La explotación de las minas de Alquife ya tiene autorización ambiental
El dictamen de la Junta incluye más de 200 condiciones obligatorias para el promotor Las antiguas instalaciones serán demolidas
Tras dos años de intenso trabajo por parte de distintos equipos, el proyecto de reapertura de las Minas de Alquife ve la luz al final del túnel burocrático. La Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha emitido el dictamen para la concesión de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de explotación del yacimiento de mineral de hierro de Minas del Marquesado en los términos municipales de Aldeire, Alquife y Lanteira (Granada), y en el que se considera ambientalmente viable el mismo, siempre que se ejecute y desarrolle de acuerdo a las actuaciones y medidas incluidas en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
Tras la emisión de este informe final, la empresa promotora Minas de Alquife y todos los interesados en esta iniciativa tendrán un plazo de 10 días para realizar las alegaciones oportunas. Una vez recibidas y analizadas estas últimas se podrá conceder esta autorización.
Hay que recordar que este gran proyecto económico tiene también un gran impacto en la provincia de Almería por donde tendrá salida el hierro extraído. Como afirmó el presidente de Minas de Alquife, Juan Ramón García Secades, este verano pasado, en los primeros años de explotación, cuando la extracción del mineral ronde el millón de toneladas anuales, el transporte desde la planta minera se hará por camión hacia el puerto de Carboneras, donde se dará salida en graneles, y hacia el puerto de Almería donde el mineral irá en contenedores. "Para más adelante existe la posibilidad combinada", explicaba García Secades, quien se refería con ello al transporte intermodal combinando ferrocarril desde Granada a Gádor y al camión desde este municipio a los dos puertos almerienses. De acuerdo a lo expuesto por el presidente de la compañía, las labores en el área seca que ellos denominan la 'Corta 66', podrían iniciarse en 2015, y la extracción de hierro en la gran mina, cubierta de agua que tienen que desaguar, en dos o tres años.
El dictamen elaborado por la Consejería de Medio Ambiente incluye más de doscientas condiciones de carácter ambiental obligatorias para el promotor, que se establecen en el marco ambiental en el que debe desarrollarse el proyecto. Asimismo, recoge la respuesta razonada a las alegaciones realizadas durante el trámite de información pública. Las principales condiciones se establecen sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, la contaminación acústica, sobre la generación de residuos, la protección del yacimiento y el modo de ejecutar el Plan de Restauración obligatorio por ley y relativo a la flora y la fauna del enclave.
Los terrenos propiedad de Minas de Alquife cubren una superficie total de 928 hectáreas, afectando a tres términos municipales de las localidades granadinas antes citadas. Se proyecta la extracción a cielo abierto y procesado del mineral de hierro en húmedo del yacimiento de Minas del Marquesado. Dentro de este perímetro encontramos las siguientes instalaciones: la corta minera (corta oeste) que ocupa una superficie de unas 165 hectáreas, las escombreras, el túnel de desagüe, cintas transportadoras, balsas de lodos y la planta de proceso, parque de homogenizado, cargadero, oficinas y edificios auxiliares.
El proyecto de reapertura de las minas de Alquife supone que las antiguas instalaciones de procesado de mineral, anteriormente indicadas, se verán afectadas y deberán ser demolidas, ya que el nuevo diseño de corta previsto que ocupará una superficie de unas 289 hectáreas, 124 más que la corta actual, supone una notable ampliación de las dimensiones de la antigua corta. Se necesitará la construcción de una nueva planta de procesado de mineral y edificios auxiliares y desvío de la Rambla de Lanteira, pero no se prevé un nuevo poblado minero.
La AAU, prevista en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se caracteriza por simplificar en un permiso único los distintos procedimientos administrativos de prevención y control ambiental que actualmente se exigen para determinados proyectos y actividades económicas.
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