Juicio al exalcalde de Otura: alega que no tuvo "participación directa" en los hechos

La Fiscalía ha mantenido este miércoles la petición de 9 años de inhabilitación para el exalcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), acusado de prevaricar en la adjudicación de una obra para construir dos aulas escolares en el municipio, y que ha atribuido la causa a una denuncia política.

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha celebrado el juicio contra el exalcalde en el que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento han pedido una condena por prevaricación mientras su defensa ha solicitado la libre absolución.

Los hechos se remontan a la horquilla temporal comprendida entre julio y septiembre de 2011 cuando el acusado, como alcalde de Otura, adjudicó "de forma directa y sin la perceptiva previa oferta y negociación a los diversos licitadores", según la Fiscalía, las obras para construir dos aulas en el colegio Virgen de la Paz.

El exalcalde ha recordado que esa ampliación del centro educativo se iba a hacer con la Junta, con la que finalmente no hubo acuerdo, por lo que el Ayuntamiento decidió construir al menos dos aulas para evitar las anunciadas protestas del AMPA, que dijo que los alumnos no irían al colegio si no se ampliaba.

Fernández-Sanz ha apuntado que del proyecto se encargaron los concejales de Economía y de Urbanismo y que las obras empezaron y acabaron sin reparo alguno del arquitecto municipal, la Intervención o la secretaría del Ayuntamiento.

"Creo que era una obra menor que no necesitaba más", ha añadido el procesado, que ha recalcado que no tuvo "participación directa" en el expediente de las obras para las aulas, que se hicieron, pagaron y funcionaron hasta que el mismo ayuntamiento pero con un gobierno del PSOE denunció esta y otras cuatro obras.

Según la Fiscalía, el exalcalde adjudicó las obras sin los trámites legales "a sabiendas" de que exigía el trámite de negociado sin publicidad que no se realizó, frente a lo que la defensa y dos testigos han apuntado que la ley en ese momento exigía este trámite solo para obras por importes superiores a los 50.000 euros.

El que fue concejal de Urbanismo en el momento de los hechos ha reconocido que se encargó de toda la gestión de una obra que se presupuestó en 41.700 euros pero que después costó más por la necesidad de reforzar los cimientos de la estructura del colegio.

"El alcalde sabía cosas pero no estaba en el día a día, solo marcó como prioridad intentar contratar a empresas locales y hacer las aulas", ha declarado el entonces responsable de Urbanismo.

La Fiscalía ha mantenido la petición de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público al entender que no existía un expediente del proyecto y que la obra costó más de 50.000 euros y la acusación particular también al entender que no hubo un error sino intención.

La defensa del exalcalde, que ejerce el letrado Rafael López Guarnido, ha pedido su libre absolución al considerar que los hechos no representan un delito de prevaricación y por el principio de autoría penal, ya que no participó en el proceso de las obras.