La jueza tiene indicios del amaño de oposiciones en la Policía Local con "pagos irregulares" de la caja del sindicato policial

Granada/El dinero del sindicato policial SIPLG y su presunta caja b están en el origen del caso de los presuntos amaños en las oposiciones de Policía Local que investiga el juzgado de instrucción 4 de Granada y que se ha ampliado después con los audios conocidos en las últimas dos semanas sobre presuntos beneficios a candidatos en Granada y Albolote.

El asunto llegó hasta la jueza a raíz de una denuncia presentada por los responsables de este sindicato contra su antiguo secretario general, José Navarro, por presunta apropiación indebida de los fondos de esta organización durante los años 2019 y 2020. Pero éste se defendió y puso a la magistrada sobre otra pista que ha resultado mucho más trascendente, el presunto amaño de oposiciones de policía mediante "pagos irregulares efectuados con dinero procedente del SIPLG y USPLBE" (Sindicato Independiente de Policía Local de Granada y Unión de Sindicatos de Policías Locales y Bomberos se España, respectivamente. El policía expuso al juzgado que le habían denunciado para "acallarle la boca" y la magistrada acordó deducir testimonio y abrir unas nuevas diligencias sobre el asunto del amaño de oposiciones.

Aquel fue el origen de un caso que este miércoles ha provocado la salida del jefe de la Policía Local, José Manuel Jiménez Avilés, después de la entrada y registro de la UDEF en dependencias municipales de la Huerta del Rasillo y Mondragones y en el que el Ayuntamiento de Granada ha pedido su personación.

Según ha podido saber este periódico, esa primera denuncia se interpuso en 2021. La jueza entonces investigó y en el transcurso de las diligencias practicadas el denunciado testificó que tenía información sobre casos de oposiciones amañadas en la Policía Local, que lo había llevado a la Fiscalía pero se había archivado. También aportó una serie de conversaciones de Whatsapp en las que la jueza ya pudo tener indicios de esos presuntos amaños.

En 2023, la jueza hablaba ya en su auto de esas rencillas internas en la Policía, advirtiendo de una manipulación del procedimiento penal y de enemistad y animadversión, y decidió archivar la denuncia contra Navarro al considerar que era producto de esa guerra interna. Pero el sindicato denunciante recurrió a la Audiencia Provincial, que le dio la razón y ordenó que se siguiera investigando el caso. En paralelo a este proceso, fue la misma jueza de instrucción, al dar aquel primer carpetazo, la que dispuso deducir testimonio (lo que se traduce en la apertura de otras diligencias) por esa denuncia del querellado sobre el amaño de las oposiciones. Se inició así la "investigación judicial de un presunto fraude en las oposiciones a Policía Local con pagos irregulares efectuados con dinero procedente de SIPLG y USPLBE" realizados supuestamente por un responsable a una persona concreta, hecho que habría provocado la querella inicial "para acallarle la boca". Se habla de "supuesto amaño", por lo que pedía incoar diligencias previas para investigar los hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, en concreto de los de tráfico de influencias, extorsión, cohecho y prevaricación. El responsable del sindicato también pidió a la Audiencia que frenara a la jueza en esa pretensión de investigar las oposiciones, pero los magistrados de la Sala no le dieron la razón en este punto y consideraron que la instructora tenía plena legitimidad para deducir testimonio en relación al posible amaño de oposiciones.

A esa investigación es a la que ahora se ha sumado todo lo actual con los audios, un asunto que llevaron a la Fiscalía los ayuntamientos de Granada y de Albolote y que el Ministerio público ha remitido unificado al juzgado de instrucción, en un caso que está bajo secreto de sumario.

Toma así de nuevo actualidad una situación en la Policía Local que no es fácil y que se agranda. Un problema de "rencillas" en el cuerpo que no es nuevo y que ha reconocido la propia alcaldesa, Marifrán Carazo, al confirmar ayer que se investiga a seis policías, entre ellos al propio Jiménez Avilés, que ayer presentó su dimisión "voluntaria" por una situación ya insostenible para el equipo de gobierno del PP, que el mismo lunes hablaba de cautela y de presunción de inocencia. Una renuncia acordada para no dañar más la imagen de la Policía Local.

El Ayuntamiento pide su personación

La alcaldesa anunció ayer un nuevo paso: la petición al juzgado de la personación del Ayuntamiento en el caso. Según ha podido confirmar este periódico, en el escrito de la asesoría jurídica del Ayuntamiento remitido al juzgado se solicita la personación en diligencias previas para velar por los intereses municipales que se puedan ver afectados en la investigación, además de indicarse la colaboración con la Justicia, algo en lo que incidió la alcaldesa ayer en su comparecencia para llegar hasta el fondo del asunto. Además, en ese escrito remitido al juzgado se solicita saber en qué situación quedan los funcionarios afectados por la investigación tras los registros y pesquisas y recuerda todos los pasos que se han dado por parte del Ayuntamiento desde que se conocieron los audios y escrito remitido por el SIPLG.

Carazo reiteró su colaboración con la justicia en la investigación "para llegar hasta el final, ver quién ha podido participar en ello y si ha ocurrido algún acto delictivo".

Por otro lado, el Ayuntamiento sigue adelante con el proceso de selección de una plaza de intendente a pesar de las peticiones de sindicatos de paralizarla porque aspira un agente implicado en los audios. Ayer se publicó ya el nuevo tribunal de la oposición, que estará formado por agentes de Málaga, Sevilla y Jaén para garantizar el procedimiento, que Carazo no contempla paralizar porque "no se pueden paralizar las necesidades de la Policía Local con un procedimiento ya iniciado pero del que no se habían iniciado las pruebas". "Es mi decisión", ha dicho Carazo, aludiendo a que no hay condenada ninguna persona aspirante. Las pruebas iban a ser este 20 de febrero y se trasladan al 10 de marzo.

