El hijo de Juana Rivas se queda en el limbo legal: la jueza de Violencia de Granada rechaza asumir el caso

Granada/El caso Juana Rivas vuelve a la confusión, el peregrinaje por distintos órganos judiciales y la polémica. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, Aurora Angulo, ha acordado inadmitir a trámite la petición de medidas cautelares para evitar que el menor tenga que volver a Italia con su padre, que tiene la custodia. La jueza niega su competencia en la materia y rechaza por eso la inhibición decidida el pasado 7 de enero por el Juzgado de Instrucción 4 de la misma ciudad, que en funciones de guardia sí acordó una serie de medidas provisionales que permiten al hijo de la denunciante permanecer por el momento en territorio español. La jueza de Violencia argumenta su decisión al exponer que los presuntos delitos denunciados no corresponden a un caso de violencia de género, sino "maltrato" en "violencia doméstica". En todo caso, las decisiones adoptadas por esta jueza no afectan a la suspensión de la orden de regreso que de forma provisional y urgente fue decretada el martes por Instrucción 4. A pesar de todo, los autos han sido recibidos con fuertes críticas del abogado defensor de Juana Rivas, Carlos Aránguez, contra la instructora, lo que ha provocado que a las pocas horas un centenar de juzgados de Violencia de toda España hayan emitido un comunicado muy duro en el que muestran su apoyo a la "compañera" y su "enérgica repulsa" contra las palabras del letrado.

Esta decisión del juzgado de Violencia sobre la Mujer provoca un posible conflicto de competencias entre juzgados que deberá resolver o bien el Decanato de los Juzgados de Granada en aplicación de sus normas de reparto o la Audiencia Provincial.

Las resoluciones de la jueza de Violencia llegan poco después de que en la noche del pasado martes, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada suspendiera de forma provisional de la orden de restitución del hijo menor de Juana Rivas con su padre a Italia, tal como había ordenado la Corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña). El menor, que reside en Carloforte, localidad italiana de la isla de San Pietro, en Cerdeña, donde está a cargo de su padre Francesco Arcuri, tenía que haber vuelto con su progenitor este miércoles y la medida adoptada por la juez de guardia, Susana Civantos, dejaba al niño en España de forma provisional. La decisión de la jueza de guardia había sido solicitada por la Fiscalía de Granada y la representación legal de la madre y se adoptó con el fin de proteger al menor. La medida se tomó después de que la jueza y el fiscal escucharan al menor durante una exploración celebrada en dependencias judiciales.

Tras adoptar esas medidas cautelares, la titular de Instrucción 4 se inhibió en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que un día después rechazó esa inhibición, lo que en la práctica significa que el caso ha pasado de un juzgado a otro sin que ninguno de ellos se declare competente, por lo que deja la situación del menor en un limbo judicial que tendrá que resolver el juez decano o la Audiencia. Según Aránguez, "en ningún modo acuerdan el regreso de Daniel -nombre de pila del niño- a Italia". "Es más, ante un posible conflicto negativo de competencia, la situación actual de medida de protección del menor en España se prolongaría varios meses", añade el letrado, quien se felicita porque el chico pueda "celebrar el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explica en un comunicado que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 incoó dilegencias previas, "pero solo a los efectos de resolver la demanda de inhibición y no con el fin de continuar ningún tipo de investigación judicial al amparo de los hechos planteados". Este mismo órgano judicial sigue tramitando otras diligencias previas "sobre un presunto maltrato del padre hacia el hijo menor ocurrido en Italia". En la demanda también se solicita la adopción de la medida cautelar de la no devolución del menor a Italia "para evitar que el progenitor pueda seguir maltratándolo". El Juzgado de Violencia archivó provisionalmente las diligencias al considerar que "del relato de hechos referidos por la denunciante no se desprendían indicios bastantes de delito alguno competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer".

En la misma resolución, el Juzgado acordó la remisión de testimonio "con carácter urgente" de los hechos relatados respecto del menor a los órganos judiciales italianos de la ciudad de Calaforte competentes en la causa penal ya abierta sobre los presuntos malos tratos hacia el menor ocurridos en Italia para que acordaran lo que proceda.

El archivo de las diligencias de Violencia fue recurrido por el letrado y está pendiente de resolver el recurso de reforma ante el mismo Juzgado de Violencia de Granada.

"Un hecho gravísimo"

Para el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, la decisión de la jueza Angulo "es un hecho gravísimo" porque la magistrada, que en este caso es especialista en violencia de género, "no comprende lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre". En una comunicación remitida a los periodistas, el letrado lamenta asimismo que "este nuevo conflicto de competencia dilata injustificadamente el procedimiento (una vez más), pero en absoluto altera la medida cautelar adoptada el pasado martes", mediante la cual se suspendía el regreso del niño al país transalpino. "Se queda aquí", dice contundente Aránguez, que promete seguir "luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva". Aun así, admite que la decisión de Angulo es un revés para Rivas ya que no consolidan de forma definitiva que el chico se quede en España "como habíamos solicitado", por lo que "ejercitaremos los recursos oportunos".

Carlos Aránguez ha criticado con contundencia a la jueza de Violencia sobre la Mujer de Granada. Comienza así su nota: "Quédense con este nombre: Aurora Angulo..." Para recordar que fue esta jueza la que "archivó en un cajón la denuncia que cursó Juana Rivas nada más llegar a España, huyendo de su maltratador, en fecha 12 de julio de 2016". "En concreto, dictó el auto de fecha 20 de julio de 2016, por el cual se acordaba el archivo de las actuaciones. De esta forma se incumplía flagrantemente el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, según el cual esta jueza debía haber ordenado la traducción de dicha denuncia, y la tendría que haber remitido a Italia. No lo hizo hasta más de un año después, en concreto el día 3 de agosto de 2017, cuando Francisca Granados desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena se dirigió a múltiples instancias administrativas y judiciales, denunciando ese lamentable error judicial", afirma Aránguez en un comunicado de prensa al que ha tenido acceso esta redacción.

En su relato histórico de los hechos, Aránguez fija en "la equivocación de la jueza Aurora Angulo" el "inicio a lo que ahora denominamos Caso Juana Rivas, porque desde Italia, como es sabido, el señor Arcuri alega sustracción internacional de menores, que ante la falta de consideración del contexto real del que venían huyendo Juana y sus hijos, desencadenó las nefastas consecuencias por todos conocidas", ha declarado el abogado de la madre de Maracena. Así que ahora lamenta nuevamente que el caso regrese a manos de Angulo "ocho años después", y que esta haya emitido el último auto aunque el martes el niño relatara "la violencia física y psíquica que ha ejercido su padre sobre él y el terror que siente ante la idea de retornar a Italia" ante la jueza de guardia.

El mismo abogado, sabedor de las "valoraciones muy negativas" que realiza sobre "algunas resoluciones dictadas en 2016 y 2025 por la jueza Aurora Angulo", ha dicho "asumir personalmente cualquier responsabilidad disciplinaria, penal o civil que puedan derivarse de mi comunicado de prensa". "Y también me reservo todas las acciones legales que puedan correspondernos, especialmente la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", concluye Aránguez.