El reto de evitar que los delitos de odio caigan en un cajón de sastre
El Ayuntamiento trabaja en la constitución de un observatorio a nivel local para visibilizar e informar a la ciudadanía sobre este tipo de situaciones, así como organizar los datos al respecto
Granada/En Granada no existe una base de datos concreta en lo que respecta al número de delitos por homofobia. Tampoco en el resto de España. La razón es simple, los delitos de odio son un campo demasiado amplio y no se discrimina a la hora de clasificarlos. Un cajón de sastre en el que estos pueden darse bien por ideología, xenofobia, religión, antisemitismo, discriminación por discapacidad o enfermedad, entre muchos otros. Así las cosas, se presenta una problema fundamental a la hora de tener datos segmentados de cada tipo de delito que permitan tener una visión de conjunto y plantear, por consiguiente, soluciones políticas para erradicarlo.
Por ello, el Ayuntamiento está trabajando en la constitución de un Observatorio Municipal contra los Delitos de Odio, de cara no sólo a trabajar de forma específica en cada área, sino para revelar y visibilizar la situación de quienes sufren todo tipo de violencia únicamente por su condición sexual. La institución, que todavía se encuentra dando los primeros pasos para su constitución, tiene previsto salir a la luz este mismo año, agrupando en ella a todo tipo de colectivos, ya sean asociaciones, sindicatos o agrupaciones específicas que se vean implicadas en este ámbito. Su labor tendrá como dificultad principal el hecho de que, precisamente, en este tipo de delitos son mayoría las casos que nunca llegan a instancias policiales.
Tal y como indica la concejal de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, "aunque supiéramos exactamente los datos, siempre es una información que va a estar sesgada. Lo que vemos es la punta del iceberg y desde ahí sólo podemos hacer apreciaciones. Normalmente quien sufre este tipo de delitos no lo denuncia. Esa es la primera reivindicación que se debe realizar. Se debe visibilizar y entender muy bien qué es un delito de odio, que la víctima sepa que debe y es su derecho denunciarlo y al mismo tiempo conseguir que quien ha estado presente en una situación de discriminación sea capaz de levantar la voz y denunciar ".
Los objetivos de esta nueva institución responderían principalmente a una labor de concienciación social, asesorando y protegiendo a las víctimas, pero también fomentando iniciativas, como ocurre con el ámbito educativo y de formación, que se focalicen en la comprensión de estas actitudes violentas desde la raíz.
La iniciativa responde, como apuntó Sánchez, a un cambio social en el que gracias a un "progresivo cambio de conciencia" en los últimos años, sobre todo entre los más jóvenes, se están pudiendo dar los primeros pasos hacia una inclusión real de colectivos históricamente oprimidos.
El proyecto se circunscribe, asimismo, dentro de la política que la Junta también planteó en la Ley Andaluza LGTBI+, aprobada el año pasado, en la que se instaba a los instituciones de cada municipio a llevar a cabo este tipo de acciones. El resultado, como explicó el coordinador de Políticas LGTBI de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, Francisco Javier López, es que "se están visibilizando más casos por delito de odio, pero no porque aumenten, sino porque se está dando la oportunidad a las víctimas de empoderarse y defender sus derechos como ciudadanos. El cambio en los últimos años es abismal, las personas intolerantes se están quedando cada vez más aisladas y el rechazo social es prácticamente unánime".
En ella ya se planteaban todo tipo de sanciones y planes a desarrollar para el fomento del respeto por la diversidad sexual, siendo en muchos aspectos una legislación pionera a nivel autonómico, como se demuestra en lo relativo al colectivo transgénero especificado en la Ley Integral Andaluza de Transexualidad. "Al igual que ocurre con otros ámbitos, como puede ser la violencia machista, la visibilidad y la información lo cambian todo", apuntó López."Sólo en el momento en que se tengan contabilizados este tipo de delitos de forma muy clara y específica, unido evidentemente a una constante formación y educación ciudadana desde edades muy tempranas, ya sea en el ámbito educativo o el familiar, podrá verse cuáles son los problemas que existen y cómo hallar las soluciones políticas para arreglarlos".
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