Una empresa de Granada lanza el primer registro de morosos de la administración pública

Icired, empresa granadina, en asociación con otras compañías y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), se prepara para poner en marcha el Registro de Incidencias con la Administración Publica (RIAAP), una iniciativa pionera en la lucha contra la morosidad en ayuntamientos y diputaciones, siguiendo la estela del Registro de Impagos Judiciales (RIJ), la primera base de datos de sentencias firmes que recogen obligaciones económicas, puesto en marcha en 2019 con notable éxito.

El objetivo de este proyecto, según explica José Enrique Rodríguez Zarza, principal impulsor del proyecto es establecer el primer servicio digital para "la recuperación de la deuda histórica de ayuntamientos y diputaciones" (que en Granada supera los cien millones en ambas instituciones) en respuesta a "la elevada tasa de morosidad" que existe en este sector "derivado del impago de tributos" y apoyándose en el buen recibimiento del RIJ. De hecho, tomando como base este Registro, los promotores de este proyecto calculan que se podrá recuperar más del 20% de la morosidad pública, lo que mejoraría la liquidez de estos organismos.

El funcionamiento del RIAAP se basa en la mezcla del big data y la digitalización, incluyendo los datos de los defraudadores en el fichero de morosos "más completo del país" que será de acceso público y gratuito. Esto afecta a la capacidad de crédito del deudor evitando futuros impagos, aseguran desde la empresa, que ponen a los fondos de inversión inmobiliaria y grandes corporaciones como los principales deudores y quitan el foco de los ciudadanos de a pie.

Al mismo tiempo, se propone la creación de un certificado de estar al corriente de pago con la administración, que sería exigible en el ámbito de las gestiones publicas tradicionales que afectan a los ciudadanos y a las empresas, algo similar a lo que ya ocurre en el sector privado.

Con el nuevo sistema, explica Zarza, Diputación y Ayuntamiento conectarían los datos de morosidad que ya se encuentren durante más de medio año en vía ejecutiva en el sistema, aunque independientemente la Diputación puede seguir desarrollando su actividad recaudatoria de forma independiente, solo debe de actualizar las altas y bajas de morosidad en el fichero.

Los responsables del RIAAP aseguran que este registro busca reducir la tasa de morosidad pública y favorecer, de paso, la gestión de la deuda pública y garantizar suficiencia financiera de las administraciones públicas. A pesar del que el proyecto recién se ha lanzado al mercado, ya hay varias administraciones que han mostrado su interés por el mismo.

Además del ya mencionado RIJ, en el mercado existen otros registros que buscan ayudar a entidades, públicas o privadas, a manejar sus deudas y escoger sus activos. De hecho, los promotores del RIAAP explican que en el sector inmobiliario existen sistemas que permiten a los arrendadores comprobar si un posible inquilino es moroso y ha dejado a deber dinero a anteriores propietarios, lo que evitaría alquilarle el inmueble. Un sistema similar es el que perseguiría el RIAAP.

El predecesor

El 14 de mayo de 2019 se puso en marcha el RIJ y que, en cierto modo, sirve como base al nuevo registro. Este proyecto, aún en marcha reúne información de deudas líquidas vencidas y exigibles superiores a 50 euros y reconocidas mediante una resolución judicial firme.

Las personas autorizadas a registrar esas deudas son los representantes procesales (abogados, procuradores, graduados sociales) de los propios acreedores. El objetivo es que esa información, una vez contrastada y notificada al afectado, esté disponible a través de una página web para su consulta por parte de quienes tengan intereses legítimos acreditados o su difusión al sistema financiero español.

Dentro de este registro se incluyen impagos como las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, de alquileres o de una compraventa de mercancía, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, serán el objeto de este nuevo registro, que tiene validez en toda España.