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Tribunales
Granada/El caso Emucesa sigue adelante. El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha decidido procesar a ocho de las nueve personas que estaban siendo investigadas en esta causa relacionada con supuestas contrataciones fantasma en la empresa que gestiona el cementerio municipal durante los anteriores mandatos del PP en la capital. De esta forma, se encuentran a un paso del banquillos dos exediles populares que fueron consejeros delegados de Emucesa en sendas etapas como son Eduardo Moral y María Francés, que ha sido concejal en estos últimos cuatro años.
Ambos ya declararon en marzo de 2018 ante el juez instructor justificando que tenían potestad para hacer los fichajes de personas que fueran de su máxima confianza, con la idea de desempeñar las funciones que ellos mismos no tenían tiempo de desarrollar. De hecho, Moral llegó a afirmar que los contratados eran "correa de transmisión" entre la empresa y el equipo de gobierno de entonces.
En el auto fechado el martes pasado, al que ha tenido acceso este periódico, el Juzgado de Instrucción 9 de Granada ve "indicios suficientes" para seguir por procedimiento abreviado las actuaciones contra estas ocho personas. En concreto, el juez señala que hay "indicios suficientes" para atribuirles posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, dejación intencionada de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, malversación de caudales públicos y fraude de prestaciones de la Seguridad Social.
Las diligencias se abrieron tras la denuncia de Eduardo del Moral y María Francés para poner en conocimiento una serie de hechos que ya estaban siendo objeto de las diligencias de investigación penal ante la Fiscalía a petición del partido Vamos Granada.
Según el juez, resulta "indiciariamente" de lo actuado que, en su rol en su día como consejeros delegados en Emucesa y en el periodo entre el 21 de julio de 2003 y 16 de enero de 2012 contrataron los servicios de seis personas. Sus trabajos fueron remunerados y, en su caso, no se desempeñaron como establecían sus contratos de alta dirección en las oficinas y dependencias de Emucesa, situadas en el cementerio de Granada, habiendo percibido los trabajadores prestaciones de la Seguridad Social, según recoge el auto.
Este procesamiento se produce después de que el pasado marzo la Audiencia de Granada rechazara el archivo de la causa solicitado por algunos investigados en el caso Emucesa al desestimar los recursos de apelación interpuestos por los afectados, entre ellos Francés, que pedían el sobreseimiento, al destacar que esos altos directivos contratados por la empresa de cementerios (entonces exclusivamente municipal) no trabajaron allí y no constan pruebas de la labor desempeñada.
El juzgado ya ha dado traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, con escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
Los procesados son los dos concejales del PP que fueron responsables de la empresa en aquellos años, Eduardo Moral y María Francés, el gerente de la empresa (que en realidad fue el que alertó sobre la existencia de estos contratos) y cinco de las seis las personas que recibieron esos contratos de directivos. Esta causa se inició a raíz de una denuncia de Vamos Granada que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era totalmente pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.
Según los investigados "no hubo reparos"
Tanto Eduardo Moral como María Francés negaron las irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que los beneficiarios sí realizaron la labor para la que fueron empleadas . Así, según los dos exgerentes de Emucesas nunca hubo "reparos" ni del Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron.
La Audiencia rechazó el archivo de la causa
La Audiencia de Granada decidió mantener la investigación y rechazar el sobreseimiento de la causa. El argumento más contundente del juez instructor que destacó la Sección Segunda de la Audiencia es que "no hay una sola prueba física o documento de carácter objetivo que demuestre que realizaran algún trabajo que redundara en la empresa".
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