La Fiscalía de Granada alerta del aumento de viviendas sociales convertidas en centros para el cultivo de droga

Granada/La Fiscalía Superior de Andalucía ha vuelto a poner a Granada en el foco del cultivo de cannabis. Lo ha hecho en su última Memoria, que recopila su actividad de 2023, y en la que se muestra tajante, afirmando que este delito, del que recuerda que ya alertó en 2022,es el "primer problema criminal" de la provincia y "sin ningún margen de duda" el delito que requiere mayor asignación de medios personales en la actividad diaria de sus trabajadores, todo ello "consecuencia de la previa labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad", que realizan "un elevado número de operaciones" contra el tráfico de droga en la provincia.

Un poco más adelante, la Fiscalía afina un poco más el problema y pide "un mayor recelo" a las distintas administraciones públicas frente al control del efectivo uso de las viviendas sociales, después de que se detecte "un elevado número de plantaciones [de marihuana] de interior" en este tipo en tipo de inmuebles, cuyo beneficiario no reside en la misma, según alerta el ministerio público en su texto. En algunas ocasiones, el adjudicatario de la vivienda social está incluso empadronado en otro domicilio y la alquila o la cede gratuitamente, lo que dificulta la labor de acreditar la titularidad de la plantación.

"Esta circunstancia está siendo aprovechada por las organizaciones criminales de la ciudad, generalmente integradas por miembros de una misma familia, con la seguridad que ello lleva aparejada la imposibilidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de acceder a las mismas", ha apuntado la Fiscalía provincial. En relación con las organizaciones criminales, la Memoria toma el guante de lo que apuntaba hace unos meses la Fiscalía General, alertando de cómo en Granada están creciendo las vinculaciones de "los productores y distribuidores locales con organizaciones extranjeras", principalmente procedentes de Lituania, Ucrania, Albania y Holanda, aunque aquí también incluye a Francia. Esta unión, indica la Fiscalía andaluza, redunda en una "mayor intervención de armas" ante la necesidad de protección frente a "posibles vuelcos o enfrentamientos con clanes rivales".

También sobre esto, el mismo organismo, ya alertó también en 2022, donde resaltaba el aumento de la potencia de fuego de los narcos, ya que durante aquel año se constató que las redes usan “armas cada vez más potentes”. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil han advertido en sus actuaciones de la mayor peligrosidad que entraña lo que han dado en llamar la "radicalización del narco".

Volviendo al caso de las viviendas, la Fiscalía también dedica un espacio a hablar de lo que constituye una de las grandes problemáticas de las plantaciones de cannabis, los enganches ilegales a la luz, lo que afecta "al resto de la sociedad, tanto por los continuos apagones como por la falta de conexión legal" de las viviendas destinadas a moradas por familias "en edificios dedicados en su mayor parte a plantaciones"

Durante el año 2023, y según las estadísticas de la Fiscalía Superior de Andalucía, los delitos del tráfico de drogas han experimentado un "ligero" ascenso, con 2.606 escritos de acusación, 286 en diligencias urgentes y 16 sumarios ordinarios.

El año pasado se celebraron 2.225 juicios por delitos de narcotráfico, dos más que en 2022, algunos como el organizado en la Audiencia de Cádiz contra 145 acusados que terminó con casi un centenar de condenados.

Por lo que se refiere al cultivo de marihuana, la Fiscalía ha apuntado que subsiste la elevada delincuencia de años anteriores que, además, está vinculada a los enganches a la luz, especialmente en Málaga y Granada, las provincias en las que se ha intervenido más droga.

Controversia jurídica

La Fiscalía se muestra clara al admitir que la finalidad última del tráfico de sustancias estupefacientes "es obtener beneficios económicos", los cuales son "especialmente elevados" y se destinan a la compra de bienes inmuebles, vehículos de alta gama o joyas, como ejemplifica el ministerio público. A raíz de esto, se puntualiza que se han aumentado los efectivos y formación de los agentes, tanto a nivel policial y judicial.

Pese a todo, la Memoria guarda un hueco para indicar la "controversia jurídica" que existe en la actualidad sobre el cannabis, al haberse pronunciado diversos órganos judiciales "contrarios a considerar las hojas de las plantas de cannabis sustancia fiscalizada", lo que determinó que la Fiscalía interpusiera Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo estando el mismo pendiente de resolución.