Los grandes latifundios de la provincia pasan a manos privadas

La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha la liquidación de la reforma agraria de Andalucía. En Granada, la supresión del IARA -órgano asociado- sacará a la venta 1.123 hectáreas que fueron adquiridas en su momento por el Gobierno andaluz para dar trabajo a los colonos. Entre las fincas de las que se deshará figuran los dos principales latifundios públicos de la provincia, el Cortijo de Enmedio y La Parra. Ambos suman en total 961 hectáreas de tierra.

De las 1.123 hectáreas que se privatizarán, sólo 97 están explotadas actualmente en concesión por 23 colonos y el resto, 1.026, son cultivadas por la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP). Si en los años ochenta los jornaleros ocuparon las principales parcelas en desuso de la provincia granadina para exigir su explotación, ahora, treinta después de la fallida reforma, tendrán la oportunidad de hacerse con ellas si concurren al proceso de adjudicación, para el que la Junta les ofrecerá facilidades.

Sin embargo, el secretario provincial de Asaja, Manuel del Pino, asegura que "sólo hay algunos casos" en los que los colonos tienen intención de adquirirla. "No se hace en el mejor momento, ya que la agricultura no está pasando por su mejor etapa", lamenta. Así, cree que "si se hubiera hecho hace diez años, el interés hubiera sido mayor". A pesar de que reconoce que la rebaja que hace el gobierno andaluz favorecen la adquisición, también apunta que las limitaciones que impone -devolución de las reducciones, en caso de venta, división o segregación de los terrenos- "pueden complicar" el proceso.

En el caso de los bienes que no sean solicitados por los adjudicatarios, la consejería, para proceder a la recuperación de la concesión, les indemnizará por las mejoras que hayan realizado en estos terrenos -siempre que hayan contado con autorización administrativa- y procederá al desalojo de las fincas.

La Junta va a poner también a la venta las tierras, bienes y derechos del IARA que no han sido ocupadas por terceras personas, a las que corresponden 1026 hectáreas en la provincia, las explotadas por el DAP. Se trata de la fincas Cortijo de Enmedio en Moclín (267 hectáreas), Chozones en Dehesas de Guadix (195 hectáreas), La Parra en Puebla de Don Fadrique (694 hectáreas) y Cota 200 en Motril (50 hectáreas).

La Consejería de Agricultura y Pesca tiene prevista su cesión a entidades públicas "para fines de interés general" y además entrarían las privadas "para fines tanto agrarios como otros usos compatibles que permitan la modernización y mejora del medio rural y las condiciones de vida de la población, así como la generación de empleo en estas zonas".

Según del Pino, aún no se han producido contactos con la Junta, pero aventura que los problemas pueden surgir a la hora de abordar el destino que se dará los bienes de las Cámaras Agrarias. Son herederas de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos que surgieron con el franquismo como único medio de 'representación y disciplina de los intereses económicos y sociales de los agricultores españoles.

El representante agrario recuerda que en aquella época "la 'sindicación' era obligatoria" y los miembros de la Cámara pagaban una cuota con los que se adquirió el patrimonio que ahora está asociado a estos órganos, por lo que pide que "las aportaciones económicas directas" que hicieron reviertan en los agricultores a través del reparto que ahora se plantea.

Desde la Junta se avanzó que los bienes de las Cámaras Agrarias provinciales "se traspasarán a las organizaciones profesionales más representativas, mientras que los de las Cámaras locales "se cederán para fines y servicios de interés general agrario a los beneficiarios que decida la comisión liquidadora". Del Pino dice que "no está claro" el resultado final, pero asegura que le han comunicado que por 'fines y servicios de interés general' pueden entenderse los ayuntamientos.

El primer gran intento de llevar a cabo una reforma agraria durante la II República terminó con la frustración de los campesinos y el bienio radical-cedista certificó su muerte. Muchos años después, en 1984, fue la Junta de Andalucía la que pretendió llevar la tierra de las manos de los grandes terratenientes a los jornaleros. En esta ocasión, la ley tampoco ha llegado a transformar el campo andaluz y el próximo 31 de diciembre la derogación pondrá punto y final a sus últimos coletazos.

La ambición con la que nació en decreto en la década de los 80 de la mano de Rafael Escuredo y su consejero de Agricultura y Pesca, Manuel Manaute, fue proporcional a los escollos con los que se encontró nada más comenzar su andadura. A pesar de estar inspirado en el sueño de Blas Infante 'la tierra para el que la trabaja', del Pino explica que "nació muerta".

En esos momentos, España caminaba en dirección contraria a la 'revolución' del campo que habían ideado desde el gobierno andaluz. Corrían nuevos tiempos y la entrada en Europa en 1985 suponía entrar a formar parte de la Política Agraria Común (PAC), cuyos objetivos distaban mucho de lo que cualquier jornalero andaluz podía reivindicar. "Pretendía todo lo contrario, la concentración de grandes explotaciones y el aumento de la producción", dice el secretario provincial de Asaja. Tampoco el gobierno de Felipe González estaba por permitir que el proyecto andaluz arruinara una senda por la que España ya caminaba y consideraban irreversible.

El segundo obstáculo que hizo que la aplicación de la Ley de Reforma Agraria fuera "prácticamente nula" llegó desde los tribunales "que la tumbaron y dieron la razón a los agricultores". Asaja fue una de las organizaciones que la recurrió y el Supremo anuló una parte importante del decreto.

Así, los grandes objetivos se truncaron y los propietarios de grandes fincas que iban a ser "troceadas para repartirlas entre los agricultores" podían respirar tranquilos. Del Pino recuerda que "se creó el Instituto de Reforma Agraria (IARA), se le dotó de medios, se empezaron a dibujar las primeras actuaciones y las fincas que serían objeto de ellas, pero a partir de ahí todo quedó paralizado por una batalla legal con los agricultores".

A partir de ahí, el IARA fue perdiendo personal y dotación económica y quedó como "un reducto" de la Ley andaluza. Olvidada en la práctica su misión "más importante", el instituto quedó con "pocas competencias".

Éstas acciones que ha seguido llevando a cabo hasta hoy son para el secretario provincial de Asaja lo más positivo que ha dejado. Sus logros "más conocidos" han tenido que ver con la explotación de fincas públicas, actuaciones en caminos rurales y modernización de regadíos. Lo que pudo poner patas arriba el campo andaluz se quedó en trabajos en los que "uno veía cuando iba por el terreno obra promovida por el IARA".

Por todo ello, del Pino considera que la supresión del IARA que finiquita la reforma "no parece que vaya a plantear problema alguno porque, a pesar de que tuvo su razón de ser, ya ha perdido todo su sentido". Así, cree que se hará "sin traumas y de manera ordenada". Es lo que asegura la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, que argumenta para justificar este final que "el campo andaluz no es el de hace treinta años y hay medidas que ni tienen contenido ni se usan".

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