Los fiscales esgrimen el caso Colina Roja de Granada para pedir al Gobierno un cambio legal

El archivo del caso Colina Roja de la Alhambra, que el juez instructor granadino ha tenido que acatar por un conflicto con los plazos legales, se ha convertido estos días en un ejemplo para toda España de la "impunidad" indeseable que habría propiciado el actual sistema de plazos. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe en la próxima reunión del Consejo de Ministros un real decreto que derogue ese artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acorta los plazos de instrucción en los procedimientos judiciales.

El juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, ha dictado un auto esta semana en el que asume con resignación el archivo de una causa judicial que ya acumulaba miles de folios y en la que estaban investigadas 28 personas, incluidos los anteriores dirigentes de la Alhambra. El objeto de la investigación era una supuesta "trama" de adjudicación de contratos a dedo a familiares y conocidos de los altos cargos.

El motivo del archivo es la nulidad de la mayor parte de las actuaciones ordenada por la Audiencia Provincial, debido a un recurso de la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca. Alegó que se habían cumplido los primeros seis meses de instrucción del caso antes de que el juez declarara la causa compleja y, por tanto, se pudieran dar prórrogas.

En su resolución, como ya hizo unos días antes otra jueza de instrucción granadina (María Ángeles Jiménez, que lleva la macrocausa Nazarí de posible corrupción municipal), el magistrado Moreno lanzaba críticas a este sistema que permite la "impunidad". Además hacía alusión al momento en que se produce este archivo, cuando se está barajando un posible cambio legal.

Ayer mismo el grupo parlamentario Unidos Podemos retiró su proposición de ley para derogar dicho artículo y urgió al Ejecutivo “a que proceda a remediar esta situación por la vía del real decreto, lo cual agilizaría el proceso”, según manifestó la diputada morada Gloria Elizo.

La UPF ha explicado en un comunicado que “la necesidad” de derogar este artículo, aprobado en 2015 por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, “no es urgente, es imperiosa” porque “la impunidad no puede seguir campando a sus anchas”.

El citado artículo redujo a 6 meses la instrucción de los procesos penales, ampliable a 18 para investigaciones más complejas, lo que tanto para asociaciones de jueces y fiscales como para algunos grupos parlamentarios desembocó en “la impunidad de sonados casos de corrupción política”.

“El ‘caso Pasarelas’ en Murcia, el ‘caso Colina Roja’ en Granada, el ‘caso Conservatorio’ en Ceuta o el ‘caso de la Federación Española de Baloncesto’ son ejemplos de presunta corrupción que han quedado impunes como consecuencia de los plazos de instrucción”, precisaba el comunicado de los fiscales.

Para la UPF, en lo que queda de legislatura “hay tiempo suficiente para aprobar y convalidar un Real Decreto que se limite a derogar un precepto funesto para la justicia española”.