El informe del caso Serrallo confirma perjuicios económicos para la ciudad

Granada/Los inspectores de la Junta de Andalucía consultados por la jueza que investiga el caso Serrallo coinciden con la Policía en que la tramitación que hicieron el Ayuntamiento y el promotor privado de este sector urbanístico, donde se levantó el centro comercial, ha provocado un perjuicio económico para la ciudad que puede rondar los 300.000 euros, además de haberse producido varias irregularidades e incumplimientos de la normativa.

A la luz de este nuevo informe pericial, que parecía definitivo para el cierre de la fase de investigación, la jueza que instruye el caso ha decidido reactivar las pesquisas, con una nueva tanda de citaciones a los principales implicados y la imputación de nuevos delitos. La exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, el empresario Roberto García Arrabal y otros cuatro altos cargos municipales (entre ellos el interventor) tendrán que volver a declarar en sede judicial en noviembre para responder a cuestiones relacionadas con los hechos que pone de relieve el informe de los inspectores de Ordenación del Territorio. Están citados como investigados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Las conclusiones del informe de la Junta de Andalucía vienen a confirmar parte de las sospechas que ya reflejó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en un informe demoledor que remitió al Juzgado de Instrucción 2 en junio del año pasado. Aunque los instructores policiales cifraban en más de 2 millones de euros los ingresos que el promotor privado del sector del Serrallo habría dejado de ingresar en las arcas municipales, ellos mismos pedían que sus cálculos fueran evaluados por un informe pericial económico especializado en cuestiones urbanísticas.

Los inspectores de la Junta de Andalucía (que han declinado pronunciarse sobre posibles irregularidades en materia de contabilidad económica en el Ayuntamiento), sí han confirmado que en la tramitación urbanística del plan parcial del Serrallo se han producido incumplimientos de la normativa e, incluso, ese menoscabo económico para la ciudad apuntado por la Policía. Si bien, la cantidad que se ha calculado sería inferior a la inicialmente aportada por los agentes de la UDEF. "Las obligaciones de pago pendientes de justificar ascenderían a la cantidad de 306.932 euros", según concluye el último informe aportado.

El documento elaborado por la UDEF hace más de un año ponía de relieve que en el desarrollo de todo el plan parcial del Serrallo (con el centro comercial incluido) se habrían producido una serie de irregularidades que, según los agentes, eran indicios de que los responsables del Ayuntamiento habrían maniobrado durante años para facilitar al empresario García Arrabal la adquisición de todos los terrenos, su desarrollo y una condiciones urbanísticas y económicas favorables para él, aunque perjudiciales para la ciudad.

Uno de los hechos objetivos que destacan ambos informes es la ausencia de una liquidación definitiva del proyecto urbanístico en su conjunto, donde se hace un balance del cumplimiento de las obligaciones de todo tipo por todas las partes implicadas. A pesar de no existir ese documento y de que nunca llegara a aprobarse, el Ayuntamiento levantó las cargas que afectaban a estos terrenos para dar luz verde a su actividad. "Podemos compartir con carácter general las consideraciones expuestas en los informes de la Policía en relación a la improcedencia de levantar y cancelar las afecciones o cargas urbanísticas a que estaban sujetas las fincas de resultado sin que haya tenido lugar la liquidación de las cuentas definitivas", expone el informe de los inspectores de la Junta. Este paso se hizo mediante decreto firmado por la concejal de Urbanismo, previos informes positivos de varios funcionarios investigados.

Para hacer este informe, la Junta ha contado con las conclusiones de la Policía, además de las alegaciones presentadas por los principales investigados. Éstas tratan de justificar la ausencia en la contabilidad municipal de ingresos correspondientes a obligaciones del promotor privado mediante datos sobre obras realizadas por el mismo empresario, como un pago en especie.

Los inspectores de la Junta han hecho un cálculo de todos los datos aportados y han tenido en cuenta algunos de esos pagos en concepto de obras, si bien revelan que hay actuaciones fuera del sector urbanístico en cuestión (una rotonda y la urbanización de Las Conejeras) que no se pueden tener en cuenta porque se tenían que haber incluido en el proyecto de compensación aprobado.

En cuanto a otras obras de urbanización en el mismo sector del Serrallo con las que el empresario habría compensado el pago de algunas de sus obligaciones económicas, el informe es bastante revelador, pues pone de manifiesto que el Ayuntamiento habría admitido ese pago con una valoración de las obras por metro cuadrado que sería del 231% más del precio estimado en una obra normal de urbanización. Hay que tener en cuenta que si el municipio acepta esa compensación económica mediante la ejecución de obras, está dejando de sacar a concurso la contratación de esos trabajos, que quedarían directamente asignados a este promotor. Y a un precio muy alto, según los datos del informe pericial.