Los funcionarios de Justicia piden un servicio exclusivo para desahucios

Un grupo de funcionarios de los juzgados de Granada sensibilizado con el grave problema de los desahucios ha solicitado a la Junta de Andalucía la creación de un servicio específico para atender a las personas inmersas en procedimientos de ejecuciones hipotecarias. La propuesta, que ha sido entregada en mano esta semana por escrito a la propia presidenta, Susana Díaz, persigue ofrecer una atención más directa y cercana al ciudadano, de cara a articular todos los mecanismos posibles antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda y buscar soluciones.

El funcionario de Justicia Miguel Ángel Herrera, que aunque ahora presta sus servicios en el Juzgado de lo Social 1 de la capital tiene experiencia a la hora de practicar lanzamientos y embargos , es uno de los 'padres' de esta iniciativa, que, como explica, consistiría en "la creación de un servicio de información al ciudadano y coordinación administrativa en materia de desahucios".

"Cuando como funcionarios vamos a practicar un lanzamiento, es decir, vamos a privar a alguien de su vivienda por una orden judicial, nos encontramos con que en muchas ocasiones no se han agotado todos los mecanismos que como sociedad nos hemos dado ante este tipo de casos", señala Herrera.

Por eso, ya a finales de 2013 se impulsó por parte del Decanato de los Juzgados de Granada y los Servicios Sociales del Ayuntamiento un protocolo de actuación para casos de desahucio, gracias al que se han frenado, en menos de cuatro meses, diez desalojos en la capital, existiendo otros 50 procesos en trámite.

Pero, aparte de este protocolo, hace falta, en opinión de estos funcionarios, dar un paso más: crear ese servicio específico dentro de la Administración de Justicia que evitaría el 'laberinto' administrativo en el que se suelen perder las familias afectadas, que muchas veces se ven obligadas a realizar un incómodo "peregrinaje" en busca de soluciones que al final no llegan a tiempo.

Herrera y sus compañeros entienden que ya que el juzgado es el que marca los tiempos -decide el día del lanzamiento y la hora- podría también ofrecer "un servicio de atención al ciudadano". De este modo, desde este servicio se podría informar al afectado y recoger su autorización para poder gestionar su caso ante los Servicios Sociales y el resto de organismos implicados antes de que se produzca el lanzamiento.

"Aquí las personas vienen contando situaciones imposibles, muchas veces bloqueadas, y se vive de una forma terrible. Pero claro, un expediente judicial se rige por cuestiones meramente procesales, con lo cual cuando una persona viene a decirme que no tiene dinero yo le puedo entender como persona, pero materialmente no le puedo dar una solución", recalca Herrera. De ahí la importancia del servicio propuesto, porque ante una situación así, "a raíz de hablar con el funcionario, se pondrían en circulación todos los recursos existentes".

Por su parte, Miguel Esteban, otro de los funcionarios que abogan por la creación del servicio, recuerda que el problema de los desahucios es "un problema de primer orden" y "no espera", por lo que se hace necesario que "los políticos tomen las riendas de una vez" para atajarlo.

En el documento entregado a la presidenta, al que ha tenido acceso este diario, Herrera, Esteban y un tercer funcionario de Granada, Joaquín Ángel Martínez, justifican su petición "ante la apremiante situación que se vive a diario en la Administración de Justicia y en interés ciudadano", e invocan el "impulso político" necesario desde Sevilla para que el servicio propuesto sea una realidad. Aseguran que el coste de crearlo sería mínimo y proponen realizar una "experiencia piloto" con uno o dos funcionarios, dependiendo de que el servicio se iniciase con ámbito local o provincial.

Para los solicitantes, dado que el desalojo de una familia afecta a un derecho tan básico como es el que tiene toda persona a una vivienda digna, debe producirse "en cualquier caso, una vez se hubiesen agotado los recursos sociales y administrativos" existentes, a fin de evitar que los afectados se encuentren ante una grave situación de desamparo y exclusión.

La iniciativa, según afirman, ha sido también trasladada a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).