Granada frena los pisos turísticos diseminados en los bloques de viviendas con el primer cambio normativo

El Pleno aprueba un cambio en los criterios de interpretación del PGOU, que exigirá a las viviendas las condiciones de residencial singular, principalmente la entrada independiente del edificio

Además, la Junta de Gobierno Local aprueba el avance de la innovación del Plan General, pero se retrasa a septiembre u octubre el freno temporal a todas las licencias

El Ayuntamiento de Granada obligará a los pisos turísticos a cumplir las mismas normas que los hoteles

Los nuevos pisos turísticos deberán ser autorizados por las comunidades de vecinos

Candados de pisos turísticos en Granada. / G. H.

Granada/El Ayuntamiento de Granada ha dado este viernes un paso importante en el control y limitación de los pisos turísticos en la ciudad dentro de las medidas que está impulsando desde el área de Urbanismo para modificar el modelo de ciudad, frenar la multiplicación de los pisos turísticos y apostar por la vivienda para los granadinos.

En Junta de Gobierno Local y en Pleno municipal posterior se han dado vía libre a medidas que darán las herramientas al Ayuntamiento para frenar las licencias a los pisos turísticos y endurecer mucho más las condiciones que se necesitan para registrar nuevos pisos turísticos en Granada.

La medida más inmediata que tendrá efectos la próxima semana una vez su publicación en el BOP será el freno a los pisos turísticos diseminados por los bloques de viviendas, por las comunidades de vecinos, esos que llenan de cajetines de llaves las entradas a bloques de la ciudad, principalmente en barrios como el centro histórico, el Albaicín o el Realejo. Este freno se hará gracias a la aprobación en Pleno (con el voto favorable de PP y PSOE y la abstención de Vox) de los nuevos criterios de interpretación del PGOU actual respecto a las viviendas de uso turístico, que serán consideradas ahora como residencial singular, por lo que se les exigirá entradas independientes a los edificios e independencia también en los suministros de agua, luz o telefonía "para no interferir en la convivencia".

Con este criterio de interpretación, se frenan por tanto todos los pisos que se quieran abrir en comunidades y solo se dejaría posibilidad en bajos o edificios completos que se destinen a uso turístico. Además, será necesario que el propietario pase primero por el área de Licencias del Ayuntamiento de Granada (algo que antes no hacía falta) para que se compruebe que cumple con los requisitos de uso residencial singular antes de acudir a Turismo de la Junta a registrarse como piso turístico.

Un primer cambio normativo con el que el Ayuntamiento espera parar las viviendas diseminadas en el nuevo modelo de gestión de estas viviendas que se verá acompañado con el cambio principal que será la innovación del Plan General (PGOU actual) que establecerá el control final de estos pisos y que frenará temporalmente a partir de septiembre u octubre las licencias totales, también las de bloques completos o bajos que ahora no se ven afectados por el cambio en los criterios de interpretación. Para ello, la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado también el proyecto de avance relativo a la innovación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Granada para su adecuación a la normativa autonómica en materia de Turismo, además del mismo proyecto para el Plan Especial Centro. Esta innovación del PGOU será la herramienta definitiva para regular los pisos turísticos.

Pero esa suspensión total de licencias se retrasa a después del verano (se dijo que iba a ser en julio con la aprobación inicial del cambio pero no ha llegado a tiempo) y será en septiembre o en octubre cuando se apruebe inicialmente la innovación del PGOU y se paralicen temporalmente las licencias nuevas a pisos turísticos. Este viernes ha ido esa innovación a Junta de Gobierno Local. Además, se espera que a mediados de agosto llegue el informe encargado a una empresa externa para que refleje la realidad de los pisos turísticos en Granada y se puedan declarar zonas saturadas como parecen ser el centro, Albaicín o Realejo. Esa medida de zonas saturadas es la que permitiría no autorizar más pisos turísticos en esos barrios una vez modificada toda la normativa y con el aval del decreto de la Junta que dio autonomía a los ayuntamientos para regular las viviendas turísticas.

Son por tanto estas dos líneas las que se trabajan desde el equipo de Gobierno: el cambio del PGOU y el criterio de interpretación.

