Las juezas de violencia de género tramitan tres casos al día en Granada

Un 25% de los asuntos que aterrizan en los juzgados especializados son episodios protagonizados por jóvenes que no saben convivir · Los jueces aprecian una mayor concienciación social, pero opinan que hay que incidir en la educación para prevenir

Uno de los carteles que cuelgan en los juzgados.
Yenalia Huertas / Granada

03 de mayo 2012 - 01:00

El goteo diario de expedientes nuevos por violencia de género en los dos órganos especializados con que cuenta el partido judicial de Granada, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 1 y 2, es incesante desde que se pusieron en marcha hace siete y seis años, respectivamente. Ambas sedes judiciales tienen un volumen de trabajo importante (una media de tres o cuatro denuncias al día), pero no están saturados y funcionan con normalidad. El año pasado, tramitaron entre los dos órganos un total de 2.416 asuntos penales, 311 de los cuales fueron juicios de faltas; 751, juicios rápidos por delito; y 1.295, diligencias previas, que son aquellos delitos que requieren de una investigación más profunda.

Un número considerable de esos episodios de agresiones físicas y/o verbales -aproximadamente una cuarta parte- están protagonizados por parejas jóvenes que no saben convivir ni aprendieron bien el significado de la palabra respeto, ni que en una relación, por muy inmadura que sea, sobran los gritos, los insultos, las amenazas y, por supuesto, los golpes de cualquier tipo, ya sea en la pared o en la piel.

"A mí al principio esta circunstancia me llamaba mucho la atención, pues parecía que la violencia de género pertenecía más a un ámbito de gente más mayor, que ha sido educada en otros parámetros, pero ves jóvenes que han nacido en los 80 que mantienen unas conductas de desigualdad sorprendentes", señala la magistrada Cristina Cueto, que es titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer 1. Esta juzgadora confirma que los malos tratos más comunes son el maltrato de obra sin lesión, como una bofetada o un golpe, así como las amenazas".

Tanto ella, como su compañera Aurora Angulo González de Lara, que es la titular del número 2, están acostumbradas a "ver de todo" en sus juzgados, pero no dejan de sorprenderse ante ciertos comportamientos que se perpetúan en la gente joven. Se trata de una preocupante "pérdida de valores" que hay que atajar desde la educación. "La educación es fundamental, y hay que enseñarles desde el mismo colegio que hay una relación de igualdad entre el hombre y mujer, y que debe de haber un respeto mutuo, pues cuando empezamos con los insultos detrás pueden venir las amenazas o una situación mas grave de maltrato", subraya Angulo, que apunta un dato importante: algunos de esos jóvenes que hoy maltratan a sus parejas "reproducen" situaciones de violencia que han vivido en sus familias.

Afortunadamente, la sociedad cada vez está mas concienciada de la importancia de denunciar ante la más mínima señal, algo de lo que las dos magistradas dan fe, al tiempo que revelan que los casos de agresiones físicas y/o verbales que sobresalen numéricamente en sus estadísticas tienen que ver con mujeres con 30 y tantos años, y con niños.

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Granada es Susana Vega, que también aprecia ese aumento de casos en franjas de edad más tempranas. "Es cierto que con los años ha ido bajando: si en un principio la franja iba de 35 a 45, ha ido descendiendo". Para ella, es necesario concienciar del problema desde el colegio. "Tiene que haber una política preventiva de la violencia". Sobre la influencia de la bebida y las sustancias estupefacientes en laos casos de malos tratos, Vega indica que siguen siendo "un factor peligroso, como otros muchos, pero no quiere decir que todo lo que encontremos aquí tenga que ver con el alcohol y la droga".

El próximo mes de diciembre se cumplirán ocho años de la entrada en vigor de la ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al amparo de la cual se crearon los órganos que dirigen Cristina y Aurora. Las dos coinciden en que el camino no está siendo fácil, pues en su aplicación sigue habiendo muchas lagunas interpretativas. "Esas lagunas han llevado a que según al sitio en que te encuentres la ley se pueda aplicar en determinados puntos de una manera diferente, y eso crea una inseguridad jurídica que se ha de solucionar ", advierte Angulo.

