Hito judicial: El caso Marchelo aterriza en la Audiencia de Granada para el juicio tras 17 años de proceso

Va a ser todo un hito judicial en España, pero de los más negativos. El mayor caso de presunta corrupción que ha tenido la provincia de Granada, abierto en el año 2006 en relación a asuntos del Ayuntamiento de Alhendín como el polígono industrial de Marchalhendín o la construcción de una enorme promoción inmobiliaria con miles de viviendas, llega a la Audiencia Provincial para ser enjuiciado 17 años después de sus inicios. Y el reloj sigue contando, porque es previsible que este órgano tarde algún tiempo más en señalar una fecha para la vista. El cómputo final podría aproximarse a las dos décadas de procedimiento judicial.

En 2021, la jueza de Instrucción de Santa Fe dictó el auto de apertura de juicio oral, para su celebración en la Audiencia de Granada, que es el órgano competente por el tipo de delitos y penas que pueden corresponder a los 19 acusados. Aquel paso ya llevaba la carga de la dilación, porque habían pasado más de 15 años desde la operación policial que fue noticia nacional. Se esperaba que el sumario del caso Marchelo saliera al fin del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe, por donde han pasado varios jueces durante todo este tiempo. Pero este paso se ha demorado otros dos años y no ha sido hasta el pasado 8 de septiembre cuando el letrado de administración de justicia de ese órgano ha firmado el decreto de traslado de las actuaciones a la Audiencia de Granada.

En el banquillo se sentarán al final de todo este largo proceso 14 personas físicas y 5 jurídicas, incluido el Ayuntamiento de Alhendín, como posibles responsables de más de una decena de delitos: tráfico de influencias, prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, cohecho, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, usurpación de inmueble con violencia o intimidación y apropiación indebida.

El auto fechado el 20 de octubre de 2021 por la jueza María José Méndez Susín, (y en el que se basa el decreto de ahora) resolvía mandar a juicio como acusados a casi todos los investigados durante estos largos años. Entre ellos están el exalcalde de Alhendín, José Guerrero; el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández, técnicos municipales e importantes empresarios como Fernando Rodríguez Acosta o dos hermanos Muñoz Tamara.

En aquel auto de apertura de juicio oral se señalaba que el Ayuntamiento de Alhendín ha dejado de ser acusación para mantenerse en la causa como posible responsable civil subsidiario, lo que supone que podría tener que responden económicamente de cualquier hecho delictivo que quedara probado.

En base a las acusaciones presentadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular de un empresario afectado representado por el letrado José Manuel Urquiza, la jueza abrió juicio oral tras la interminable investigación sustentando la causa en tres grandes bloques de hechos por los que se han formulado acusaciones. El primero es el de la construcción de una gasolinera y el cambio de uso que fue necesario para permitirla. El empresario que ejerce la acusación particular está vinculado a este asunto.

El segundo asunto es el del polígono industrial de Marchalhendín, un proyecto que ha dejado en la ruina a muchas personas y que siguen pendientes de este caso después de tantos años. Y el tercer tema es la urbanización de viviendas Novosur. Más de 1.500 viviendas construidas al borde de la autovía de la Costa.

En el mismo auto de apertura de juicio oral, la jueza establecía una serie de fianzas que tenían que pagar los acusados para cubrir las posibles responsabilidades económicas que se puedan derivar y que en total ascienden a 1.730.000 euros.

Pero esa cifra está muy por debajo de las primeras estimaciones que otros jueces han puesto en sus resoluciones durante estos años. En 2018 se cifraron en 27,3 millones de euros los posibles perjuicios económicos para las arcas públicas provocados por las supuestas actividades delictivas de las personas que se sentarán en el banquillo.

Una historia de recursos interminables

El asunto económico, sobre la cuantificación de los posibles perjuicios económicos a las arcas públicas, ha sido uno de los muchos motivos de retraso de este caso. En 2018, el juez que entonces llevaba el caso puso cifras concretas. La suma de las cantidades señaladas era de 27,3 millones de euros, un dinero que habría perdido el Ayuntamiento de Alhendín en cuatro grandes operaciones urbanísticas desarrolladas a comienzos de la década anterior en el área metropolitana de Granada. Estos datos revelan que se trata del caso de posible corrupción urbanística más importante de la historia de esta provincia y uno de los más gravosos para un ayuntamiento en el territorio nacional. Esto ocurría casi una década después de que otro juez cerrara en falso aquella investigación y abriera el camino a la celebración de un juicio.

Pero aquella resolución de 2009 fue recurrida por el Ayuntamiento de Alhendín (con el apoyo de la Fiscalía), al considerar que aún cabía practicar más diligencias de investigación para apuntalar la acusación contra los entonces imputados.

La Audiencia Provincial de Granada estimó al recurso y ordenó dar marcha atrás para hacer más averiguaciones, con rapapolvo incluido al juez por finalizar la fase de instrucción sin haber finalizado algunas diligencias. De este modo, la investigación se reanudó con una prórroga que al final duró otra década (más los 3 iniciales) y que luego se volvió a extender con nuevas periciales y valoraciones.

Casi todos los retrasos de este caso se han debido a la espera de recursos de casi todas las partes que han tardado años en resolverse.