El juez no ve delito en el operativo en el Cerro de San Miguel y archiva la causa

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado el archivo provisional de la causa abierta por el operativo desarrollado en enero del año pasado en el entorno de las cuevas del Cerro de San Miguel, después de que varios moradores lo llevaran a los tribunales por entender que fue ilegal.

El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos de Cuevas del Sacromonte y otros residentes del entorno que mantienen que se accedió al interior de los patios de sus cuevas sin su consentimiento, provocando daños y siendo algunos retenidos en el interior sin orden judicial que lo amparase.

En la causa figuraban como investigados el que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, el jefe del operativo y también el entonces jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, sin embargo el juez ha descartado que cometieran delito alguno con esta actuación, según consta en un reciente auto al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso.

Entre otras diligencias, el juez solicitó al Ayuntamiento y a la Policía Local que informaran de los pormenores del operativo en el que también intervinieron trabajadores de Inagra y de las empresas suministradoras de luz y agua. El consistorio, ya gobernado por el PP, ha defendido la actuación aludiendo a las ocupaciones ilegales que existen en el Cerro de San Miguel y que provocan "problemas de seguridad, salubridad y convivencia".

De hecho, en el informe remitido al juez, consultado por Europa Press, el consistorio describe cómo a lo largo de los últimos años se ha tratado de acabar con esta problemática de gran complejidad y explica que está redactando un Plan Especial para desarrollar un proyecto global y definitivo que lo solucione.

Hasta que sea posible la ejecución del proyecto de parque periurbano que se ha proyectado, se están desarrollando actuaciones específicas de limpieza para evitar la acumulación de escombros como la que se llevó a cabo el 26 de enero del año pasado, que se centró en eliminar la vegetación que invadía la muralla zirí, declarada Bien de Interés Cultural, así como cultivos y sistemas de riego irregulares que le afectaban.

Recalca el consistorio que en ningún momento la intervención planteó intervenir en las cuevas, ni en su interior, ni tampoco en los edificaciones adosadas a ellas.

Desde la Policía Local agregan que la intervención dio también respuesta a "reiteradas" denuncias de los vecinos en las que muestran "su preocupación por el aumento de la inseguridad en la zona debido fundamentalmente a los moradores de las cuevas", si bien en el operativo se estableció que no se actuaría sobre las ocupaciones por estar "pendientes de resolución judicial".

Los agentes sí hicieron labores de identificación y una persona fue detenida por tener una reclamación judicial pendiente. Endesa localizó y desmontó 14 enganches ilegales y Emasagra cortó por su parte todas las conexiones irregulares de agua que había en el cerro y que surtían a distintas cuevas.

Inagra retiró 4.000 kilos de residuos en el entorno más próximo a la muralla zirí en el marco de este mismo operativo que se prolongó durante cuatro horas y que, según refleja la Policía Local, se saldó sin incidentes aunque se vivieron momentos de cierta tensión.