Educación recurrirá la sentencia de una juez de Granada que le condena a pagar la Seguridad Social de los auxiliares de conversación

La Delegación territorial en Granada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recurrirá la sentencia dictada por la juez del Juzgado de lo Social número 4 de Granada que da la razón a la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los auxiliares de conversación. Se trata de personas, todas ellas nacionales de otros países, que percibían en el momento de la demanda 700 euros mensuales -actualmente son 800- por asistir en su lengua materna durante doce horas semanales a funcionarios docentes en la impartición de clase en centros educativos de Granada. El objetivo del programa era mejorar la competencia lingüística del alumnado de esos colegios, institutos y escuelas oficiales de idiomas.

La demanda se interpuso después de que la Inspección de Trabajo determinara que la Consejería debía abonar 438.816 euros a la Seguridad Social en concepto de cuotas de estas personas, 125 auxiliares de conversación que desarrollaron su tarea desde octubre 2018 a mayo de 2021, tres cursos escolares, en centros educativos de Granada.

Se entendía desde la Inspección de Trabajo que existía una "auténtica relación laboral", por cuanto que los beneficiarios de la ayuda de 700 euros, los auxiliares de conversación, tenían un horario, estaban bajo la supervisión de la dirección del centro educativo, realizaban actividades para fomentar que el alumnado aprendiera la lengua propia del auxiliar e "incluso" llegaban a "impartir clases solos en sustitución del profesor". Por otro lado, el auxiliar de conversación no aprendía español o la cultura española, "sino que el objetivo principal de su actividad es conseguir que el alumnado de los centros educativos adquieran un mayor conocimiento de la lengua extranjera".

Tras analizar los argumentos de las partes la juez falló en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social lo que a su vez abre la puerta a que los auxiliares de conversación reclamen otro tipo de cuestiones, desde el abono de las vacaciones que les corresponden o que el cese se considere despido colectivo.

La sentencia de la titular del Juzgado de lo Social 4 no es firme y cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Delegación territorial de la Consejería en Granada ha confirmado a este diario que presentará dicho recurso que en la actualidad prepara el gabinete jurídico de la Junta.

El pasado curso 2023/2024 se contó con un total de 1.843 auxiliares de conversación nativos en la red de centros públicos bilingües de Andalucía, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros que participan en el Programa José Saramago y centros que imparten el Diploma del Bachillerato Internacional.  Estas personas procedían de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Noruega, Suiza, Marruecos, India, Singapur, Tonga, Vanuatu, Fiyi, Islas Salomón, China, Brasil, Túnez y Países Bajos, además de países de la Unión Europea.