La directora del Legado, libre de culpa año y medio después de la detención

El archivo de la pieza 'política' de los cursos de formación pone fin a un año de pesadilla para la exdelegada de Empleo

Martín es la actual directora de la Fundación El Legado Andalusí.
Martín es la actual directora de la Fundación El Legado Andalusí.
G. S. M. Granada

12 de octubre 2016 - 01:00

Casi cuatro meses después de que se filtrara la noticia, la juez María Núñez Bolaños ha archivado la pieza 'política' del caso de los cursos de formación. Tras más de cien días de espera, en los que ha imperado la prudencia, los 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) involucrados en el caso han respirado tranquilos. Ese es el caso de la ex delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada y actual directora de la Fundación El Legado Andalusí, Marina Martín, que ayer reconocía su alegría por el auto judicial, que confirma que durante su gestión no hubo "nada", ni red clientelar ni irregularidades administrativas en la gestión de los fondos.

Alegría, sí, pero alegría a medias. "Es una sensación rara, agridulce", apuntó Martín en declaraciones a este periódico, indicando que la pesadilla que ha vivido durante el último año y medio nunca tendría que haberse producido. "Nunca ha habido nada de nada, y menos para hacer una detención como la que hicieron", aseguró la ex delegada de Empleo, que hasta ahora no se había pronunciado sobre el caso judicial en el que se ha visto envuelta. Martín fue detenida por primera vez, en su domicilio y delante de sus hijos, el pasado 25 de marzo de 2015. Tras ese arresto, enmarcado en la operación Barrado, fue detenida por segunda vez por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

"Siento alivio por mí y por mi familia; porque uno lo lleva como puede, pero lo que han pasado ellos es distinto", aseguró visiblemente emocionada Martín. Asimismo, la ex delegada de Empleo en Granada mostró su alegría por los 23 compañeros que fueron detenidos en la operación, con los que compartió momentos muy complicados y una experiencia que difícilmente podrán olvidar.

En su auto, la juez Núñez Bolaños asegura que a lo largo de la investigación "no se ha constatado la existencia de una red clientelar", ya que el hecho de que "entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista no resulta significativo".

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