El denunciante del caso Serrallo: "Entregaba mis informes a los técnicos de Urbanismo y luego se perdían"

Granada/Durante sus 27 años como maestro de obras e inspector de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, siempre en la calle o en la Vega con su Vespa y su 4 L, Juan Santiago Pineda ha hecho cientos de informes y denuncias sobre construcciones ilegales que en demasiadas ocasiones "no iban a ninguna parte" -reconoce con frustración-. Ha tenido que ser ahora, ya jubilado y como un ciudadano más, cuando una de sus luchas -contra la construcción de una discoteca en la zona verde del Serrallo- ha dado un fruto tan espectacular como inesperado.

17 personas, entre las que están el que ha sido 16 años alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y casi todo su gobierno; uno de los principales promotores granadinos -Roberto García Arrabal- y los cargos técnicos de más relumbrón en Urbanismo, están procesados por la jueza de instrucción y a un paso de ser juzgados por graves delitos, con peticiones de largos años de cárcel. La Fiscalía también ha pedido que sean demolidas todas las construcciones que se hicieron allí y se restituya la zona a su estado original.

"Yo no imaginé a dónde podía llegar mi denuncia del Serrallo, solo sabía que aquello no se correspondía con lo que se había aprobado y estaba indignado". Juan Santiago, que se jubiló de su trabajo en Urbanismo en 2009 y además era representante vecinal en la junta de distrito Genil, conocía bien el proyecto del parque infantil previsto en esa zona porque recuerda que el exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García-Royo explicó y vendió como un logro de su gestión para la ciudad la adjudicación de ese contrato para el recinto de ocio infantil. Años más tarde, ya retirado, comenzó a ver que las obras que se hacían en aquel espacio de camino a su casa "no tenían nada que ver con lo que estaba aprobado".

Santiago Pineda reconoce que es el primer sorprendido por el recorrido judicial que ha tenido aquel escrito que presentó hace cinco años -el 16 de julio de 2013- ante todas las instituciones que pudo, el propio Ayuntamiento y sus grupos políticos, la Junta de Andalucía y, por si acaso, la Fiscalía Provincial. El Consistorio ni siquiera le respondió, pero la maquinaria judicial sí se puso en marcha y los responsables municipales al final tuvieron que responder, al ser citados por la jueza María Ángeles Jiménez.

El motivo de su sorpresa es la desoladora experiencia que acumula. Lleva bajo el brazo una carpeta en la que guarda fotos, documentos y dibujos con los que podría denunciar una larga lista de construcciones con diferentes irregularidades. Pero lo más importante está en su cabeza, porque conoce los planes urbanísticos de memoria y sabe lo que hay en cada palmo de terreno. Ha asumido casi con resignación la silenciosa permanencia de lo que él califica como "los falconcrés de la Vega". Enormes viviendas que se levantan camufladas en los papeles como naves de aperos de labranza. O construidas "a las bravas", sin ningún permiso, en zonas de especial protección.

Desde 1982, cuando entró al Ayuntamiento, Juan Santiago ha hecho cientos de informes sobre este tipo de construcciones y otras que ocupaban espacios públicos. Para eso tenía que desplazarse hasta esos lugares, constatar los datos y hacer reportajes fotográficos.

Pero pasaban los años y se fue dando cuenta de que su trabajo tenía poco resultado, especialmente cuando los afectados eran personas "de influencia y dinero". "Yo entregaba mis informes a los técnicos de Urbanismo y luego no aparecían, nadie me daba norte". Así las cosas, Juan decidió empezar a registrar oficialmente sus escritos antes de entregarlos a sus compañeros del área, de tal modo que después pudiera preguntar por ellos y su seguimiento, con un número y una referencia.

"Pero incluso así se perdían y además me llamaron la atención por registrarlos y por preguntar por documentos que no tenía que pedir", explica a este periódico el inspector retirado. Sus visitas a esos lugares que había que inspeccionar eran a veces conflictivas. "Me han lanzado perros, me he tenido que subir el techo del coche, me han tirado a las acequias, me han puesto denuncias y a veces he tenido que pedir auxilio a la Policía Local, pero en general siempre me he sentido muy poco protegido", rememora Juan Santiago.

El peor episodio de este tipo fue en 2003. Cuenta que una muchedumbre se dirigió a su casa -donde tuvo que encerrarse a cal y canto junto a su mujer y sus hijos- para amenazarlo, cuando el Ayuntamiento decidió derribar una vivienda en su barrio, Lancha del Genil, y los vecinos lo culpaban a él por ser inspector de Urbanismo. "Ya hubiera querido yo tener ese poder, entonces la Vega de Granada y parte del suelo urbano estarían limpios hoy", advierte este antiguo maestro de obras.

Su mayor decepción y sus peores críticas son para los políticos, de uno u otro signo, por su "complicidad" en el mejor de los casos. "La disciplina urbanística nunca ha interesado a ningún gobierno", lamenta el funcionario jubilado. Fue militante de base del Partido Socialista hace años pero es precisamente el actual gobierno municipal el que asegura que mayor frustración le ha producido. "En lugar de levantar las alfombras han metido más suciedad debajo y han echado cierres de seguridad en las ventanas". Asegura que ha pedido cita al alcalde Francisco Cuenca dos veces para explicarle otros casos de irregularidades urbanísticas y que no le ha contestado.

Santiago Pineda, que como denunciante, sigue personado en la causa judicial del Serrallo en calidad de acusación particular, asegura que las "calamidades" sufridas por el desempeño de su labor inspectora durante años, no han sido menos en este caso tan importante. No ha habido perros, ni insultos, ni una turba en su puerta, pero sí una revisión exhaustiva de su vida para ver en qué se le podía hacer daño. Explica que la Concejalía de Urbanismo (la misma para la que trabajó 27 años) le abrió un expediente de disciplina urbanística por una pérgola de madera en un balcón de su vivienda. Los 1,2 metros que le obligaron a quitar fueron considerados una "infracción grave" y tuvo que pedir un préstamos para pagar los casi 6.000 euros de la sanción.

En estos últimos años también asegura que ha sufrido un allanamiento en su casa, donde encontró todos sus papeles revueltos. Sin poder demostrar relación entre estos hechos y su denuncia, en el momento de esta entrevista con Granada Hoy, Santiago Pineda estaba convencido de haber sido objeto de un especial seguimiento.

Solo unas horas después de esa conversación, este mismo medio tuvo acceso y publicó un informe de la Policía enviado al Juzgado de Instrucción 2 de Granada en el que se daba constancia de correos y mensajes entre la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros cargos municipales, en los que hablaban de investigar y hacer un seguimiento de los apoyos de Juan Santiago, por su denuncia del caso Serrallo.

A pesar de las "represalias" que asegura haber sufrido no llegó a dar marcha atrás. Al contrario, cuando el Ayuntamiento comenzó a tramitar su polémica Ordenanza de Edificación, que fue derogada por los tribunales el año pasado, Juan Santiago también puso alegaciones al documento en el periodo de exposición pública y alertó a la Junta de Andalucía, que fue la que llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. "Si no fuera por mis protestas, todo lo del Serrallo estaría legalizado", afirma Juan con más pena que orgullo en sus palabras.