La Fiscalía de Granada pide mayor control para evitar que las viviendas sociales se usen como centros de droga

Granada/La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado a las administraciones un control más riguroso de las viviendas sociales para evitar su uso como centros de producción de drogas, en especial para el cultivo de marihuana con conexiones ilegales a la electricidad, lo cual ha relacionado con apagones y fallos en el suministro.  

En la Memoria de la Fiscalía de 2023, publicada este martes, el ministerio público ha instado a las administraciones a mostrar "mayor rigor" en la gestión de estas viviendas y en la supervisión de sus residentes y quienes las utilizan.

La memoria refleja además que el cultivo y tráfico de drogas se han convertido en delitos que requieren de una mayor asignación de medios personales por el número de procedimiento, juicios y sentencias, una petición en la que incide especialmente Granada  por el "elevado" número de operaciones contra el cultivo de marihuana.

En la actualidad, y según la Fiscalía, se ha constatado un alto número de plantaciones de interior en viviendas cedidas por diferentes administraciones cuyos beneficiarios no reside en esa casas. En algunas ocasiones, el adjudicatario de la vivienda social está incluso empadronado en otro domicilio y la alquila o la cede gratuitamente, lo que dificulta la labor de acreditar la titularidad de la plantación.

"Esta circunstancia está siendo aprovechada por las organizaciones criminales de la ciudad, generalmente integradas por miembros de una misma familia, con la seguridad que ello lleva aparejada la imposibilidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de acceder a las mismas", ha apuntado la Fiscalía de Granada .

Por este contexto, el ministerio público ha pedido un control del "uso efectivo" de las viviendas y ha añadido que las plantaciones interiores, que generalmente usan enganches ilegales a la electricidad, perjudican al resto de la sociedad tanto por los continuos apagones como por la sobrecarga en bloques dedicados casi por completo al cultivo de droga.

Durante el año 2023, y según las estadísticas de la Fiscalía Superior de Andalucía, los delitos del tráfico de drogas han experimentado un "ligero" ascenso, con 2.606 escritos de acusación, 286 en diligencias urgentes y 16 sumarios ordinarios.

El año pasado se celebraron 2.225 juicios por delitos de narcotráfico, dos más que en 2022, algunos como el organizado en la Audiencia de Cádiz contra 145 acusados que terminó con casi un centenar de condenados.

Por lo que se refiere al cultivo de marihuana, la Fiscalía ha apuntado que subsiste la elevada delincuencia de años anteriores que, además, está vinculada a los enganches a la luz, especialmente en Málaga y Granada , las provincias en las que se ha intervenido más droga.

Asimismo, los fiscales especializados de Granada  y Sevilla han destacado la dificultad en las investigaciones porque en algunas poblaciones se han asentado grupos familiares que controlan la zona y cuentan con "férreos mecanismos de detección" de los agentes.

A estos grupos se han sumado los productores que se han vinculado a organizaciones extranjeras, especialmente lituanas, ucranianas, albanesas, holandesas y francesas, y que encuentran en la provincia de Granada  uno de los mayores proveedores de marihuana.

Este dato ha incrementado también el número de armas intervenidas que usan los grupos como medidas de protección frente a posibles vuelcos o enfrentamientos con clanes rivales.

En Málaga también se han incrementado de forma considerable las organizaciones transnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como de introducción de hachís para su posterior distribución por Europa, especialmente a Italia, Países Bajos y Reino Unido.