Granada aprueba dos declaraciones institucionales de apoyo y defensa de “acciones, proyectos y estrategias” para mejorar la atención y tratamiento de la salud mental

Granada/El Pleno del Ayuntamiento de Granada, a iniciativa del equipo de gobierno del PP, ha aprobado este viernes dos declaraciones institucionales en defensa de la salud mental de la sociedad mediante la adhesión de la ciudad a dos manifiestos impulsados, respectivamente, por el Teléfono e la Esperanza de Granada, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), y por la Federación Salud Mental de Andalucía, en este caso, ante la efeméride el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, tras subrayar la disposición del Grupo Popular a la necesidad de incorporar “un cambio en la forma de ver y atender la salud mental”, ha coincidido con “ambas propuestas en la necesidad de brindar un mayor apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias mediante la adopción de acciones, proyectos y estrategias y programas acordes a sus situaciones vitales”.

En cuanto a la adhesión al manifiesto conmemorativo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Jorge Saavedra ha destacado la “enorme receptividad” del gobierno municipal ante el llamamiento realizado por el Teléfono de la Esperanza en relación a la necesidad de “conseguir una sociedad más sana, más humana, tolerante y comprensiva con el sufrimiento, que acoja y cuide la vulnerabilidad”.

Según la declaración institucional, Andalucía, con 799 de los 4.227 suicidios registrados en España en 2022, no es ajena a “las impactantes cifras” aportadas cada por el Instituto Nacional de Estadística en relación a las personas que mueren por quitarse la vida “y decenas de primeros intentos, cientos de repeticiones, miles de ideaciones graves de cientos de personas impotentes, heridas y rotas de dolor”.

“Son”- continúa el texto- “personas que se desconectaron de la vida, que no consiguieron salir de su aislamiento emocional; un secuestro interno no elegido en el que no supieron, no pudieron, encontrar un sitio del que agarrarse”, por lo que apela a la sociedad y, especialmente, “ a los políticos, de todo color e ideología” a tomar decisiones en defensa del “bienestar común”, especialmente a dar prioridad a disponer de recursos dirigidos a “resolver los problemas de salud pública, donde el suicidio es una realidad grave”.

La propuesta secundada por los corporativos municipales exige el desarrollo “necesario y urgente” de un Plan Nacional de Prevención de Suicidio, con la posterior integración de Andalucía, a la vez que recomienda la “incorporación de las buenas prácticas y aprendizajes” desarrollados en otros países que sí disponen de “planes de prevención” que “han mostrado resultados significativos en la reducción de las tasas de muerte por suicidio”.

Por último, aconsejan que “este esperado Plan Nacional de Prevención de Suicidio”, además de contar con dotación presupuestaria específica, se conciba con un “abordaje integral, cohesionado y coordinado en todo el Estado, con un eje vertebrador de las estrategias autonómicas, municipales y de organizaciones públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro”.

Granada en el Día de la Salud Mental

El Pleno, en su sesión ordinaria de septiembre, ha aprobado una segunda declaración institucional en defensa de la salud mental, en este caso, con el respaldo por unanimidad de todas las formaciones políticas del manifiesto propuesto por la Federación Salud Mental Andalucía con motivo de la conmemoración el 10 de octubre del Día Mundial en defensa de “las personas con problemas de salud mental y sus familias”.

Tras advertir de la necesidad de “concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud mental”, en esta edición, siguiendo la propuesta de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), se hace hincapié en “el vínculo entre trabajo y salud mental”, en tanto que en 2023, España, con 600.000 bajos laborales relacionadas con problemas de salud mental y de comportamiento, ha batido récord, ya que supone un 15,8 por ciento más que el año anterior (516.028), duplicando la cifra en siete años.

Andalucía, a su vez, ha alcanzado unos números “preocupantes” en tanto que ha registrado un aumento de 1.003 personas, con 7.008 bajas laborales que “casi triplica” la cifra de hace siete años (en 2016 se dieron de baja 2.413 trabajadores).

El texto alerta sobre la “discriminación” experimentada en el ámbito laboral por las personas con este diagnóstico, dado que el 37,9 por ciento dice haberlo sufrido, y solo el 12,9 por ciento “comparte con sus compañeros y compañeras laborales su problema de salud mental”.

Los jóvenes, con un aumento de bajas de un 90 por ciento desde la pandemia, y los problemas de ansiedad y estrés, que sufren, en el primer caso, entre el 17 y el 27 por ciento de los trabajadores, y en el segundo, entre el 30 y el 38 por ciento, así como que un 47 por ciento de los empleados reconocen estar expuestos en su trabajo a factores de riesgo, llevan aparejado que el consumo de “tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir y/o antidepresivos o estimulantes afecta al 6,8 por ciento de las personas”.

Tras enumerar como factores de riesgo laborales: la precariedad e inseguridad laboral, el estrés y sobrecarga en el trabajo, la dificultad para conciliar, el acoso laboral o sexual en el ámbito laboral, la falta de autonomía o la brecha salarial, la declaración institucional considera “imprescindible abordar y combatir el rechazo, la discriminación y el acoso que muchas veces enfrentan las personas con problemas de salud mental”.

Entre las reivindicaciones apoyadas, destacan la necesidad de fortalecer los equipos de prevención de riesgos psicosociales; la promoción de una cultural laboral que favorezca la salud mental; la creación de ofertas de empleo con valor añadido; la implementación de una visión global para la solución de los problemas laborales y la elaboración de campañas informativas.

El Ayuntamiento de Granada se compromete así a impulsar “acciones, proyectos y estrategias dirigidas a favorecer un cambio en la forma de ver y atender la salud mental y a apoyar a las personas con problemas de salud mental y sus familias, con especial atención “a las más vulnerables”, a la vez que reafirma su compromiso con “el derecho a un trabajo digno, inclusivo y saludable para todas las personas”.