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha explicado que los pisos turísticos hay que ordenarlos, "como todo en la vida", teniendo en cuenta que es una actividad económica también muy importante en Granada. Catalina ha dicho que a mediados de agosto llegarán los resultados del estudio externo encargado sobre la situación de los pisos turísticos en Granada y que será "la base para hacer una innovación con criterio para que no haya medidas desproporcionadas". Así, ha insistido en que el primer cambio en los criterios de interpretación servirá para frenar las viviendas diseminadas, que deben cumplir requisitos del uso de residencial singular y "ya con eso paramos los registros de las viviendas que cada particular o empresa quiera registrar como piso. Si no cumple con estas condiciones, no podrá darse de alta".

Desde Urbanismo no tienen la cifra del número de pisos turísticos que se frenarán con esta primera medida de coto a estas viviendas, pero calculan que serán bastantes.

Por otro lado, ha explicado que la innovación del PGOU, el siguiente cambio, está en marcha a la espera del estudio y con el trámite ambiental, también necesario, que da 45 días para que "en cuanto pase el verano aprobar inicialmente la innovación" y a partir de ahí "parar para pensar la ciudad el modelo que queremos para que sea un problema el uso de los pisos turísticos. Ahora vamos a parar los diseminados y luego todos. Los pasos son firmes y serios y están muy pensados", ha dicho Catalina.

Debate en el Pleno: la oposición lo ve insuficiente

En el debate en el Pleno sobre el cambio del criterio de interpretación, los grupos de la oposición han mostrado las dudas sobre los efectos que tendrán las medidas aunque en la votación el PSOE ha votado a favor y Vox se ha abstenido.

Desde el PSOE, el concejal Eduardo Castillo ha dicho que los pasos del gobierno les generan dudas por el alcance y la efectividad que tenga la medida. "No va a resolver los problemas del Albaicín, Sacromonte o el centro histórico y el Realejo. "Los alojamientos turísticos de otra índole generan los mismos problemas que las viviendas turísticas. Es necesario más control, inspección. Si no se toma en serio, esto es papel mojado", ha dicho Castillo, que ha vuelto a pedir en Pleno que el Ayuntamiento reclame la tasa turística a la Junta, como ha hecho ya el Ayuntamiento de Sevilla."Vamos a votar a favor pero el alcance y efectividad de la medida será muy limitado si no se toman medidas adicionales y si no se tiene claro el modelo turístico", ha dicho Castillo.

Desde Vox, Beatriz Sánchez, su portavoz, ha dicho que es necesaria la regulación ordenada de las viviendas con fines turísticos porque "hay que evitar la proliferación descontrolada" pero también ha criticado que Gobierno y Junta hayan "dejado solos a los ayuntamientos, que recurren a herramientas dispares para regular". Vox ha culpado al Gobierno central de "todos los problemas de acceso a la vivienda por los efectos nefastos de la Ley de Vivienda" y ha metido en el debate el problema de la ocupación, lo que ha llevado al PSOE a decirles que "viven políticamente de meter miedo a la población". "El problema de la vivienda no es el uso turístico. Apostamos por vivienda pública y no se puede criminalizar la vivienda de uso turístico. Es necesario hacer una regulación de la vivienda de uso turístico pero hay que conocer la situación de Granada, necesitamos datos y no los tenemos. Es una decisión muy restrictiva sin tener los estudios que se han encargado", ha dicho Sánchez.

El concejal de Urbanismo insiste en que el cambio del PGOU se hará para tomar "medidas proporcionadas pero bien fundamentadas" con ese estudio externo y con el trabajo que llevan haciendo desde febrero, cuando se publicó el decreto d ela Junta, y "acompasar la convivencia de los pisos turísticos con la ciudad y su día a día para que afecte lo menos posible sabiendo que es un motor importante".

Mientras, además, el Ayuntamiento espera el refuerzo pedido a la Junta para tener más inspectores dedicados al control de los pisos turísticos ya que el último dato oficial es que hay unas 3.000 viviendas turísticas en Granada reguladas, mientras las "ilegales son difíciles de controlar".

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