El sector de la formación privada de Granada denuncia la “inactividad formativa” en centros y academias por los retrasos administrativos

Granada/CECAP Granada, la asociación que representa al sector de la formación privada de la provincia, ha alertado de la “inactividad” que sufren las academias y centros de formación privados granadinos por la deficiente gestión de la administración pública.

La presidenta de CECAP Granada y Jaén, Mónica Rodríguez, ha asegurado que “la situación de la formación vinculada a la administración pública está en su peor momento de las últimas décadas”, señalando que, pese a que se anuncia “a bombo y platillo que hay fondos, la realidad son aulas vacías y alumnado demandando una formación inexistente para acceder al mercado laboral”.

El sector apunta como origen del problema los dilatados procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía. “El año 2021 se cerró con bastantes licitaciones en plazo de presentación que hoy, un año después, no han comenzado”, ha indicado la asociación.

La formación denuncia que los centros granadinos que presentaron sus ofertas renunciaron a otros proyectos para optar a esta formación, que la oferta de la administración no corresponde a las necesidades formativas y de empleabilidad real de la provincia de Granada, ya que deja al azar la ubicación del centro que impartirá formación específica demandada en una zona concreta y, por tanto, se potencia el aumento de la actividad formativa en la capital.

Además, desde CECAP Granada indican que la adjudicación de los contratos “se está haciendo a la baja”, lo que obliga a las empresas a realizar “drásticas bajadas económicas” y deja desiertos muchos contratos ante la imposibilidad de asumir unas condiciones “abusivas”.

“El modelo de formación no está funcionando. No hay cursos, ni alumnado. El mercado de trabajo tiene unas necesidades que no se están sabiendo cubrir desde la administración pública”. Pese a que Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor partida económica para formación, “mientras que en otras Comunidades Autónomas no se encuentran alumnos para llenar las aulas, en Andalucía, el sector no tiene cursos que ofrecer”, señala Rodríguez.

Los problemas del sector, en cualquier caso, van más allá del sistema de formación de la Junta de Andalucía. CECAP Granada muestra su preocupación por la dejadez de las administraciones públicas, que no actúan contra la economía sumergida que sufre el sector cuando profesionales (no autónomos) ejercen la actividad formativa sin ningún tipo de control, sin pagos de impuestos, ni de locales, ni seguros de responsabilidad civil.

“Una persona en su casa puede prestar servicios de docencia sin que ningún organismo lo controle”, denuncian. Esta “práctica ilegal” está obligando a los centros privados a cerrar sus aulas: “no podemos competir con la ausencia de obligaciones de los profesionales que no declaran su actividad”.

La asociación de centros de formación también denuncia la “ventaja discriminatoria” a favor de los Institutos de Enseñanza Secundaria, que pueden impartir certificados de profesionalidad sin cumplir con las exigencias de infraestructura, material, espacio y docencia que sí son preceptivas para los centros y academias privados. “No estamos en contra de que los institutos impartan certificados de profesionalidad, pero sí exigimos que lo hagan en las mismas condiciones”.

Por último, CECAP Granada reivindica el desarrollo de la norma reguladora en los contratos de formación y aprendizaje, llamados ahora contratos de formación en alternancia con el empleo. “La inseguridad jurídica con la que se están trabajando estos contratos no es positiva para los centros de formación, ni las empresas, ni el alumnado”, apunta Mónica Rodríguez, que reclama una mayor promoción de un tipo de contrato que es beneficioso para las empresas y para la inserción real del alumnado en el mercado laboral.

“El sector de la formación privada es una actividad empresarial y económica, generadora de miles de puestos de trabajo en Granada y Andalucía, que no pueden estar sujetos a la toma de decisiones políticas arbitrarias que originan graves perjuicios tanto a las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas, como a nuestras empresas”, han concluido.