La empresa de los desfibriladores presenta alegaciones a la sanción y actualiza todos los dispositivos

Granada/El Ayuntamiento de Granada impuso una sanción de 1.485 euros a la empresa que se encargaba del mantenimiento de los desfibriladores de edificios y espacios públicos de la ciudad. El motivo, incumplimiento de contrato por falta de información sobre el estado de los desfibriladores y no sustituir los elementos caducados (parches) o baterías descargadas, según informe municipal de Riesgos Laborales y de Contratación. En enero se inició el procedimiento y este febrero el servicio de Contratación emitió un informe donde se constataba el incumplimiento de dos clausulas, lo que conlleva dos penalidades de 495 y de 9.990 euros, respectivamente.

La empresa Caryosa Hygienic Solutions presentó el pasado 20 de marzo alegaciones a la decisión municipal, estando pendientes de una reunión para intentar anular las penalizaciones impuestas y sobre todo aclarar lo sucedido. Y sobre todo, para tranquilidad pública y por la negligencia que pudiera ser para un posible uso ante una urgencia médica, Caryosa aclara que el preventivo tenía carácter anual (los defectos detectados sí se tenían que arreglar sobre la marcha) y que ha cumplido con sus obligaciones contracturales. De hecho, a pesar de no optar ya al nuevo contrato de mantenimiento, ha dejado entre la última semana de febrero y la primera de marzo de 2025 el mantenimiento hecho a todos los equipos (22), por lo que su funcionamiento es correcto y está al día.

En esas alegaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, la empresa aclara las deficiencias detectadas que llevaron a las penalidades. Sobre la caducidad de las baterías (se aludía a la de Mondragones), matizan que no tienen fecha de caducidad sino que se agotan por su vida útil según condiciones ambientales o uso y que la fecha corresponde al plazo máximo para ser instalado y garantizar su vida útil. Además ese modelo no tiene indicador de nivel de batería sino que emite una alerta sonora que avisa de batería baja, para lo que hay dos meses para cambiarla antes de que se agote. En ese momento hay que pulsar una tecla para que el equipo emita el mensaje de cambio de batería. La empresa alega que es en ese momento cuando se debería haber avisado y que no se recibió esa información en la empresa, por lo que no podían realizar el cambio si no tenían aviso. También aclara que han sustitudio el del centro cívico de La Chana al persistir problemas tras la revisión.

Sobre los electrodos pedriátricos caducados que también se detectaron, la empresa defiende que eran solo seis equipos por rotura de stock del fabricante (Philips), pero que se podía seguir usando el desfibrilador, aceptando según los manuales el uso de electrodos de adulto en menos número y ubicación diferente, por lo que no interfería en el funcionamiento.

La tercera alegación es sobre la falta de información. El Ayuntamiento asegura que desde 2022 no había recibido información ni sobre el estado de los desfibriladores y sus componentes ni sobre las revisiones realizadas, hablando incluso el informe técnico de "ocultar información". La falta de información era otra falta grave en el contrato, por lo que se aprobó la sanción. En su alegación, la empresa asegura que el 19 de diciembre de 2024 envió una hoja resumen con el estado de los desfibriladores, caducidad de electrodos y estados de los equipos; y el 30 de diciembre los informes realizados en 2024. Una información que se había requerido expresamente el 10 de diciembre por el Ayuntamiento dado que la capital estaba en pleno proceso de licitación del nuevo contrato de mantenimiento de desfibriladores.