Nueva tasa de basura en Granada: el peso de tus desperdicios y los de tus vecinos sirve para calcular el precio
Medio Ambiente dispone de los datos que aporta el pesaje de los residuos de la fracción resto que recogen los camiones de la basura
Los granadinos tendrán que pagar 1,6 millones más con la nueva tasa de basura: así se repartirá la cuota a partir de 2026

Granada/La nueva tasa de basura que tendrán que pagar todos los granadinos a partir del 1 de enero de 2026 ha pasado este lunes su primer trámite, con la aprobación en la comisión extraordinaria de Economía celebrada en el Ayuntamiento de Granada de la ordenanza que recogerá la nueva tasa, que ahora pasará este viernes por Junta de Gobierno Local y luego irá a Pleno también el mismo día para, tras alegaciones y aprobación definitiva, estar lista para el tope del 10 de abril de 2025 que recoge la ley 7/2022, que es la que fija esta tasa. En la comisión, la ordenanza ha salido adelante con el voto a favor del PP, que se vale de su mayoría absoluta pese a rechazar la tasa y calificarla de injusta; la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox. En los argumentos de la oposición, el PSOE ha pedido incluir otros elementos al cálculo de la cuota como el número de personas empadronadas en el inmueble o el gasto de agua; y Vox se ha opuesto a la tasa por estar en contra de la ley que la regula y suponer un incremento más de gasto a las familias.
La concejala de Economía, Rosario Pallarés, ha reconocido que la tasa es "injusta pero estamos obligados a establecerla", asegurando que el PP está comprometido con el medio ambiente pero que se ganaría en seguridad jurídica si no hubiera sido una tasa sino unn impuesto en el que se dejara también a los ayuntamiento autonomía municipal pero con una regulación esencial por parte del Estado: "El Gobierno no ha fijado nada y ha dicho que cada ayuntamiento se las habíe y busque la mejor fórmula". Además, ha recordado que han establecido para 2026 las máximas bonificaciones que contempla la ley para una tasa.
El portavoz del PP, Jorge Saavedra, ha dejado claro que no quieren la tasa y que está mal hecho "porque puede provocar recursos e inestabilidad jurídica" y ha dicho que con esto, al igual que con la Zona de Bajas Emisiones, el equipo de Gobierno "se sitúa en el centro. Por un lado están los que dicen que nos quedamos cortos y por otro los que nos quedamos largos. Y nosotros estamos cómodos en el equilibrio, donde la mayoría de los ciudadanos".
El Ayuntamiento ya explicó el pasado viernes y ha ratificado este lunes en comisión cuál es el modelo elegido por la ciudad para repercutir a los ciudadanos la nueva tasa de forma que el cien por cien del coste del servicio de recogida y tratamiento de basura lo asuma el contribuyente. Un cambio sustancial "impuesto", resaltan, ya que hasta ahora los ayuntamientos asumían parte de ese pago. Ahora no y esto supone, como ya se dijo la semana pasada, que haya que repercutir 1,6 millones de euros más a los granadinos por un servicio para el que se ha estimado un coste de 31,4 millones.
La fórmula elegida por el consistorio es la de una cuota total formada por dos cuotas: una fija por la prestación del servicio y otra variable que sí será la que penalice al que más basura genere, que es el objetivo de esta tasa. La parte fija la tendrá que pagar todo contribuyente y se calculará multiplicando el valor catastral del inmueble por un índice de 0,00211. La parte variable (la que da respuesta al principio de pago por generación) es la más compleja de calcular y para ello se han utilizado varias variables.
La división por cuadrículas: busca tu inmueble y mira cuánto pagas
Al final, Economía ha tomado el diseño de la ciudad en cuadrículas que establece Medio Ambiente para que los inmueble situados dentro de cada una paguen una cosa u otra en función de los datos que ya se tienen de recogida de residuos en cada una. Lo que se tendrá en cuenta es la cantidad de basura que se eche en el contenedor gris, en el de resto, que se supone que es lo que no se recicla ya en otras fracciones (plástico, papel, vidrio y orgánica). Así, Medio Ambiente sabe lo que se genera en cada cuadrícula en función de los sistemas que tienen los camiones que pasan por esas rutas y que recogen el pesaje de la basura generada, por lo que se puede establecer si esta cuadrícula recicla más o menos. De ahí que los inmuebles tendrán que multiplicar su valor catastral por un índice establecido para cada cuadrícula en función de esos datos, lo que da variaciones de un sitio a otro. Con el modelo de cuadrícula se obtiene el coste por tonelada y uso y se distribuye entre todos los inmuebles de la misma según el valor catastral de cada uso: vivienda residencial, oficinas, comercial, ocio y hostelería, edificio singular, almacén-estacionamiento uso industral, deportivo, espectáculos, sanidad y beneficiencia, cultural y religioso.
El mapa con la división de la ciudad por cuadrículas y los índices correspondientes a cada una se publicarán en la web municipal junto a la nueva ordenanza para consulta pública. Se trata de 290 cuadrículas de 325x325 metros cada una, ámbito en el que se conoce la producción de residuos de la fracción resto (toneladas anuales) que se obtiene de los medios técnicos instalados en los camiones de recogida, que cuantifican la cantidad de residuos depositados en los contenedores de la vía pública. También se conocen los coste de producción puesto que estos no son otra cosa que el peso de los residuos generados en la cuadrícula por el coste que el Ayuntamiento soporta, canon que cobra la Diputación provincial por el tratamiento e impuesto al vertedero, que también subió en 2024.
