La Junta ofrece al Gobierno un albergue de Granada para acoger migrantes trasladados desde Canarias

Granada/El Gobierno andaluz lo tiene muy claro. Andalucía es una tierra solidaria, lo ha demostrado en el pasado y lo sigue demostrando ahora, con la colaboración con el Gobierno central en la acogida de personas migrantes procendentes de Canarias y de Ceuta. Una colaboración para la que el gobierno autonómico ha puesto a disposición del gobierno español el Albergue Inturjoven de Víznar, que ya ha sido habilitado en anteriores ocasiones para acoger a estas personas, la última vez en octubre de 2023.

El anuncio lo ha realizado este martes la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha pedido " financiación y tiempo" para buscar los recursos con los que atender a los menores, además de exigir al Gobierno central que ejerza sus competencias. Porque el Gobierno andaluz no comparte la política migratoria del Gobierno central. "La política migratoria no puede pasarse en trasladar a menores como si fueran maletas en las bodegas de un avión; los niños necesitan la atención de instituciones y administraciones y no ser tratados como mercancía", ha destacado.

Andalucía ha puesto a disposición del Estado el albergue de Víznar, en el Área Metropolitana granadina, para acoger a personas migrantes procedentes de Canarias, y también se ha acogido a menores migrantes procedentes de Ceuta dentro del Plan de Respuesta. López cree que este problema tan "serio" requiere de una respuesta global, en la que el Gobierno de España ejerza sus competencias en política migratoria y exterior, que trabaje con los países de origen y que implique a la Unión Europea.

El alberge de esta localidad metropolitana llegó a acoger hace ahora nueve meses a unas 160 personas en total trasladados desde diferentes puntos de la provincia de Granada debido a la crisis migratoria que ocurrió en aquel momento, todos ellos jóvenes senegaleses. A la presión habitual de migrantes que sufre la Costa Tropical se le sumará ahora el reparto que negocia el Estado con las comunidades autónomas.

El centro descartado de la Colonia Dávila

Hay que recordar también que, fruto de la crisis que sufren sobre todo las Islas Canarias, el Gobierno llegó a proyectar un centro temporal de acogida de migrantes en los terrenos de la Base Aérea de Armilla, concretamente en la zona conocida como la Colonia Dávila, dentro del término municipal de Alhendín. El Ministerio de Defensa cedió al Ministerio de Inclusión Social estos terrenos, justo en el límite con las localidades de Armilla y ogíjares, aunque finalmente no se realizó el campamento.

La noticia de la posibilidad de construir este centro en Granada provocó una enorme polémica y movilización política y ciudadana contra un proyecto que pretendía albergar a un millar de personas en una zona sin los servicios básicos de agua luz o internet. Se recogieron firmas y se llegó a producir una manifestación de los vecinos en contra.

A esa falta de servicio se agarraron los municipios que comparten terrenos con la Base Aérea -Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Alhendín y Ogíjares- para pedir que no se ejecutara el proyecto en los terrenos ubicados en Las Lomas de Alhendín, muy próximos a zona residencial y de colegios. Desde el punto de vista legal y técnicos, los ayuntamientos implicados habían alegado ante el Gobierno que la iniciativa no tenía cabida desde el punto de vista urbanístico.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, justificó la marcha atrás de un proyecto que ya estaba acordado y adjudicado a la empresa pública Tragsa por "criterios técnicos y sociales", en relación a las necesidades que había que atender para las personas que llegan desde países africanos. En su lugar, anunció que el Gobierno buscaba otras ubicaciones, que en principio no se preveían en la provincia de Granada. Ha sido ahora la Junta la que ha puesto a disposición del Gobierno el albergue metropolitano.

Los datos

La consejera de Igualdad defiende el esfuerzo que está haciendo la comunidad autónoma que está atendiendo a 454 menores que han llegado hasta Andalucía "bajo la apariencia de mayoría de edad" desde el mes de noviembre de 2023, unos menores que el Estado no reconoce, que han sido detectados por las organizaciones y entidades que los atienden junto con la Fiscalía pero que, ahora están bajo la tutela de la administración andaluza.

"454 migrantes que nos ha metido por la puerta de atrás", ha sentenciado López, quien ha aclarado que estas cifras no son datos de su consejería sino que proceden de la Fiscalía, que es la que ha decretado esa minoría de edad. Estos migrantes algunas veces han llegado en avión, otras en barco, y todo se ha hecho "sin información, sin coordinación y sin financiación" porque, al no estar reconocidos como tales, el Estado no envía ni un sólo céntimo para su atención.