El 74% de los expedientes finalizados por acoso escolar en institutos de Granada constataron la existencia de bullying

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional constató en colegios e institutos de Granada la existencia de acoso escolar en 109 casos entre los cursos 2018/2019 y el 2022/2023. En este quinquenio se refleja la incidencia de la pandemia. El Covid obligó a suspender la docencia durante desde marzo de 2020 hasta septiembre de ese mismo año (cuando las clases se retomaron con estrictos protocolos) y eso se nota en la estadística que ha facilitado la administración. A lo largo de esos cinco cursos escolares se iniciaron un total de 755 protocolos en centros educativos públicos de la provincia. De este total de expedientes abiertods se finalizaron, tanto en escuelas de Infantil y Primaria como en institutos, menos de la mitad, 372.

"En los institutos somos los primeros interesados en detectar estos casos", señala el director del IES Arjé de Chauchina, José Madero, y presidente de Asadián, asociación que agrupa a los directores de colegios e institutos. Madero indica que "no se deja pasar ni uno", aunque reconoce que "a veces es difícil" detectar situaciones de acoso, que este director diferencia de las agresiones. Para que exista bullying los hechos deben reiterados en el tiempo, persistentes. Si se trata de una agresión aislada es una cuestión que se trata en el centro, puede suponer sanción, pero no se trata como acoso escolar. "Hay que diferenciar las situaciones puntuales de hechos continuados", añade el director, que apunta a que las redes sociales son un punto a tener en cuenta en la comisión de actos de acoso escolar, además de recalcar la "carga burocrática" que supone para el profesorado la apertura de los protocolos de actuación en supuestos de bullying.

A lo largo de los últimos cursos ha habido variaciones en cuanto al número de expedientes abiertos. Si bien en los colegios han bajado (de 106 en el curso 2018/2019 a 100 en el 2022/2023, con el descenso acusado de los cursos marcados por la pandemia) en los institutos han repuntado. En 2018/2019 se iniciaron 105 protocolos. En el 2022/2023 fueron 161. Llama la atención el hecho de que en 101 casos fueran alumnas. Más casos abiertos no ha significado que se constataran más casos de violencia continuada en las aulas. En 2018/2029 se determinó que había existido bullying en 27 de las denuncias analizadas. En 2022/2023, en 20. Eso supone que en ese curso en el 12,4% de los expedientes abiertos efectivamente se determinó que existía una situación de acoso continuada. Si se tiene en cuenta el número de expedientes cerrados, 27 a lo largo de todo ese año escolar, un 74% acabaron con la constatación de que efectivamente había un caso de bullying.

No se especifica el tipo de situaciones denunciadas a los centros, pero casos como el dado a conocer por la Policía Nacional en Granada, con seis identificados en un municipio de la provincia por acosar a un compañero, permiten dilucidar que el uso de las redes sociales puede estar detrás de parte de las situaciones que se confirman como acoso en una tendencia sobre la que los centros educativos alertan desde hace tiempo. En febrero, la Policía comunicó la identificación de seis alumnos de tercero de ESO que agredieron a un compañero y también emplearon perfiles falsos en redes sociales para insultarle y amenazarle.

La preocupación de las familias ha conllevado movimientos como el que empujaba en favor de retrasar el uso del teléfonos inteligentes entre los adolescentes, una petición a la que sucedió la decisión de la Junta de prohibir el uso de terminales en los centros educativos. En las instrucciones dictadas entonces, en diciembre de 2023, hilaba directamente las sitaciones de acoso con el uso de teléfonos.

Así, se justificaba desde la Administración que "determinadas conductas no cívicas ni ejemplarizantes" son "cada vez más amplificadas y expuestas a través de la inmediatez de los dispositivos digitales y especialmente, de los teléfonos móviles. Por tal motivo es prioritaria la adopción de medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad para garantizar la protección de aquellas frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de internet, los distintos dispositivos y teléfonos móviles", aseguraba el documento.

La última memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hace eco de los casos de acoso escolar que se registran en centros educativos cuando aborda la jurisdicción de menores, mayores de 14 años. El documento, presentado hace unos días, señala que hay "muchísimos los asuntos en que los jóvenes utilizan las TIC para cometer actuaciones como, coacciones y amenazas, delitos contra la intimidad, delitos contra el patrimonio, estafas informáticas, delitos contra la libertad e indemnidad sexual…". Pese a apuntar directamente al uso de medios informáticos para cometer estos hechos, la Fiscalía apostilla son son "escasos" los casos en los que se pide que se retire el contenido o se bloquee el acceso a internet.

"Para evitar hablar de los y las menores ya sea como víctimas o agresores en el espacio virtual, la prevención debe ser la ruta, fundamentalmente en el ámbito familiar y de la educación, al ser evidente que el derecho penal por sí solo no es la solución para luchar contra este problema, sino que es necesario el aumento de la inversión en educación, con la finalidad de proporcionar una formación digital que les capacite para navegar de manera respetuosa, segura y efectiva en el amplio mundo en línea", abunda la Fiscalía de Granada.

Desde el Ministerio Público se va más allá y se completa en el capítulo de la memoria bautizado como Los menores y redes sociales un escenario complejo, en el que las consecuencias están por dilucidarse. La Fiscalía de Granada afirma directamente que los menores se han "aislado" en un "terreno virtual y construyen una realidad alternativa, de la que los padres, educadores y demás personas, están excluidos". La memoria de la Fiscalía recoge que "la pandemia agravó este problema, haciendo que las personas menores de edad se hayan acostumbrado a reducir al mínimo sus contactos físicos y a vivir una realidad virtual, que muchos prefieren al contacto directo con sus semejantes y al esfuerzo que supone el mantenerlos, así como las exigencias de educación y aprendizaje social".

En los institutos recibieron con una posición favorable que la Junta abordara la prohibición de llevar teléfonos móviles a los centros educativos, aunque recuerdan que la mayoría ya tenían normativa en este sentido de limitar, al menos en las aulas, el uso de dispositivos inteligentes. A esta decisión de limitar los móviles en los institutos le siguió la publicación de una guía de buen uso, el pasado mes de mayo, con consejos sobre el uso y advertencias de los riesgos que entraña no controlar el acceso a terminales.