De 26 a 2 años de cárcel: El caso Marchelo encara su recta final con acuerdos entre los acusados y la Fiscalía
La Audiencia Provincial insta estos días una serie de acuerdos de conformidad para poner punto final a la causa
La pieza Marchalhendín ha sido la protagonista de la primera de las tres jornadas
Dos décadas de caso Marchelo: Archivo para el exalcalde de Alhendín por problemas de salud a sus 94 años

Granada/Poco a poco, el caso Marchelo, uno de los más dilatados de la justicia granadina, empieza a resolverse. Durante tres días, del 18 al 20 de febrero, la Audiencia Provincial trata de conseguir una serie de acuerdos de conformidad con los catorce implicados finales, entre los que se encuentran políticos y empresarios, con el objetivo de cerrar acuerdos que permitan poner punto final a una causa de presunta corrupción urbanística en Alhendín, que tiene sus orígenes hace casi veinte años.
También con el objetivo de cerrar la causa y facilitar su tramitación, la Sección Primera de la Audiencia Provincial acordó el pasado año dividirla en tres piezas diferentes: la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía; la edificación de la Urbanización Novosur; y las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalhendín. Esta última pieza, en la que estaba citada una decena de personas, ha sido la que ha dado inicio, este martes, a las citas para tratar de conseguir conformidades. En los primeros contactos se han dejado planteados acuerdos entre varios de los acusados y la Fiscalía, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso.
De hecho, el principal acusado, que ha acudido hoy, Manuel Fernández Moreno, exconcejal de Urbanismo en la localidad y para el que la Fiscalía pedía 26 años de prisión, podría ver reducida la condena final acordada a una pena que ronda los dos años de prisión, según fuentes del caso. Según explican sus abogados a este periódico, el político, que después de salir de Alhendín llegó a ser jefe de sección del departamento de Recaudación del Ayuntamiento de la capital, estaría trabajando para llegar a un acuerdo que reduzca esa pena, pero no han precisado la cuantía de dicha rebaja.
El nombre de Fernández Moreno se une al de otros cargos políticos del Ayuntamiento de Alhendín en aquella época, incluyendo el exalcalde, José Guerrero, considerado por el instructor como uno de los cerebros de la presunta trama y para el que la Audiencia archivó recientemente su caso por problemas de salud a sus 94 años. El acusado se enfrentaba a una petición del Ministerio Fiscal de 15 años de cárcel por cohecho y otros delitos, pero ahora la causa queda archivada para él. La decisión de los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia no es definitiva y se obliga a su defensa a remitir informes sobre su estado de salud cada seis meses.
En la lista aparecían también citados el que fuera edil de Obra Pública, Salvador Nogueras; además de la responsable de Cultura y Medio Ambiente, María José Garrido; mientras que en el lado empresarial estaban citados Juan Muñoz Tamara o su padre, Fernando Muñoz Nogueras, que habrían alcanzado también acuerdos con Fiscalía, según apuntan las mismas fuentes. En general, aunque varios acusados no han podido acudir este martes a su citación, las fuentes consultadas apuntan a que la pieza de Marchalendín se cerrará con acuerdo, mientras que otras fuentes, también vinculadas a esta pieza, destacan que por fin la causa vaya por buen camino tras casi veinte años de instrucción.
También se espera que se firmen mañana acuerdos de conformidad en la segunda sesión fijada por la Audiencia, esta vez centrada en la pieza sobre irregularidades en la edificación de la Urbanización Novosur. En la sesión del jueves se abordará la tercera y última pieza, sobre las presuntas irregularidades en la construcción de la gasolinera, aunque fuentes del caso explican a este periódico que se antoja difícil alcanzar un acuerdo, por lo que en este caso no se descarta que se vaya a juicio.
De una forma u otra, cuando el jueves el último acusado abandone la Audiencia Provincial se habrá avanzado uno de los juicios más largos de la provincia, reconocido incluso por la Fiscalía provincial en su última Memoria anual, que lo calificó como "el asunto más antiguo que pende ante los Juzgados de instrucción de la provincia de Granada", que fue incoado en 2006 por un juzgado de Santa Fe.
De esa antigüedad da también buena cuenta otro dato. A lo largo de los 17 años de instrucción, la causa cambió de manos varias veces y con al menos tres jueces diferentes. También se han dado intentos de cerrar la instrucción. El 21 de octubre de 2009, el titular de ese Juzgado de Santa Fe dictó el auto de continuación del proceso como procedimiento abreviado (lo que supone pasar a una fase previa al juicio oral). Pero la resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Alhendín (acusación popular) ante la Audiencia Provincial, que tardó casi tres años en resolver y ordenar dar marcha atrás y practicar otras diligencias de investigación propuestas por las partes.
Los magistrados reprocharon al juez de Santa Fe que pasara "a otra fase distinta del proceso que supone el fin de la actividad instructora, pese a no encontrarse todavía completada la instrucción ni suficientemente investigados los hechos sobre este extremo". Llegaron a decir en el auto que la celeridad del juez "no resultaba admisible". Pero el tiempo y los hechos han evidenciado que la culpa de toda esta tardanza no se puede imputar a un solo juez.
Una tardanza que ha terminado por condenar, nunca mejor dicho, este caso al ostracismo de la opinión pública, algo que quedaba patente, en los alrededores de la Real Chancillería, sede de la Audiencia Provincial, esta mañana, antes de que llegaran los primeros acusados.
Cuando el reloj que corona el edifico ya había dado las 9:00 horas, el lugar ya estaba transitado por estudiantes camino de clase (muchos de ellos seguro ni habían nacido cuando comenzó el caso) y adultos que apuraban su café antes de entrar a trabajar. Todos ajenos a que una de las principales causas de la provincia estaba tocando a su fin. Los únicos que, de hecho, se detenían a mirar el edificio eran los turistas, la mayoría extranjeros, que aprovechaban la ocasión para tomar unas fotos, alguno incluso preguntaba: "Perdone, ¿esto es el Ayuntamiento?", pero ninguna mención a una presunta corrupción urbanística.
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