La escasez global de chips retrasa la implantación de los sensores de aparcamiento en Granada

La empresa, que había ofertado una reducción de plazo, pidió dos meses y medio más ante el retraso en el suministro y sus efectos en la implantación

Sensores de aparcamiento para carga y descarga y movilidad reducida, dentro de la zona de bajas emisiones

Aparcamiento reservado en Granada.
Aparcamiento reservado en Granada. / G. H.

Granada/El Ayuntamiento de Granada ha tenido que ampliar el plazo de ejecución del contrato que se concedió para la implantación de sensores de presencia de plazas de aparcamiento en la zona de bajas emisiones de la ciudad. El pasado julio se sometió por urgencia a la última sesión del curso de la Junta de Gobierno Local la ampliación de este plazo dos meses y medio más, por lo que habrá hasta octubre para concluirlo. El contrato preveía la instalación de sensores de aparcamiento para carga y descarga y movilidad reducida, uno más de los contratos para implantar la zona de bajas emisiones, que precisamente este octubre entrará en pruebas en la ciudad.

Los servicios de Contratación del Ayuntamiento, en informe del 23 de julio de este año, advirtieron de que se había recibido el 3 de julio un escrito de la mercantil Estacionamientos y Servicios SA, que solicitaba la ampliación de plazo contractual debido a que "la escasez global de chips y semiconductores está afectando a numerosas industrias, entre las que se encuentran las principales empresas de electrónica, lo que está provocando retrasos en la fabricación de los productos y reduciendo el stock de equipos disponibles a mínimos históricos".

Según la empresa, "esto nos ha afectado de manera concreta en el suministro de los sensores de aparcamiento que nos están llegando de forma escalonada desde la semana del 10 de junio de 2024”. Una demora que ha provocado el retraso de la instalación física de los sensores en la vía pública y como consecuencia de este retardo se ha aumentado la dilación de los desarrollos de software ya que se tienen que hacer las comprobaciones con los sensores instalados.

Así, pidió dos meses y medio más de plazo, conviniendo terminar el 30 de octubre de 2024. El contrato se le adjudicó el 1 de febrero de 2024 y se formalizó en marzo, dando un plazo de seis meses para su ejecución, que la empresa redujo a cuatro en su oferta, por lo que tendría que haber terminado el 15 de agosto.

Fechado el 11 de julio de 2024, se recibe informe del Area de Movilidad en el que se concluye que no existe "impedimento" para esa ampliación hasta el 30 de octubre a pesar de que la reducción de plazos se había ofertado por la empresa siendo criterio evaluable que le podía dar ventaja y que la "la escasez de elementos electrónicos, es una situación que no emerge en la actualidad, sino que ya existía en el momento de efectuar la oferta, por lo que, si el contratista decidió bajar el plazo de entrega, era consciente de que debía y podía cumplir con lo ofertado, por lo que entendemos que la demora es imputable al contratista y en tal caso se deberá tramitar el correspondiente procedimiento de penalidades".

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