El juez de Granada Ricardo Puyol, elegido director de la Oficina contra el Fraude de Andalucía

Granada/El magistrado granadino Ricardo Puyol ha sido elegido este jueves por el Parlamento para dirigir la nueva Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, una designación que se ha retrasado quince días al no lograr el respaldo necesario de los tres quintos de la Cámara en primera votación.

En la votación en urna celebrada la tarde de este jueves, Puyol ha obtenido el apoyo del PP, Cs, Vox y Unidas Podemos, los mismos grupos que le respaldaron hace quince días, aunque en esta ocasión bastaba con la mayoría absoluta para su nombramiento.

Pese a que los miembros de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Parlamento andaluz valoró su idoneidad para representar el cargo, Puyol, candidato propuesto por Ciudadanos, no consiguió la mayoría necesaria para ser designado en primera votación, ya que el PSOE y diputados no adscritos se abstuvieron.

Ningún otro partido presentó una candidatura alternativa, pero el PSOE y Unidas Podemos criticaron que la formación naranja no consensuara previamente su propuesta con el resto de los grupos, si bien Unidas Podemos votó a favor del nombramiento ya en primera votación.

Puyol es magistrado de carrera desde el 2001 y ha efectuado esta labor en las provincias de Almería, Málaga y Granada. El magistrado se ha enfrentado, a lo largo de su trayectoria profesional, a casos de corrupción política y administrativa cuando ejerció en Marbella (Málaga) en coincidencia con el periodo en que afloraron los principales casos que afectaron a ese Ayuntamiento.

La creación de la oficina que va a dirigir ahora estaba prevista en la ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, y estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno.

El nuevo órgano tendrá competencias para prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien malas prácticas.

Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones, como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas.

Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones.