La discoteca del Serrallo: El negocio 'cool' que pasó del esplendor a la ruina en 3 años

Granada/El epicentro granadino de la vida social, del ocio y de la cocina fusión en el local más 'cool' de la ciudad. Este era, en resumen, el reclamo que sirvió para implicar económicamente a medio centenar de particulares y empresas en el proyecto de la aciaga discoteca del Serrallo, una instalación que ha echado el cierre dos veces, una por ruina y otra por orden judicial. También ha provocado la imputación ya de 18 personas (políticos, empresarios y funcionarios municipales) por supuestos delitos de prevaricación, fraude o malversación, entre otros.

683 Upper Club fue el neoyorquino nombre escogido en 2012 para la sociedad limitada que cinco socios constituyeron el día de los enamorados de aquel año, con el objetivo de explotar un nuevo negocio de restaurante y discoteca junto al centro comercial Serrallo Plaza. Según la escritura notarial inscrita en el Registro, los empresarios de la construcción García Arrabal (promotor del edificio donde se alojaba) y Enrique Legerén, junto a otros tres del mundo de la restauración y del ocio nocturno, crearon la empresa con 10.000 euros de capital social aportados a partes iguales (2.000 euros cada uno).

La documentación aportada al Juzgado, tres años después, para el concurso de acreedores solicitado por García Arrabal de forma voluntaria, pone de manifiesto que desde aquel mismo 14 de febrero de 2012 de la constitución formal de la sociedad se fueron produciendo otra serie de aportaciones económicas de los mismos intervinientes y otro medio centenar de particulares y empresas de la ciudad, que en total llegaron a sumar 1.044.386 euros.

A lo largo de los dos primeros años, en especial en los meses previos a la apertura del local en septiembre de 2012, 9 empresas y 38 personas físicas iban entregando a la sociedad explotadora de la discoteca del Serrallo cantidades que oscilaban entre los 6.360 euros de algunos particulares o los más de 100.000 euros de empresas como Arrendamientos Urbanos García Arrabal SL. En la lista hay abogados, antiguos políticos, gestores, familiares de los principales accionistas y empresarios de sectores como el inmobiliario, el comercio o la televisión.

Pero sus aportaciones no tuvieron reflejo en el accionariado de la empresa hasta bastante después, el 20 de enero de 2014, cuando se produjeron dos ampliaciones de capital de la sociedad, en las que se le otorgan a cada uno de los participantes una serie de acciones en compensación por una parte de esos créditos entregados al inicio del negocio y unas primas económicas por el resto de esos valores. En total, aproximadamente un 60% del capital quedó compensado con acciones, de modo que la sociedad pasó a tener reflejado un capital social de 600.000 euros.

La empresa tenía un flujo de negocio que le permitió llegar a hacer cajas anuales de más de un millón de euros (en 2013 las ventas sumaron 1.107.510 euros), según consta en los libros de contabilidad analizados por la empresa liquidadora. Pero en esos documentos también aparecen unas inversiones millonarias realizadas en las instalaciones (sobre todo en 2012), como son 600.000 euros en obras de adecuación del local o 780.000 euros en otra obra que aparece con la explicación: "11 lámparas lágrimas y 1 lámpara recepción". Ambas inversiones, que sumaban 1,3 millones de euros, fueron encargadas a la empresa constructora Fontdeis, también propiedad de la familia García Arrabal. El edificio de la discoteca era de otra de las sociedades de este empresario, Inversiones Área Sur, a la que 683 Upper Club SL abonaba mensualmente una cuota de alquiler de 5.000 euros por el uso de las instalaciones del negocio.

Los socios iniciales de Roberto García Arrabal, que rezaban desde el inicio como administradores mancomunados de la sociedad, dimitieron de sus cargos entre 2013 y 2014, de modo que el empresario se quedó como único responsable legal de la empresa hasta el cierre definitivo, el 26 de febrero de 2015, fecha en la que ya estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital la construcción del edificio en terrenos municipales que el Ayuntamiento le adjudicó para hacer un parque infantil.

Como administrador único, el empresario presentó en el Juzgado de lo Mercantil número 1 una solicitud de concurso voluntario de acreedores un mes después del cierre, en 2015, y el juez inicia así el procedimiento nombrando a un administrador concursal y sacando después a subasta el negocio de la discoteca.

En los documentos presentados por este liquidador al Juzgado, se pone de manifiesto que al cierre de la actividad de la sociedad 683 Upper Club SL la disposición de fondos en las cuentas bancarias de la empresa era de 417 euros y había una deuda de más de 2 millones de euros. Una parte de esa suma se debe a un crédito bancario de 400.000 euros suscrito por la empresa en septiembre de 2013 con el Banco Popular. El administrador concursal destaca en su informe que esta deuda no fue reflejada en la contabilidad de la sociedad y que ha aflorado por sus gestiones.

Sobre disfunciones en esa contabilidad el liquidador pone de manifiesto innumerables desfases que describe de forma genérica como "importantes debilidades de control interno por parte de la concursada que podrían afectar al reflejo de la imagen fiel de 683 Upper Club SL". También se queja de la "insuficiente" colaboración del antiguo administrador para el desarrollo del trabajo de liquidación encomendado por el Juzgado al economista Pascual López Villén.

Del "ambicioso proyecto que en su día se expuso a los accionistas" de la discoteca del Serrallo, según expone este profesional, en el plan de liquidación se destacaron como principales activos de la empresa (ya que no había liquidez económica alguna) las inversiones realizadas en las instalaciones, el mobiliario y las existencias, sobre todo de bebidas alcohólicas. Aunque no queda constancia en la documentación de la principal debilidad que ya afectaba a este negocio, que era la investigación penal relacionada con la supuesta ilegalidad urbanística del edificio. Esto se debe a que la sociedad 683 Upper Club, como mera explotadora del establecimiento, no estaba personada en el procedimiento judicial abierto desde 2014 y dirigido contra el empresario Roberto García Arrabal como persona física. Aunque a través de los medios de comunicación ya era conocida la noticia de esta investigación penal.

Con estos datos y los informes del administrador concursal, salió a subasta el negocio, que fue adquirido por el empresario Abel Pizarro Gómez por una cantidad algo superior a los 400.000 euros. El nuevo propietario volvió a abrir la instalación en el verano de 2016, pero la jueza del caso Serrallo ordenó el cierre cautelar solo unos meses después, al considerar que podría asentarse sobre una construcción ilegal. También ordenó poner precio a una posible demolición.