Carazo se ha desvinculado también de los procesos selectivos investigados. "No tengo responsabilidad como alcaldesa, los de 2022 tomaron posesión conmigo pero fue del gobierno de Cuenca y los de 2019 inició la convocatoria el PSOE, la continuó Luis Salvador y la terminó de nuevo el gobierno socialista", dijo la alcaldesa, que pidió colaboración a la ciudad "para recuperar la confianza en la Policía Local". "Estos hechos afectan a tres corporaciones locales y a distintos mandos de la Policía Local”. Entre ellos su jefe policial hasta ayer y nombrado por el PP como cargo de libre designación en su tercera etapa como responsable de la policía con gobiernos del PP.

Las oposiciones de 2019 las sacó el PSOE pero las convocó el bipartito PP-Cs con el cambio de gobierno tras las elecciones y cambiando el tribunal que se había dejado listo para las pruebas, lo que llevó a la denuncia de los socialistas. Un cambio que se hizo con Avilés como jefe de la Policía durante el bipartito. Las de 2022 eran de 32 plazas y las inició el PSOE y la terminó el PP ya con el Gobierno de Carazo.

De hecho, el PSOE criticó ayer que se quiera confundir con oposiciones previas y pone el foco en los últimos audios en los que el jefe de la Policía Local habla con un miembro del tribunal de oposiciones en Albolote en 2024 para beneficiar a un candidato y todos los que se han escuchado después. Albolote suspendió esas oposiciones y también ha llevado a la Fiscalía el caso y ayer mismo recibía también la visita de la UDEF en sus dependencias, al igual que en Granada.

Carazo defendió sus gestiones tras saltar a la luz los primeros audios. "Este Ayuntamiento ha dado instrucciones a la asesoría jurídica municipal para que traslade a la fiscalía toda la información que ha sido publicada en distintos medios de comunicación relacionada con otros procesos selectivos de este Ayuntamiento. Además, se ha iniciado un proceso de revisión de los procedimientos de selección del personal funcionario de nuestra policía local y, de la misma manera, se ha procedido a renovar por completo, con personal externo a este ayuntamiento, el tribunal para la promoción interna a intendente. Igualmente, y tras solicitar informe al gabinete jurídico sobre los hechos ocurridos en el día de ayer y para seguir colaborando con la justicia, procede la solicitud de personación del Ayuntamiento al juzgado número 4, así como solicitar información sobre la situación en la se encuentran los funcionarios afectados", dijo.

Multas y firmas

Sobre los últimos audios publicados por The Objective en los que se escucha a Avilés hablando de que había quitado la multa a una concejala porque "le sale de la polla", Carazo y Agudo, concejala del área, fueron tajantes y aseguraron desconocer el hecho, cuestionando la interpretración del medio. Carazo dijo que sus instrucciones siempre han sido que quien haga hago lo pague. "Ni siquiera nadie se atreve a pedírmelo y se tendrá que demostrar si ha ocurrido o no", dijo.

En la rueda de prensa también estaba el concejal de Presidencia y primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, que quiso explicar el documento que él firmó y al que Avilés también hace alusión en ese audio. Antes, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, lo defendió: "hasta aquí podemos llegar con el tema de Jorge". Saavedra explicó que ha tenido que pensar el informe al que se refería y aclaró, desvinculándose tajantemente de cualquier proceso selectivo o de oposiciones, que firmó una petición a asesoría jurídica, que depende de él como concejal, solicitando un informe sobre la obligación o no de dar una información muy detallada sobre sanciones, multas y expedientes de la Policía Local realizada a través del portal de transparencia. "Yo nunca he participado en ningún proceso selectivo ni tengo competencias ni podría hacerlo", zanjó.

Registros también en Albolote y Algarinejo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, informó ayer que la Jefatura de Policía Nacional en Andalucía Oriental, con sede en la capital granadina, está colaborando en la operativa, que ha consistido básicamente en estas entradas y registros en seis sedes, concretamente cuatro de ellas en Granada capital, y dos de ellas fuera, en Albolote y Algarinejo.

"Lo que se ha hecho ha sido recabar toda la información, coger todos los elementos que pudieran contener cualquier tipo de información vinculada a los hechos que se están investigando", que "son de distinta índole y que lógicamente son muy graves", explicó.

El PSOE recuerda la "vergüenza" de 2016 también con la UDEF en el Ayuntamiento

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, acusó ayer al equipo de Gobierno del PP de intentar "echar balones fuera y poner el ventilador" en el caso que se investiga sobre procesos selectivos de la Policía Local de Granada y lamentó que "de nuevo el PP nos haga revivir lo que pasó en 2016 cuando, igual que el martes, la Policía Nacional estaba registrando dependencias municipales", en aquel caso por la investigación urbanística sobre la gestión del exalcalde Torres Hurtado.

Sobre la salida del jefe de la Policía, asegura que "ahora pueden tomar decisiones para tapar" pero "Carazo es quien nombró a un alto cargo por libre designación, como es el jefe de la Policía, y ha decidido mantenerlo", hasta ayer. Sobre los procesos aludidos de 2019 y 2022 en la investigación, Cuenca ha sido claro: "Que se investigue todo, todos los años de gestión en la Policía Local estuviera quien estuviera. Afortundamente a quien yo nombré es distinto como superintendente. Quien coincide en los procesos es quien pusieron Torres Hurtado, César Díaz y Carazo. A partir de ahí vamos a estar atentos, vigilantes y exigiendo responsabilidades", aseguró.