Según los datos del 2024, el coste total neto del servicio de tratamiento y vertedero para la ciudad de Granada fue de 4,4 millones de euros, descontados los ingresos que recibe la capital del tratamiento de los residuos de grandes productores y similares. Esta cuantía incluye el canon y la repercusión del impuesto de la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.
Y las toneladas que el año pasado llevó el Ayuntamiento a la planta de tratamiento de Alhendín, de la que es titular la Diputacón, fueron 100.289,36. Con estos datos se conoce el coste unitario por tonelada, que resulta de la división de las toneladas por el coste total neto, lo que deja un coste unitario durante 2024 de 43,87 euros por tonelada. Una vez llevados los datos globales de forma individualizada a cada cuadrícula, se puede obtener el coste por tonelada y uso y distribuirlo entre todos los inmuebles de esa cuadrícula según el valor catastral de cada uso. Y aquí entra el cálculo de que el 80% de los residuos procede de los hogares y el 20% de los servicios, por lo que la cuadrícula que tenga más vivienda pagará más y la que tenga más servicios, menos, en base a este cálculo de producción de residuos y la proporción de cada uso por cuadrícula. Se ha verificado también que hay cuadrículas en las que no hay producción de residuos o en las que no hay inmuebles con usos catastrales susceptibles de ser gravados, por lo que no se incluyen.
Por eso se ha fijado un coeficiente de fracción del uso para cada cuadrícula y cada uso, residencial o de servicios, para calcular el coste de cada uno, que saldrá de multiplicar el índice del uso de su cuadrícula por el valor catastral de su inmueble.
Por ejemplo, en ese mapa, al que ha tenido acceso este periódico, una vivienda en el Zaidín tendrá un índice de entre 0,0004 y 0,0005 mientras que por Carretera de la Sierra sea de 0,0002 y 0,0003. Por Camino de Ronda estaría en un 0,0002. En el Centro oscila entre 0,00002 y 0,00009. Albaicín entre 0,00007 y Chana aproximadamente 0,0005.
Pero se aclara que este año no cambia la tasa ya que se seguirá aplicando la fórmula actual de cálculo. Será a partir del 1 de enero de 2026. Y además cambiará con seguridad en estos meses porque se ha calculado el coste del servicio y por tanto la cantidad total a repercutir a los ciudadanos según los datos de 2024, por lo que será revisado cuando se adjudique el nuevo contrato, que cambiará costes -el Ayuntamiento espera que a la baja- y por tanto las cantidades totales pueden cambiar, por lo que obligará a rehacerla y cambiar la redistribución.
Críticas de la oposición
En la comisión extraordinaria, en la que el PP insiste en que la tasa es un "imperativo legal" y que se ha calculado según los criterios de capacidad económica y de generación, PSOE y Vox se han mostrado contrarios uno a la forma de calcularla y otro a la tasa en sí.
El viceportavoz del PSOE, Jacobo Calvo, que ha pedido al equipo de Gobierno que se posicione respecto al cambio climático, ha afeado que se tenga que tratar de urgencia esta cuestión que se conoce desde hace dos años. Calvo ha dudado que el modelo de cuadrícula sea el más efectivo y justo y ha lamentado que no se les haya tenido en cuenta en reuniones previas para acordar este cálculo o escuchar propuestas. "Se basan en el valor catastral pero para ajustar más, no recurriendo a promedios, a lo mejor hay que valorar el número de empadronados por cada vivienda. ¿Por qué solo el valor catastral? ¿Por qué no se toma en consideración la factura de consumo de agua? Existen estudios de correlación entre el consumo de agua y el compromiso de reciclado. Hubiera sido más justo porque acotara más. El sistema de cuadrículas usa un promedio y si solo nos basamos en valor catastral, se va a dar que los más comprometidos subvencionen a los menos comprometidos. Y todo esto es insuficiente sin medidas como campañas de sensibilización", ha dicho. "Siendo necesaria la tasa, demuestran que han perdido un año y medio en esto también", ha dicho.
Desde Vox, su portavoz, Beatriz Sánchez, ha recordado que ya se subió la tasa de basura hace más de un año y califica de "injusta" la tasa, que cree que generará inseguridades además de no contemplar compensación a las familias. Además, ha afeado al PP que vote en el parlamento europeo leyes que luego afectan al bolsillo de los granadinos, lo que le ha llevado al PSOE también a acusarles de negacionistas climáticos en su rechazo a esta ley que dice sólo pretende recaudar más.
Pallarés ha defendido el modelo de cuadrícula porque "va a ser un criterio más justo", asegurando que si se pone por barrios se crearían más diferencias. "¿El modelo es mejorable? Por supuesto", animando a los partidos a poner alegaciones que serán recibidas "si representan una mejora en ese cristerio de justicia de capacidad económica y pago por generación". Y aunque el Ayuntamiento de la ciudad ha pedido una moratoria, el Gobierno no ha contestado.
Sobre la opción de valorar los empadronados en un domicilio o la factura del agua, dicen que lo han valorado pero que también presenta dificultades: "¿Qué pasa con un piso alquilado donde los inquilinos no estén empadronados?".
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