Una red sacaba inmigrantes de Canarias para empadronarlos en Granada

Granada/Más vueltas con la polémica y los múltiples interrogantes que suscitan los traslados de inmigrantes desde Canarias a otras ciudades de la Península. La exclusiva del diario digital Voz Pópuli apunta a que una trama criminal sacaba a extranjeros recién llegados a las islas para empadronarlos en Granada. Según la información de dicho medio, una nota interna de la Policía Nacional que se emitió el pasado día 4 de diciembre revelaba un despliegue ante la posibilidad de la llegada de un vuelo con inmigrantes ilegales y documentación falsa.

En dicho documento policial también se anunciaba la reciente desarticulación de una red criminal que facilitaba el empadronamiento en Granada, por lo que en el Aeropuerto García Lorca se desplegaron agentes con el objetivo de buscar personas que estaban implicadas en esta 'legalización' de personas de terceros estados.

Por otra parte, el Gobierno ha descartado organizar traslados de inmigrantes irregulares a la Península para descongestionar Canarias, pero no todas las personas que llegan a sus costas se quedan en las islas: nada les impide coger un vuelo si cuentan con documentación y recursos económicos.

Fuentes policiales y de organizaciones vinculadas a la inmigración consultadas por Efe explican el complejo control de estos flujos que han despertado polémica en comunidades como la valenciana o la andaluza y que resultan imposibles de cuantificar.

El Gobierno considera que repartir de forma solidaria a los inmigrantes llegados a Canarias entre las distintas comunidades autónomas, como se hizo en la crisis de los cayucos de 2006, alentaría a las mafias y podría generar un efecto llamada. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska negó ayer que se estén autorizando traslados incontrolados a la PenínsulaFernando Grande Marlaska negó ayer que se estén autorizando traslados incontrolados a la Península y reiteró que el Gobierno sólo ha organizado algunas reubicaciones atendiendo a dos criterios: que sean personas en situación de vulnerabilidad o que puedan ser susceptibles de protección internacional.

De esos traslados, cerca de 2.000 entre enero y noviembre, tendrían conocimiento las autoridades autonómicas y en ellos colaboran las ONG encargadas de la acogida de extranjeros. No es el caso de quienes han llegado en los últimos días desde Canarias a Granada, Valencia y otras ciudades de la Península.

Son personas que, según el Gobierno, se pagan un billete en un vuelo comercial de su bolsillo para salir de las islas, donde ninguna ley les retiene. Cuando un inmigrante arriba a las costas españolas y no tiene opciones de obtener protección internacional, como asilo o refugio, se le abre un expediente de expulsión, pero la deportación no siempre es factible porque su país de origen no la acepta. Con la pandemia, las devoluciones se han visto restringidas al máximo, incluso con países con los que existen acuerdos de repatriación.

Pasadas 72 horas, periodo que se dedica al control médico, la prueba PCR y la filiación, estas personas tienen libertad de movimientos si no hay perspectivas de que se pueda ejecutar su devolución en 60 días, periodo máximo que pueden estar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).