Un episodio cerrado en falso, ¿quién realoja a los inquilinos?

Tras el desalojo, la pregunta ahora es qué va a ocurrir con las personas que se han quedado sin vivienda en el Cerro de San Miguel al ser obligados a salir por la fuerza de las casas-cueva. En la jornada de ayer el debate saltó al terreno político. La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, escudó la intervención municipal en el "peligro" que entrañaban las cuevas para sus moradores. Además recordó que fueron declaradas en ruina "hace mucho tiempo" y una de ellas "ya se ha hundido".

Al ser interrogada por la posibilidad de realojar a los vecinos de las casas-cuevas, la edil comentó que el Consistorio "sólo cuenta" con Viviendas de Protección Oficial, cuya adjudicación está regulada por ley. Por eso no pueden quedar a disposición de los afectados. Nieto dijo que el delegado provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, anunció hace un mes "que se ocuparía de proporcionar viviendas sociales" a estas personas. De hecho, la concejal recalcó que las competencias en este asunto son del Ejecutivo andaluz puesto que desde el ámbito municipal no están capacitados para ello.

Por su parte, Manuel Morales exigió al Ayuntamiento que proporcione alojamiento "inmediato" en viviendas de propiedad municipal a los 17 moradores de las cuevas de San Miguel que fueron desalojados ayer. El delegado criticó que en la plaza del Carmen no pensaran antes de la actuación preveer una solución para los vecinos.

El representante del Gobierno autonómico instó al Consistorio a que ponga a disposición de los afectados alguna de las 44 viviendas que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo tiene desocupadas en la capital. "El Ayuntamiento tiene que resolver la situación de emergencia social que ha creado. No puede provocar un problema así y mirar para otro lado", apuntó Morales, quien agregó que "no es admisible que una institución pública deje en la calle a estas personas, a las que debe proporcionar una solución habitacional inmediata".

El delegado recordó que ya el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento quiso proceder al desalojo que finalmente ejecutó ayer "haciendo uso de la fuerza policial, si bien en aquella fecha, con la intermediación de la Consejería de Fomento y Vivienda, se consiguió paralizar el lanzamiento".

Por su parte, Francisco Puentedura, portavoz de IU en el Consistorio de la capital, calificó lo sucedido de "terrorismo del ladrillo". También anunció que su formación pondrá en manos de la Fiscalía esta actuación al entender que el uso de maquinaria pesada y la demolición de las cuevas "va en contra de la protección cultural y paisajística" del entorno en cuestión.

Además reprochó al Ayuntamiento que pusiera en marcha la intervención sin los servicios sociales, dejando a estas familias "en la calle", por lo que ha exigió que se les dé "una alternativa de alojamiento", recordando a este respecto que Emuvyssa, tiene medio centenar de viviendas vacías.

En la misma línea se pronunció el grupo socialista. Su portavoz, Paco Cuenca, consideró "inaceptable" la inexistencia de cobertura social del Consistorio a los desalojados y planteó la duda sobre la entrada en el terreno de la maquinaria, cuestión que "espero no responda a movimientos especulativos".

A tenor de los hechos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Granada mostró su rechazo. Este colectivo denunció en un comunicado la actuación "insensible" del Ayuntamiento dentro de una operación "llena de irregularidades".

A última hora de la tarde la plataforma Stop Desahuicios Granada convocó a sus integrantes para censurar lo ocurrido. Medio millar de personas recorrieron el centro en señal de protesta, acto que se sumó a la concentración en la plaza del Carmen por la mañana.