La gran planta solar de la Vega de Granada requiere medidas para minimizar su impacto ambiental

Granada/La gran planta fotovoltaica que está proyectada en la Vega baja de Granada, la denominada como planta Fotovoltaica Ence Atarfe I, II y III y que tendrá una extensión de casi 200 campos de fútbol, tendrá un conjunto amplio de medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar las afecciones ambientales.

Según el estudio de impacto ambiental de esta gran zona de placas solares, que ocupará una superficie de 155 hectáreas, además se establecerá un programa de vigilancia aplicable a todas las fases de los proyectos (ejecución, explotación y desmantelamiento), "con la finalidad de cerciorar el cumplimiento de las leyes vigentes y de que se llevan a cabo las medidas".

Este estudio de impacto ambiental, consultado por Granada Hoy, ha sido realizado por Ingeniería GTA, una empresa externa tanto a la Junta de Andalucía como a Ence Energía y Celulosa, y era un requisito obligatorio previo a autorizar de forma definitiva la construcción de las tres fases de la planta. El pasado 11 de diciembre de 2023 la Junta de Andalucía autorizaba oficialmente las tres fases y dos meses después, el pasado 6 de febrero, se publicaba el primero de los anuncios de utilidad pública de las tres fases. Los propietarios de los terrenos afectados pueden recurrir esta declaración, y si las alegaciones finalmente son desestimadas, la Junta iniciará la expropiación para la instalación de los módulos solares.

Las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción Granada, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe han anunciado que el pasado 27 de enero presentaron un recurso de alzada contra la concesión de autorización administrativa, denunciando que el macroproyecto "afecta a espacios de nuestro patrimonio natural como la Zona Especial de Conservación La Malahá incluida en la Red Natura 2000, el Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y el Bosque Isla inventariado la Dehesa de Santa Fe".

Sin embargo, tal y como señala el estudio de impacto ambiental, analizando los principios de sostenibilidad y teniendo en cuenta su interferencia con algunos elementos del medio, "se puede afirmar que, la valoración ambiental global de los efectos de los proyectos es compatible y viable", y que no se dan afecciones a ninguno de estos espacios.

"Las instalaciones no se ubican sobre espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 u otros Espacios Naturales Protegidos de la RENPA. Sin embrago, se encuentra en las inmediaciones del Parque Periurbano Dehesas de Santa Fe y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) La Malahá, no previéndose ninguna incidencia directa. Igualmente, no se incluye dentro del ámbito de aplicación de los Planes de Conservación y Recuperación de determinadas especies amenazadas, ni en Áreas

Importantes para la Conservación de la Biodiversidad (IBAs). Tampoco en Zonas Importantes para las Aves Esteparias de Andalucía (ZIAE) ni en áreas prioritarias delimitadas para la reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las aves (Orden 4 de junio de 2009)", reza el estudio.

En general, la zona en la que se van a instalar los alrededor de 201.000 módulos de recepción de rayos solares se trata de una zona bastante antropizada, dada la intensidad de las labores agrícolas durante los últimos años, principalmente el cultivo del olivar y de los chopos. "Por ello, el ámbito de actuación carece de vegetación natural mediterránea y, en consecuencia, no presenta un hábitat idóneo para la alimentación, reproducción y nidificación de especies faunísticas", según el estudio.

La ubicación en la que se instalarán las placas solares será en el margen izquierdo de la carretera autonómica A-385, que une Santa Fe con Otura, entre el Cortijo El Ánima y la localidad de La Malahá, cercano a la Dehesa de Santa Fe. Esta zona es en su mayoría de cultivos, principalmente olivos. La vía es muy usada para acceder hasta Escúzar y su parque tecnológico por su conexión con la A-338.

Las organizaciones medioambientales valoraron en su momento como "muy deficiente" la Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que respecta a flora y fauna. La mayor parte del proyecto se ejecutará sobre parcelas de olivares de secano, de regadío o tierras de labranza, lo que según los ecologistas conllevará la eliminación total de esa vegetación actual. "Eso supondría cancelar una gran zona de liberación de carbono capturado por esos árboles, así como la cantidad de dióxido de carbono que dejaría de secuestrarse por la eliminación de esta vegetación, además de la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella".

Impactos identificados y posibles afecciones

Según el estudio de impacto ambiental, los impactos de mayor magnitud sobre las variables ambientales que se han identificado son, durante la fase de construcción, los correspondientes a la alteración de la calidad suelo y las aguas, la producción de ruidos, la eliminación de vegetación y la pérdida/alteración de hábitats para la

fauna.

Durante la fase de explotación, los impactos más significativos serán la alteración de la

calidad del suelo y la intrusión de nuevos elementos en el paisaje. Por último, los impactos negativos más relevantes en la fase de desmantelamiento consistirán en la alteración de la calidad del suelo.

Respecto a la red hidrológica superficial, el estudio del impacto ambiental señala que la gran planta fotovoltaica no incidirá sobre el Arroyo Salado, como si denunciaron en su momento las organizaciones medioambientales. No obstante, la linea de evacuacion de la electricidad generada si cruzara tanto de forma aérea como soterrada varios arroyos, como el Barranco de Aurora, el Arroyo Salado, el río Genil

"y otros cauces innominados tributarios de los anteriores".

En cualquier caso, se repetará el Dominio Público Hidraúlico y su zona de serviodumbre "con el objeto de no causar daño al drenaje natural de las aguas ni a terceros". Unicamente el vallado y algunos paneles fotovoltaicos se instalaran sobre zona de policia (100 m), por lo que la empresa tendrá que solicitar una autorización de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir para poder construirlas.

