El fallo sobre el congreso del PP que anuló un juez se adelanta al 16 de julio
Política
Sebastián Pérez salió reelegido como presidente provincial y un magistrado de primera instancia declaró nulo el proceso tras la impugnación de Juan García Montero
La sección nº 5 de la Audiencia de Granada adelanta una semana la resolución del recurso presentado por la dirección provincial del PP después de que un juez de primera instancia de Granada diera la razón a Juan García Montero y declarara nulos todos los trámites previos así como el congreso en el que salió reelegido Sebastián Pérez por infracción de la Ley de Partidos Políticos y del propio reglamento de organización del PP granadino.
Así, la votación y el fallo de este recurso será el 16 de julio, cuando estaba señalado para el 23 del mismo mes después de que el magistrado obligara a la convocatoria de una junta directiva que ponga en pie un nuevo proceso congresual.
Juan García Montero, que en las pasadas elecciones provinciales se presentó a la Alcaldía de Granada por Centrados en Granada, se dio de baja hace meses del PP y rehusó pedir la ejecución de sentencia a la espera de que el PP afrontara el ciclo de elecciones autonómicas, generales y provinciales.
En el primer asalto de las primarias, Sebastián Pérez dejó fuera a García Montero al conseguir el 69,5% de los votos de la militancia, por lo que llegó como único candidato al Congreso Provincial que se celebró un mes después.
Sin embargo, Juan García Montero no tardó en anunciar que impugnaría el resultado al entender que se produjeron “graves irregularidades” en el proceso congresual, ya que la mayoría de los afiliados que participaron en la votación no habrían estado al corriente del pago de las cuotas.
Según se indicó, entre los distintos aspectos incumplidos estaba “la negativa por parte del Comité designado por el actual presidente provincial a formalizar el permiso para acreditar interventores de mesa” por parte de la candidatura de García Montero, así como “impedir el derecho a comprobar el censo final de electores en el momento de la votación y de manera increíble la presencia de estos interventores durante el recuento de papeletas, impidiendo la transparencia del proceso”.
Por ello, acudieron a la vía judicial para dirimir esta supuesta irregularidad.
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