Una inspección en la Escuela de Flamenco sanciona a la ciudad con 105.000 euros

"Cuatro años de piratería laboral del PP". Con estas palabras el portavoz del equipo de gobierno del PSOE, Baldomero Oliver, introducía ayer la explicación del nuevo revés económico que ha sacudido al Ayuntamiento de la capital. A saber; esta vez el 'susto' llega después de que la Inspección de Trabajo llamara el pasado mes de junio a las puertas de la Escuela de Flamenco, situada en la zona Norte. En aquella visita los inspectores concluyeron que la empresa pública Granada Eventos Globales S. A. (Gegsa) no había dado de alta en la Seguridad Social a cinco trabajadores (todos profesores del centro), a los que el PP tenía como "falsos autónomos" según el inspector de trabajo.

La situación, que fue notificada a través de la Inspección de Trabajo "puede tener consecuencias muy graves" para la Escuela de Flamenco y para la propia empresa pública Gegsa si recordamos la advertencia del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos comunicando el negro futuro de las empresas públicas con pérdidas.

Y es que la sanción que impone la Inspección de Trabajo pone en un (otro...) serio aprieto al Ayuntamiento. De momento le obliga a pagar una multa de 105.000 euros y, de oficio, la inspección ha dado de alta como personal laboral indefinido a tiempo parcial en Gegsa a los cinco trabajadores. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Baldomero Oliver, dijo ayer que el Ayuntamiento va a recurrir la sanción ante la Inspección de Trabajo. "Buscaremos una solución a esta situación que ha creado el PP y que puede poner en peligro a la Escuela de Flamenco, puesta en marcha en 2010, y a la empresa municipal que la ha dirigido con una encomienda de gestión desde el año 2011", apuntó Baldomero Oliver.

"La relación que Gegsa mantenía con estos empleados encubría un contrato laboral", relató el concejal socialista, ateniéndose a lo que señaló el inspector de Trabajo en su informe acerca de unas contrataciones que se hicieron en 2011 en unas circunstancias "absolutamente inapropiadas" que para Baldomero Oliver eran "semiesclavitud".

Era un "fraude de ley" porque "no cobraban horas extras y no tenían reguladas vacaciones ni estaban vinculados a convenio colectivo pero sí contaron en sus servicios por horas con un elemento de retribución que respondía a criterios propios de un contrato laboral", indicó Oliver subrayando la 'casualidad' de que la inspección se produjera el pasado día 9 de junio, poco después de que el PSOE llegara al gobierno de la ciudad.

Por su parte la concejal de Cultura, María de Leyva, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de los alumnos y anunció que las matriculaciones se resolverán en paralelo a las labores para buscar soluciones que garanticen el futuro de la escuela.