La jerarquía en la trama de corrupción

Políticos con decenas de propiedades inmobiliarias no siempre declaradas, promotores que 'venden' casas a los mismos funcionarios que dan luz verde a sus operaciones urbanísticas, transferencias a Andorra, coches de lujo y entramados empresariales. Las pesquisas policiales que dieron lugar al espectacular operativo de detenciones y registros en Granada el pasado abril ya apuntaban a una "trama organizada corrupta" dentro del Ayuntamiento de la capital, que "de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando a diferentes promotores urbanísticos, en contra de los intereses generales de la ciudad". Y todo eso, aporta la Policía, con beneficio para los implicados.

La investigación da por hecho que las presuntas irregularidades no se cometían aleatoriamente, sino que existía una "estructura de poder" y una "jerarquía" que, curiosamente, no se correspondía directamente con el organigrama municipal ni de la Concejalía de Urbanismo.

Los informes que asume la juez de Instrucción número 2 de Granada para autorizar las detenciones y los registros el día antes de la operación policial sitúan claramente en la cabeza de la trama al ex alcalde, José Torres Hurtado.

Pero la pirámide de poder no continúa su orden lógico en función de los cargos de responsabilidad, pues la persona que la Policía coloca en el número 2 es el jefe de Obras de Urbanismo, Manuel Lorente. Luego señala la Policía a la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y a un grupo de funcionarios de su área, además del interventor y la secretaria municipal como partícipes de la trama, que cumplían su función "al dictado" de los anteriores.

Los directamente beneficiados serían principalmente tres empresarios, José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén, que en aquellos años fueron los más activos en el Urbanismo. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal preparó unos amplios informes sobre cada una de las personas señaladas en la investigación, incluyendo datos sobre su patrimonio, vínculos familiares, relaciones con otros investigados y su papel en la supuesta trama. Según los datos actuales del sumario, estas investigaciones se están ampliando con pesquisas sobre las cuentas bancarias y las comunicaciones de los implicados.

José Torres Hurtado

La Policía asegura que se benefició de las decisiones urbanísticas.

"No existe coincidencia alguna con el valor catastral expuesto en la declaraciones de bienes y derechos patrimoniales publicada por José Torres Hurtado el 27 de octubre de 2015". La Policía ha constatado que las propiedades inmobiliarias que en un primer momento localizaron a nombre del exregidor no se corresponden con la declaración que han de presentar los cargos públicos a la entrada y a la salida de sus puestos.

En la ficha policial de Torres Hurtado creada para la investigación del caso Nazarí aparecen a su nombre (aunque con diferentes porcentajes de participación) 15 propiedades inmobiliarias cuyo valor catastral (que suele ser inferior al valor de mercado) suma casi 600.000 euros.

Además del piso de Obispo Hurtado donde reside y fue detenido el pasado 13 de abril, el exalcalde tiene otros 3 inmuebles en el número 34 de Gomérez, otra propiedad residencial de 204 metros en Camino Real de los Neveros, otra vivienda en Marbella de 171 metros, varias cocheras en la ciudad, fincas y casas en en el municipio de Píñar.

En el informe no aparecen participaciones en sociedades mercantiles, salvo en las que participaba como representante del Ayuntamiento de Granada.

En el apartado de relaciones con otros investigados, José Torres Hurtado aparece al frente de la "trama organizada corrupta", que alteraba "el normal funcionamiento de Urbanismo, contraviniendo en muchos casos la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales".

A juicio de los instructores, el antiguo alcalde habría favorecido los intereses de los promotores también implicados en este caso y "habría sido directamente beneficiado en este tipo de decisiones urbanísticas adoptadas de forma injusta". Los tres empresarios habrían "colaborado y cooperado en varias operaciones y desarrollos urbanísticos de Granada, así como en la licitación de adjudicaciones de contratos de obra de servicios de obra pública ofertada por el Ayuntamiento de Granada".

Según los testimonios y pruebas en poder de la Policía, en el Ayuntamiento se celebraban reuniones en las que se imponía el criterio de los cabecillas de la trama, especialmente el del alcalde.

Cita el informe un caso concreto relatado por el anterior director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, sobre una reunión convocada por el alcalde en la que también estuvieron presentes Isabel Nieto, Manuel Lorente y otros funcionarios y cargos de Urbanismo que están siendo investigados. El tema del encuentro era el asunto urbanístico del Cerrillo de Maracena. De la Rosa asegura que propuso exigir a los empresarios un procedimiento que garantizaría el pago al Ayuntamiento de los 8 millones de euros que adeudaban a la ciudad. Pero que el alcalde "manifestó que eso no podía ser, sin dar explicación alguna, acabando sin más la reunión".

Según el reparto de funciones relatado, tanto Torres Hurtado como Nieto actuarían como órganos directivos, firmando los decretos.

Las declaraciones aportadas por los testigos han sido claves en esta investigación, sobre todo porque en muchos casos son trabajadores del Ayuntamiento. También se llevaron a cabo vigilancias de algunos de los investigados, aunque en este informe no hay resultados concluyentes de estas actuaciones.

Isabel Nieto

Correos privados con García Arrabal sobre operaciones.

La exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, aparece en la jerarquía de la trama esbozada por la Policía justo por debajo del exalcalde y Manuel Lorente. Sería la "tercera persona en la cúspide", designada por José Torres para dirigir la concejalía con el encargo de resolver los problemas de los asuntos urbanísticos que afectaban hasta ese momento al promotor José Julián Romero.