Pese a ello, en general, hacen un balance positivo, pues la creación de los órganos especializados ha favorecido enormemente la defensa de las mujeres víctimas de la violencia machista. "Muchas veces se hace sólo la valoración en base a los asesinatos que ha habido durante el año, pero yo creo que ha habido un cambio positivo sobre todo por dos cuestiones. La primera de ellas, porque la gente denuncia antes, y dar el paso en los primeros momentos de la violencia permite atajar las historias en su primera fase. Y la segunda, porque la gente está mucho más concienciada y ante cualquier agresión llama a la Policía, cuando éste era un tema que antes se veía como algo que había que solucionar de puertas para dentro", subraya Cueto.

En la misma línea se pronuncia la magistrada Angulo, que subraya que hoy en día la mujer maltratada tiene una tutela judicial que es realmente efectiva. "Creo que hacemos una buena labor, aunque sea necesaria una reforma para que no haya dudas a la hora de aplicar la ley".

Vega hace asimismo un balance positivo, aunque "faltan reformas". Una de las pegas que el Ministerio Público pone a la ley es "la aplicación tan rígida de la pena de alejamiento; pues se aplica siempre y yo creo que se debiera de dejar un poco con moderación su aplicación". Otra de las reformas necesarias, a su juicio, sería la del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa a la víctima de declarar si no quiere hacerlo en contra de su cónyuge. Cueto, además, aboga por que se optimicen determinados recursos, como las unidades de valoración forense integral, pues "lo deseable sería que estas unidades estuvieran en todas la provincia y no sólo en la capital, pues son recursos que son necesarios para dar una adecuada asistencia a las víctimas".

Uno de los puntos que más debate suelen suscitar en la sociedad a la hora de hablar del tratamiento judicial que se da a la violencia de género es la posible existencia de denuncias falsas. Pues bien, en todo este tiempo, las dos magistradas sólo han deducido testimonio contra cuatro o cinco mujeres por tener sospechas fundadas de que habían mentido al acusar a sus parejas de malos tratos. La jueza Cueto sólo recuerda un caso, mientras que Angulo calcula unos tres o cuatro. Por su parte, la fiscal delegada, Susana Vega, está en contra de que interesen tanto las denuncias falsas, pues hay miles de denuncias y la mayoría no lo son. Haberlas, las hay, pero como en todos los delitos, "y lo que se intenta es que no lleguen a buen término y además ir contra ellas", subraya la fiscal.

¿Y la crisis? ¿Han aumentado los casos por la recesión económica? Las dos magistradas admiten que los problemas económicos generan en general "una mayor conflictividad" en el hogar. Pero donde más influye la falta de liquidez es en el proceso de divorcio que se suele iniciar de forma paralela al proceso penal para la ruptura definitiva de la pareja. De hecho, el descenso en las rupturas matrimoniales que se observa en los datos generales de los juzgados civiles también se aprecia en las de los dos órganos de Violencia sobre la Mujer. Por ejemplo, el número 2 ha pasado de recibir 246 asuntos civiles en 2009 (en esta cifra no se incluyen sólo desuniones, sino también otros procesos de índole civil) a tramitar 187 en el año pasado. El número 1 ingresó en 2011 exactamente 55 divorcios y 3 separaciones, una cifra de rupturas que, según reconoce Cueto, es inferior a la de años anteriores. Pero donde la ausencia de dinero y el paro constituyen verdaderamente el problema es a la hora de fijar una pensión, momento en el que los jueces tienen que hacer en ocasiones auténticos malabarismos debido a los escasos recursos de muchas familias.

En este punto, algunos operadores jurídicos advierten de que si se producen recortes en cuanto a las ayudas económicas destinadas a las familias necesitadas en general y a las maltratadas en particular, se impide que la mujer pueda romper esa dependencia económica de su agresor.

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