Investigadores que vinieron a Granada con dos programas de captación de talento critican que la UGR no se hace cargo de la totalidad de las cuotas patronales

Investigadores que vinieron a la Universidad de Granada gracias a dos programas de captación de talento científico, bautizados como Margarita Salas y María Zambrano, han hecho público que la Universidad de Granada les ha abonado sólo una parte de las cuotas patronales que reclaman.

Estos investigadores vinieron tras dejar atrás contratos en instituciones de otros países. De hecho, una de las condiciones para ser beneficiario era estar en activo como investigador. El programa suponía en ocasiones volver a la universidad en la que se habían formado y además con un salario atractivo, de 4.000 euros mensuales.

Algunas universidades, como la de Granada, procedieron a detraer de esa cantidad las cuotas patronales de la Seguridad Social. El Tribunal Supremo, en sentencia, dio la razón el pasado 2024 a investigadores de la Universidad de Valladolid en su reclamación de que fueran las universidades las que soportaran esas cuotas y se les devolviera el importe de esas cuotas.

Tras la sentencia del TS la Universidad de Granada comunicó que abonaría ese dinero. A la vez solicitaba ayuda al Ministerio de Ciencia y Universidades para hacer frente al pago de una cantidad que según explicó el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UGR, Enrique Herrera, ascendía a unos tres millones de euros. Los beneficiarios en el caso de la universidad granadina serían, según se informó entonces, 145 investigadores.

Resolución

Este mismo mes de febrero la Universidad de Granada ha remitido a los investigadores afectados una resolución del rector, Pedro Mercado, por el que se reconocen atrasos al personal investigador de las convocatorias Margarita Salas y María Zambrano en la modalidad júnior.

Esta resolución señala que la "indefinición del marco legal establecido" por el Real Decreto que daba soporte a las ayudas "no concretaba" si estas incluían el coste de la cuota patronal. Al no concretarse este punto las convocatorias realizadas por la Universidad de Granada establecieron, señala la resolución, que "el salario bruto ofertado era una cantidad que no incluía la cuota patronal, y los aspirantes así lo aceptaron con su participación, sin perjuicio que también se indicara, a efectos informativos, el coste toral del contrato que coincidía con la cantidad obtenida por la ayuda".

El mismo documento de la Universidad de Granada recoge que CCOO reclamó ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) "contra todas las universidades andaluzas" por las diferencias salariales de 138 trabajadores de la UGR, 99 de ellos beneficiarios de las ayudas Margarita Salas y el resto, 39, del programa María Zambrano júnior, "por el importe del salario bruto realmente ofertado en la convocatoria y percibido por los trabajadores y el consignado por el Ministerio como Ayuda". Esa reclamación está actualmente suspendida.

La UGR señala en la misma resolución que la Secretaría General de Universidades del Ministerio informó a los rectores que los gastos "aun no previéndose taxativamente en las bases reguladoras" que tengan que ver con la actividad de los programas "podrán tener carácter subvencionable".

Por otro lado, la Universidad de Granada apunta a que no tienen ninguna sentencia "condenatoria", pero que el fallo del Supremo y la posibilidad abierta por el Ministerio de que se abonen los costes de las cuotas patronales permiten autorizar el abono de dichas cuotas que reclamaban los investigadores. Eso sí, establece periodos de prescripción.

9.000 euros menos

Así, la Universidad granadina abonaría a los 138 científicos las cuotas devengadas un año antes de la presentación de la reclamación, "esto es, desde enero de 2023 a diciembre del mismo año" y de enero del 24 a enero del 25 para aquellos que en dichas fechas tuvieran contrato en vigor.

En la práctica, denuncian los investigadores, esto supone que la cuantía que percibirán será notablemente menor a lo previsto. En uno de los casos, “me quitan de septiembre a enero. Me siguen faltando alrededor de 9.000 euros” , afirma una afectada. A otro investigador de la Universidad de Almería (donde también se ha realizado una resolución similar) se le ha comunicado el abono de 7.000 de los 24.000 euros que asegura que se le deberían pagar.

Estos investigadores además alegan que la mayoría de las universidades españolas no han aplicado estos plazos de prescripción, plazo que consideran que es nulo.

Respuesta de la UGR

Por parte de la Universidad de Granada se indicó en un mensaje remitido por la Oficina de Gestión de la Comunicación que "los afectados están recibiendo personalmente las notificaciones de las resoluciones y por tanto no creemos oportuno entrar a valorar el contenido de las mismas hasta que las reciban y tengan las vías para en su caso recurrirlas".

"Sí queremos manifestar que las resoluciones de concesión han alcanzado todo el periodo que legalmente estamos habilitados para abonar y han tenido un coste, incluida la cuota patronal a la seguridad social, de más de 1,5 millones de euros en la Universidad de Granada, con un total de 138 beneficiarios, satisfaciendo así una reivindicación muy importante de este colectivo de investigadores e investigadoras", finaliza el comunicado.