El fiscal del caso Romanones duda si hubo abuso sexual o una "conspiración del Opus"

En la última sesión del juicio, el Ministerio Público pide la absolución del padre Román porque los hechos "no están acreditados"

El denunciante mantiene su petición de 26 años de cárcel

El fiscal Francisco Hernández (izquierda) retiró ayer los cargos y el abogado del denunciante mantiene la petición de cárcel. / Reportaje Gráfico: María De La Cruz
Lola Quero

22 de marzo 2017 - 02:34

Granada/"Decir que había relaciones sexuales es igual que decir que hay una conspiración del Opus Dei; no se puede saber". El fiscal del caso Romanones dio ayer un giro radical a este juicio al pedir la libre absolución del único acusado, el padre Román, al considerar que al final del proceso no han quedado acreditados los hechos denunciados e introducir la posibilidad, tampoco contrastada, de que hubiera motivos "espúreos" en el origen del caso.

El representante del Ministerio Público en este caso, Francisco Hernández, había solicitado al inicio de este juicio 9 años de prisión por un delito de abuso sexual continuado con acceso carnal a un menor. Pero ayer, en el último día del proceso que se sigue en la Audiencia Provincial de Granada contra al sacerdote Román M. V. C., la Fiscalía decidió retirar los cargos. "Llevo dos años y medio con este caso y no puedo decirles lo que ha pasado. No tengo elementos a los que aferrarme. ¿Hubo relaciones sexuales? ¿Hubo penetración? No lo sé", expuso este fiscal que ha llevado la causa desde el principio de la investigación, en 2014.

La acusación particular que representa el denunciante sí mantuvo ayer la petición de 26 años de cárcel para el padre Román, cuya defensa ha solicitado la libre absolución y la condena al denunciante a pagar las costas del juicio. La asociación Prodeni, personada como acusación particular, mantiene también su petición de cárcel para el sacerdote.

Sobre el denunciante, un joven que ahora tiene 27 años y que asegura haber sido víctima de abusos sexuales durante su adolescencia por parte del padre Román y otros sacerdotes con los que convivía, el fiscal del caso dijo ayer que a su juicio "es una persona herida", que "necesita protección, estar en un grupo". Y a pesar de que "hemos intentado darle toda la ayuda posible -continuó el representante del Ministerio Público-, la prueba no ha pasado la verificación". Justificó su cambio de criterio en la evolución que ha seguido el caso: "Lamento ponerlo en tela de juicio pero mi obligación es buscar la verdad".

Aunque la Fiscalía ha puesto en duda la denuncia de este joven en su conjunto, en realidad la esencia de este asunto está solo en demostrar que hubo penetración. Otros posibles abusos sexuales, aún en el caso de quedar plenamente acreditados, serían delitos prescritos. Por eso llegó a decir ayer: "Si no existe penetración anal no existe caso". Y este aspecto, a su juicio, es el que genera más dudas en la declaración del denunciante, porque no lo cuenta en sus primeras revelaciones (en la carta al Papa, al arzobispo de Granada o en su denuncia en Fiscalía). "Le indujimos nosotros la respuesta", reconoce el fiscal en alusión a los interrogatorios de los investigadores durante el proceso de instrucción del caso.

Durante la larga intervención para explicar su informe final, el fiscal aseguró que es "difícil" creer a alguien que dice que tiene aversión a los sacerdotes pero que se introduce en el Opus Dei, elementos que suponen una "contradicción grave", y agregó que "no es lo mismo decir que te dan besos en la boca que te están violando, que te están penetrando".

"No solo juzgamos a una persona, también todo el sistema de garantías", subrayó el fiscal, quien recordó que no se puede condenar sin pruebas por una "verdad declarada" pese a la "gran frustración" que pueda provocar.

La nueva petición de absolución por parte del Ministerio Público se ha decidido en la Fiscalía de manera colegiada, según aclaró Hernández, quien hizo referencia a la reciente declaración de intenciones de la nueva fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que se refirió a la defensa de los derechos procesales en su toma de posesión la semana pasada.

La defensa del padre Román, que ejerce el letrado Javier Muriel, subrayó ayer la "maldad intrínseca" del denunciante, tras lo que reafirmó la petición de que pague las costas procesales. Sostiene que el denunciante buscó con el inicio de esta causa una venganza, afianzarse profesionalmente y dinero, para lo que contó "una película de ciencia ficción" en la que era "todo ilógico".

"En lugar de buscar la verdad se estaban poniendo trabas"

La acusación particular, representada por el joven denunciante (conocido en los medios como Daniel) ha mantenido su petición de 26 años de cárcel para el padre Román. Durante su intervención para exponer los informes finales, el letrado de esta parte, Jorge Aguilera, expresó quejas y críticas hacia la labor del fiscal, que le había precedido en el turno de palabra. El abogado cuestionó la retirada de la acusación por parte del Ministerio Público a estas alturas: "Hemos tenido que esperar nueve sesiones del juicio para ver si hay motivos suficientes", dijo Aguilera, quien recordó que las pruebas practicadas durante la investigación son las mismas que tenía el fiscal para pedir los 9 años de cárcel en su escrito de conclusiones provisionales, al inicio del juicio. En su opinión, ha habido un "celo excesivo" del fiscal en este caso, y "en lugar de buscar la verdad se estaban poniendo trabas". El abogado de la acusación lamentó que la Fiscalía sacara a relucir posibles motivos "espúreos" en la denuncia del joven, aunque no haya señalado cuáles con claridad. Respecto a las contradicciones en la versión del denunciante durante sus declaraciones, Aguilera aseguró que fue "inducido" a ellas por los propios investigadores y que es la primera vez que asiste a un procedimiento en el que "se someta con ese rigor al denunciante". Para el letrado, la verosimilitud del testimonio de su representado está clara, dado que mantiene siempre los elementos esenciales y teniendo en cuenta que "estamos hablando de un chaval de 14 años, con la voluntad embargada" por la influencia del acusado, de unos 50 años entonces. Aguilera destacó las palabras como testigo en este juicio del arzobispo, que reconoció la verosimilitud de la denuncia y las sospechas sobre un grupo tan "hermético" de sacerdotes.

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