El juez que investiga a Cuenca cita a los contratistas "privilegiados"

Sevilla - granada/La causa en la que está investigado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), reactivada por el juez el pasado julio, emprende este mes una nueva fase de declaraciones. El juez de refuerzo en Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ampliado con cuatro nuevos investigados la instrucción abierta en 2013 por la realización de contratos privados "privilegiados" a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, pudiendo de este modo haber usurpado presuntamente de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tenían atribuido este cometido.

El juez ha dictado un auto en el que acuerda la imputación de otras cuatro personas, todas ellas contratistas, que declararán el próximo 22 de octubre, día en el que también han sido citadas a declarar otras cuatro personas que ya figuraban como investigados: tres funcionarios de la delegación provincial de Economía e Innovación en Málaga y la jefa de servicio de la dirección general de Economía Social de la Consejería de Economía, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

Se da la circunstancia de que sobre la jefa de servicio se había acordado el sobreseimiento en un auto del 21 de octubre de 2016, si bien el magistrado decidió el 16 de julio de 2018 la reapertura de las actuaciones contra esta funcionara a la vista de las diligencias posteriores recibidas por el juzgado, lo que ha motivado que el juez haya decidido citarla de nuevo a declarar.

En ese mismo auto del 16 de julio, el juez José Ignacio Vilaplana desestimó la solicitud de sobreseimiento que había solicitado la defensa del alcalde, Francisco Cuenca, al poner de manifiesto que la instrucción de la causa no estaba concluida y todavía quedaban diligencias por practicar. Además, el juez puso de relieve las conclusiones que hasta ese momento tenía la Guardia Civil sobre sus pesquisas en este caso, las cuales justificarían las imputaciones de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones públicas.

En aquel mismo auto ya avanzó el juez su decisión de incrementar la lista de investigados, en su mayoría los contratistas (empresarios, cooperativistas y autónomos), por su posible implicación en esta causa como supuestos beneficiados de "adjudicaciones directas" a través de mecanismos como una memoria justificativa para asignar contratos "fraccionados" y evitar la libre concurrencia.

Entre los contratos que habría adjudicado el propio alcalde de Granada cuando era delegado de la Junta en esta provincia, hay dos empresas (Grupo Bureau Veritas y CRL Consultores y Asesores Asociados SCA) cuyos responsables ya forman parte de esta causa como investigados. Una de esas cooperativas fue creada un mes antes de obtener el contrato y el juez destacó en su auto de julio que no reunía los requisitos exigidos.

Francisco Cuenca ya acudió a declarar al juzgado de Sevilla en diciembre de 2016, donde aseguró que siempre actuó con "total transparencia" y siguiendo las "instrucciones de la dirección general" en su etapa como delegado de Economía de la Junta en Granada, en relación con su citación como investigado por el juez José Ignacio Vilaplana.

El regidor granadino defendió que cumplió las "instrucciones" que recibía de la dirección general de la Consejería "con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas, de jornadas en las que había que hacer un seguimiento".

Los contratos que el juez considera fraccionados para aparecer como menores, son para el regidor "ajustados y contaban con los informes preceptivos y las instrucciones de la dirección general y de la jefatura de Servicio", por lo que se limitó a tramitarlos. "Es el único papel mío. ¿Dónde están aquí los motivos para poner en cuestión mi honorabilidad y honestidad?", se cuestionó ante los periodistas.

Preguntado por si esos contratos con empresas privadas se realizaron de manera correcta, Cuenca insistió en que está "convencido" de ello y añadió que este asunto versa sobre cuestiones "meramente administrativas".

La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) que denunció unos hechos en los que se podría haber incurrido en delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.