que afectó al entonces alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, a su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, a altos funcionarios del Ayuntamiento de Granada y a empresarios vinculados al mundo de la construcción. García Arrabal fue uno de los detenidos aquel día.

En el registro de su domicilio y las sedes de sus empresas, la Policía encontró también varias cantidades de dinero que fueron requisadas "hasta llegar al absurdo de incautar 200 euros que tenía en su cartera y 50 euros que la señora de mi mandante mantenía en una cartera en su mesita de noche", se queja ante el Juzgado la defensa del empresario.

Pero el mayor quebranto económico se produjo dos días después, cuando la Policía abrió por orden judicial una caja de seguridad que el promotor tiene en el Banco Popular. Allí se encontraron 71.300 euros que fueron a parar también a la cuenta judicial para asegurar las posibles "responsabilidades patrimoniales" que puedan derivarse de las actuales investigaciones. En total, el Juzgado le retiene casi 100.000 euros.

A los pocos días de estos registros, García Arrabal comenzó a pedir la devolución del dinero intervenido, así como del resto de material informático y documentos encontrados. El 18 de abril su defensa reclamaba la "nulidad del registro" al considerar que no se hizo con las garantías adecuadas.

Más tarde volvió a reclamar la devolución del dinero de la caja de seguridad alegando que el origen de ese dinero es "lícito". Para justificarlo esgrimía que en sus declaraciones de la renta ha declarado ingresos por importe superior a dos millones de euros. Según el escrito formulado, García Arrabal considera "carente de interés para la presente causa el lugar donde el contribuyente decide guardar sus ahorros", en referencia a la caja de seguridad como continente de los fondos en metálico.

Para sustituir el dinero como garantía para el Juzgado, el investigado ofrece su vivienda, libre de cargas y gravámenes. Tanto ésta como todas las propiedades de los investigados en el caso están en una situación de bloqueo, pues la jueza dio la orden de anotar en los Registros que no se podían vender en este tiempo. No obstante, el promotor granadino ha comunicado después al Juzgado que ha suscrito un préstamo poniendo su casa como garantía hipotecaria para "el desarrollo de una nueva actividad empresarial".

El empresario alegaba que se ha visto muy perjudicado económicamente tanto por la intervención del dinero efectivo del que disponía, como por la "nefasta repercusión social que ha tenido este procedimiento" en las operaciones de financiación necesarias para el ejercicio de la actividad empresarial. Es decir, que los bancos comenzaron a denegarle préstamos a sus empresas, por lo que ha tenido que acudir a su propia vivienda como garantía.

La jueza María Ángeles Jiménez firmó una providencia a finales de mayo en la que rechazaba devolver el dinero retenido al empresario, cuya defensa presentó entonces un recurso bastante duro en el que criticaba la labor de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). "Probablemente por desconocimiento del complejo mundo del urbanismo, presenta (el grupo policial) cierta tendencia a criminalizar la conducta de los investigados en la búsqueda de una causa penal", expone en su defensa. También le recuerda a la jueza que la condición de investigado "no puede suponer un suerte de muerte civil condenando al sujeto desde el inicio del proceso a la pérdida de cualquier derecho de contenido económico". De ahí que insista en la devolución del dinero y, de no ser así, le pide la asignación de 2.500 euros mensuales.

Tanto la Fiscalía Provincial como la propia jueza rechazaron de nuevo el recurso al considerar que en este momento procesal se ha de "determinar el origen de las cantidades intervenidas". Además la titular de Instrucción 2 insiste en que estas medidas cautelares son necesarias "para asegurar el eventual pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse en la resolución judicial que se dicte". En los informes elaborados por la Policía, el cálculo aproximado de los posibles perjuicios que los hechos investigados habrían tenido para la ciudad es de casi 29 millones de euros.