Repercusión en el medio ambiente a costa de la agricultura

Por otro lado, el estudio ambiental destaca la repercusión positiva que este proyecto tendrá sobre los efectos del cambio climático, ya que con su desarrollo "se evitará la emisión de gases de efecto invernadero que serían necesarios para producir esa misma energía a partir de combustibles fósiles como petróleo, carbón o gas natural".

Por ello, el estudio asegura que la instalación de la gran placa fotovoltaica es de interés público, "ya que su desarrollo creará empleo a nivel comarcal y/o regional, y supondrá un impulso para el desarrollo del sector de las energías renovables en Andalucía, esencial para la adaptación al cambio climático".

Ecologistas en Acción Granada, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe, sin embargo, denuncian lo contrario, y es que la instalación de los paneles solares en sus tres fases derivará en la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella en esta zona, suponiendo una repercusión negativa.

Las tres organizaciones medioambientales consideran que la transición energética no puede llevarse a cabo "a costa del daño a la biodiversidad, los paisajes, el patrimonio natural y agrícola o los suelos fértiles, favoreciendo la especulación de las grandes energéticas en contra de la agricultura familiar y de los pequeños agricultores que cuidan y protegen la Vega, anulando su vocación de despensa de alimentos de Granada y su Área Metropolitana, de donde más de 500.000 personas que habitan en ella pueden alimentarse".

"La Vega de Granada tiene un potencial agrícola que supone un valor estratégico para la necesaria relocalización encaminada a la soberanía y autonomía alimentaria", han remarcado las tres asociaciones.

Para ellas, la transición energética debe ser una oportunidad para primar un modelo de generación más distribuida y próxima a los puntos de consumo, "lo que evitaría las largas e impactantes líneas eléctricas", y que implicaría además "la reducción de nuestro elevado consumo energético mediante políticas decrecentistas acompañadas del impulso de la soberanía energética mediante el autoconsumo e instrumentos colectivos como las comunidades energéticas".

"Amenaza de expropiaciones forzosas"

Por otro lado, las tres asociaciones medioambientales han alegado que la declaración de utilidad pública solicitada por la Junta de Andalucía para que el proyecto siga su tramitación conlleva la expropiación de un total de 243 parcelas, de las que 232 se incluyen en el proyecto Atarfe I, siendo en su mayor parte parcelas pertenecientes a la Vega de Granada, en muchos casos suelos agrícolas de enorme valor agronómico.

Como ya publicó Granada Hoy el pasado 22 de febrero, el proceso se encuentra actualmente en información pública de sus tres fases, por lo cual los propietarios de los terrenos afectados, así como otros interesados, pueden recurrir esta declaración. Si las alegaciones finalmente son desestimadas, se iniciará la expropiación para la instalación de los módulos solares. En total, ambos procesos afectan a 243 parcelas, de las cuales 140 pertenecen al término municipal de Santa Fe, 67 a Atarfe, 26 a Pinos Puente, 6 a Vegas del Genil y 4 a Las Gabias. Entre los propietarios hay empresas y particulares, e incluso carreteras o vías de comunicación de titularidad pública de los ayuntamientos o de la propia Junta.

"Se produce además una situación de saturación de proyectos similares en la zona con las plantas previstas en Las Gabias, como Las Gabias I (117 hectáreas), Cortijo Blanco (75 hectáreas), y Crisadar (82 hectáreas.)", han criticado los ecologistas.

El pasado martes 27 de febrero se llevó a cabo una asamblea de afectados por la línea de alta tensión de evacuación Atarfe I en la sede de la Comunidad de Regantes de Santa Fe, donde se acordó presentar alegaciones y la oposición frontal a la línea de alta tensión, así como a las tres plantas fotovoltaicas que componen el macroproyecto.

Estas tres organizaciones rechazan la fragmentación de estos proyectos, una táctica que según denuncian "va dirigida a evitar la tramitación por parte del Ministerio y ocultar el verdadero tamaño de los mismos", así como la expropiación forzosa, "un procedimiento autoritario e injusto de desposesión territorial en beneficio de grandes empresas que se regula por una norma pre-constitucional: la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa".

"En los tiempos que corren debería redefinirse el interés general, la utilidad pública, para evitar atropellos contra el verdadero interés público", han denunciado Ecologistas en Acción Granada, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe.

Así es el proyecto

Cada uno de estos tres "semi proyectos" de Ence Atarfe I, II, y III no supera los 50 MW, acogiéndose el plan de construcción a la tramitación a través de la Junta de Andalucía y no a través del Ministerio de Transición Ecológica. El nombre de "Atarfe" lo recibe porque, aunque esta localidad se ve sólo ligeramente afectada por la instalación de las placas solares, la evacuación de la electricidad generada se hará por la subestación de Red Eléctrica Española de 220 KW que se situará en él.

Las tres plantas solares generarían un total de 345.400 MW de electricidad cada año, que pasarían a la red española de energía y sería distribuida por todas las subestaciones del país, lo que haría reducir la dependencia de los combustibles fósiles para la creación de corriente. El proyecto tendrá una vida útil primaria de 30 años, pudiendo ampliarse este tiempo si se considera que la instalación todavía ofrece las garantías para seguir generando electricidad.

Dos de las tres plantas de Ence tienen en total 49,9 MW cada una, mientras que la tercera llega hasta los 33 MW. Pese a estar divididas, estarán unidas en el mismo terrero y suman prácticamente 133 MW de potencia instalada en conjunto.