Un hombre y una mujer de Guadahortuna se enfrentan a cinco años y medio de cárcel por tráfico de drogas

Granada/Cinco años y siete meses de cárcel, y casi 50.000 euros entre multas e indemnizaciones. Esta es la pena a la que se enfrentan desde este jueves un matrimonio al que se acusa de un delito contra la salud pública y otro de defraudación al fluido eléctrico por cultivar marihuana para su posterior venta en dos casa situadas en la localidad de Guadahortuna, en la comarca de Los Montes de Granada. Así se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso esta redacción, en una vista que se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Los hechos se remontan a aproximadamente el mes de noviembre de 2022, cuando el hombre G. G. F. y la mujer M. J. M. G., solo el primero con antecedentes penales vigentes pero no computables, decidieron instalar en su vivienda habitual de la localidad de Guadahortuna una plantación interior de marihuana "con el propósito de destinar el cannabis obtenido a la venta", y con ello "obtener un lucro ilícito". No solo eso, sino que la casa también era utilizada para preparar y elaborar dosis de otra droga, cocaína, que vendían a terceros desde el mismo lugar, según se desprende del escrito. No era el único lugar que los dos acusados utilizaban para estos fines. En otra calle del mismo pueblo "disponían" de una segunda vivienda, en este caso propiedad de la acusada, donde escondían una plantación de marihuana "a gran escala".

Fruto de un registro llevado a cabo el 10 de noviembre de 2022 en ambos inmuebles, la Guardia Civil realizó tres decomisos. El primero de ellos fue en la primera vivienda, en la que ambos vivían, en concreto en la tercera planta, donde los agentes encontraron 73 plantas de marihuana en una habitación, que tenían un peso total de 741,7 gramos y con un índice de THC, el principal psicoactivo del cannabis, un 1,7%. En el mismo espacio se hallaron doce focos, doce transformadores eléctricos y un filtro de carbono para climatizar e iluminar la plantación.

En la misma casa, en la primera planta, los agentes de la Benemérita decomisaron treinta dosis de cocaína, con un peso neto de 11,63 gramos, oculta bajo una mesa del salón, además de bolsas de plástico, alambres destinados a la preparación de dosis, y una báscula de precisión que todavía contaba con "restos de cocaína". La pericial determinó que la sustancia tenía una riqueza del 71,9%. En la planta intermedia hallaron, en el dormitorio de matrimonio, 780 euros en metálico supuestamente procedentes de la venta de las drogas, además de una carabina de aire comprimido.

En la otra vivienda de la pareja, la Guardia Civil se incautó del grueso de la marihuana, 310 plantas en estado de floración. De un lado, cogollos de cannabis con un THC del 17,6% y un peso de 6,68 kilos, y otro de hojas de cannabis de 2,6 kilos. Los presuntos delicuentes habían instalado la infraestructura necesaria para la plantación. Se decomisaron tres extractores de aire, 28 focos de iluminación, dos máquinas de aire acondicionado, un flitro de carbono, además de un aparato para deshojar y una secadora en una estancia aparte. La peritación cifra en 19.190 el precio que hubiera alcanzado en el mercado negro la venta de esta marihuana, a la que habría que sumar los 750 de la cocaína.

Para alimentar toda la estructura, el escrito de acusación indica que la pareja se habría enganchado de forma ilegal a la red eléctrica. En el registro, la Guardia Civil halló una doble acometida conectada a la red de la distribuidora Endesa (E-Distribución Redes Digitales SL), "utilizada por los acusados para obtener la energía necesaria para el desarrollo y crecimiento de las plantas, sin abonar el consumo". La estimación de la cantidad defraudada es de 534,35 y 8.497,37 euros, cerca de 9.000 según la empresa perjudicada.

Ante este relato de hechos, la Fiscalía solicita un total de cinco años y siete meses de prisión para cada uno de ellos, de los cuatro años y diez meses son por el delito contra la salud pública, y los nueve meses restantes por el de fraude al fluido eléctrico. No se quedan ahí las penas para los dos acusados, con una multa de 41.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago, además de otra de diez euros diarios durante nueve meses. Por si fuera poco, en caso de condena, tendrán que indemnizar a la compañía eléctrica con 9.031,32 euros mas intereses.