Entre la información que aparece en el sumario, hay constancia del hallazgo de una serie de correos electrónicos privados entre la anterior concejal de Urbanismo y el empresario Roberto García Arrabal. Son conversaciones a través de una cuenta de correo privado de la exedil que van desde 2010 hasta 2012. "Se observa cómo el empresario y promotor, fuera de los canales oficiales establecidos en Urbanismo, presuntamente estarían intercambiando cierta información y llegando a acuerdos con la concejal acerca de expedientes urbanísticos que estaría desarrollando el Ayuntamiento de Granada".

En esas conversaciones por correo electrónico privado, se recogen, según el auto judicial, "referencias a las actuaciones de sus subordinados y del conocimiento a través de la propia concejal por parte del alcalde.

A la vista de esta información obtenida en los dispositivos electrónicos que se tomaron durante los registros del pasado 13 de abril, la jueza del caso expide un mandamiento judicial a Microsoft Corporation, en Estados Unidos, para que facilite todos los datos de esta cuenta de correo de hotmail. Y pide una comisión rogatoria internacional dirigida a las autoridades de Estados Unidos para acceder al contenido completo del correo electrónico desde su creación hasta hoy.

En la información patrimonial de Isabel Nieto aparecen 10 propiedades inmobiliarias en las que tiene alguna participación, con un valor catastral total de unos 740.000 euros. Como ocurre con Torres Hurtado, la Policía señala que la información no coincide con su declaración de bienes presentada en el Ayuntamiento, como requisito legal. Tiene pisos y garajes en Granada, Marbella y Ronda.

El informe también apunta que ella era la encargada de "coaccionar" a los funcionarios para que obraran según sus directrices.

Manuel Llorente

Propietario de pisos y coches de promotores implicados.

El patrimonio del que fue gerente de Urbanismo y luego director de Obras, es el más extenso de los que constan en el informe policial. Aparecen trece propiedades inmobiliarias con un valor catastral conjunto de más de 700.000 euros (aunque su participación es casi siempre compartida con su esposa). Pero esto podría duplicarse si se incorporan las propiedades que, según una información notarial de la que dispone la Policía, habría comprado el funcionario a García Arrabal en la urbanización Parque Lagos. Serían seis pisos valorados en 703.000 euros y que se pagaron con cheques y transferencias. El informe constata "la existencia de relaciones en el ámbito económico-mercantil privado".

Su relación con este promotor no se limita a esto, pues la Policía constata que dos hijos de Lorente tendrían vinculaciones directas con el empresario, al haber sido trabajadores de sus empresas e incluso aparecer como administrador mancomunado de un negocio de García Arrabal, en el caso de su hijo, y fiadores de préstamos de sociedades del promotor.

También disponen este investigado y su esposa de vehículos de lujo marca BMW que le habría vendido la empresa Nevauto, propiedad del empresario José Julián Romero, también investigado. La Policía menciona la estrecha relación de amistad entre ambos.

Roberto García Arrabal

Relaciones con los funcionarios y transferencias a cuentas en Andorra.

Los datos obtenidos en la investigación patrimonial ponen de relieve, según la Policía, que existían "relaciones en el ámbito económico-mercantil privado", más allá de lo puramente laboral. García Arrabal sería uno de los empresarios más beneficiados por la supuesta trama corrupta y mantendría vínculos privados y económicos con Isabel Nieto, Manuel Lorente o Emilio Martín. Se investiga también una transferencia ordenada a cuentas de Andorra.

José Julián Romero

Vuelven las sospechas por su amistad reconocida con Lorente

La relación de amistad nunca escondida entre el empresario y el dirigente de Urbanismo Manuel Lorente vuelve a generar sospechas de actividades ilícitas para beneficiar a ambos. La Policía investiga los coches de marca BMW que el promotor le habría vendido al funcionario y los informes firmados por éste que favorecerían operaciones urbanísticas como la de Casería de San Jerónimo. También se investiga la concesión de aparcamientos al promotor.

Enrique Legerén Félix

"Monopolio" de aparcamientos y obras municipales en la ciudad.

"Es otro empresario beneficiado a través de sus sociedades" en las adjudicaciones "de forma irregular" de la construcción y explotación de cinco aparcamientos públicos en Granada mediante un derecho de tanteo o adquisición preferente. También se considera a su empresa El Partal, la que tenía el "monopolio" de las obras públicas municipales en la ciudad, por la adjudicación del Ayuntamiento. Era socio de Arrabal y Julián Romero.

Mercedes López Domech

La secretaria tiene un patrimonio valorado en más de un millón.

Mercedes López es la secretaria del Ayuntamiento, un cargo de alta funcionaria que debe velar por la legalidad de ciertos procedimientos. La investigación policial le atribuye propiedades inmobiliarias con un valor catastral de más de un millón de euros. Una vivienda en la capital de 201.293 euros y otra en la calle Ermita, de 822.000 de valor catastral a nombre de una fundación que al Policía le atribuye a la funcionaria.

Francisco Aguilera González

El interventor que debía velar por la legalidad, en el punto de mira.

Como interventor, Francisco Aguilera, tiene a su cargo el control de la gestión económico-financiera en el Ayuntamiento. Debe informar de la legalidad de cada ingreso, gasto o pago, "siendo responsable personalmente si no formula reparo en los casos de ilegalidad". Y esto es lo que la Policía le atribuye en varios de los expedientes rubanísticos que se están investigando, especialmente el del pabellón Mulhacén construido por García Arrabal y el del Registrador.

Emilio Martín Herrera

Otro funcionario con propiedades compradas a García Arrabal.

Este funcionario era uno de los altos cargos de Urbanismo que la investigación sitúa al frente de la trama. Encaragado del otorgamiento de licencias por parte del Ayuntamiento, era una persona clave para el desarrollo de las promociones urbanísticas. Respecto a la investigación patrimonial, destaca la compra de una vivienda al promotor Roberto García Arrabal. Se le atribuyen informes favorables para desbloquear asuntos investigados.