La Junta reclama a Granada una deuda de 12,3 millones por el Metro, que la capital recurrirá en los tribunales

Granada/El Ayuntamiento de Granada va a recurrir la reclamación de 12,3 millones de euros que le hace la Consejería de Fomento por el Metro por considerarla "improcedente". Una reclamación que está enviando a todos los municipios andaluces con este transporte y que está generando también una ola de reclamaciones de ayuntamientos de todos los signos políticos. Así lo ha ordenado a su asesoría jurídica el equipo de Gobierno que dirige Marifrán Carazo (PP) según expediente aprobado en la Junta de Gobierno Local del 14 de febrero, que da el visto bueno a la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejera de Fomento de 27 de diciembre de 2024, que aprueba la liquidación de deuda del Ayuntamiento de Granada derivada del convenio para la construcción y puesta en servicio de la Línea Metropolitana del Metro de Granada.

Según el expediente, consultado por este periódico, el pasado 3 de febrero de 2025 se recibió en la Asesoría Jurídica Municipal oficio la Coordinadora de Economía fechado el 31 de enero de 2025 por el que se traslada la Orden de la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la granadina Rocío Díaz, que aprueba la liquidación de deuda, en periodo voluntario del Ayuntamiento de Granada, derivada del Convenio de Colaboración suscrito con fecha 12 de julio de 2006 entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada para la construcción y puesta en servicio de la Línea Metropolitana del Metro de Granada.

A esa orden de diciembre se acompañaba carta de pago con el importe de la liquidación, que asciende a la cantidad de 12.313.297, 23 euros, lo correspondiente a ocho anualidades, confiriendo plazo de ingreso en periodo voluntario al Ayuntamiento de esa cantidad.

Desde la coordinación general de Economía se remitió junto a dicho oficio dos actas de la comisión mixta de seguimiento del convenio en sesiones del 27 de enero de 2021 y 27 de febrero de 2024, notificadas por la Junta al Ayuntamiento.

La Secretaría General ha acreditado que recibió a través de Registro el 30 de diciembre de 2024 la citada orden de liquidación de deuda yla carta de pago, además de las actas, que recibió unos días antes, el 26 de diciembre.

Para conocer los antecedentes se emitió informe del Director General de Urbanismo el 10 de febrero de 2005 al conocer las "incidencias" del convenio por haber seguido la tramitación y ejecución de los convenios en destinos en los que sirvió con anterioridad al que se cita ya que ocupaba la dirección de obras del área. Un informe que no se reproduce en el expediente. Y asesoría jurídica se ha mostrado conforme con los razonamientos jurídicos que en él se efectúan sobre la "improcedencia de las cantidades reclamadas".

Esa orden de la consejería agota la vía administrativa y ofrece contra ella recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, el requerimiento a que se refiere la ley. Por tanto, se estima procedente, en un informe que es preceptivo pero no vinculante, la interposición de recurso Contencioso-administrativo contra la citada Orden, sin realizar el requerimiento de anulación, atendido el carácter potestativo con que este se contempla, en estos casos. Dicho recurso tendrá que interponerse en el plazo de dos meses computado desde la notificación de la orden.

"Atendido el importe de la reclamación y el carácter ejecutivo de la misma no debiera descartarse instar también la medida cautelar de suspensión previo informe al respecto que evidencie los perjuicios que su ejecución puede suponer a los intereses tutelados por el Excmo. Ayuntamiento de Granada", recoge el expediente. Por tanto, se impugnará tanto la orden que aprueba la liquidación de deuda emitida por la Consejería de Fomento como la liquidación que aprueba por la misma de los 12,3 millones. También se faculta a la asesoría jurídica como representante del Ayuntamiento para solicitar en el proceso judicial las medidas cautelares que resulten procedentes.

Una cantidad que no ha pagado ningún ayuntamiento

Preguntado el Ayuntamiento por este periódico sobre este recurso y la liquidación recibida de la Junta, el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha explicado que se trata de liquidaciones que está enviando Fomento a todos los ayuntamientos porque no había pagado ninguno y ahora llega porque prescribía en base a los convenios firmados. Granada se agarrará a lo que considera "incumplimientos del convenio" para "intentar no pagar", igual que han justificado otros municipios andaluces que también han recibido la liquidación, como por ejemplo en Sevilla. Así, el recurso plasmará "las diferencias de criterio que tienen ambas administraciones sobre el desarrollo de dicho convenio".

Fomento hace estas liquidaciones cumpliendo el convenio firmado en 2006 con Granada en concepto de inversión y explotación de la línea del Metropolitano y los porcentajes que debía pagar cada administración. Pero esos incumplimientos de convenio y modificaciones del propio proyecto que relata Saavedra son los que esperan que sirvan para no pagar, por eso el recurso, "para defender los intereses de Granada" y no tener que hacer el abono, por lo que también se pedirá la anulación del mismo. Recuerda Saavedra que en época de Pepe Torres Granada ya pagó el Ayuntamiento 9 millones.

Uno de los ejemplos más destacados es la reclamación de la Junta de 172,6 millones de euros a los cuatro municipios beneficiados por el Metro de Sevilla (Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache). Este dinero se exige a cuenta de la deuda por la explotación de la línea 1 del Metro de Sevilla durante los 15 años que lleva en funcionamiento, es decir, desde 2009 a 2023, ambos incluidos. Se trata de la financiación acordada en concepto de subvención al precio del billete para compensar la diferencia entre la tarifa real (técnica) y la tarifa más reducida que se cobra al usuario. El gobierno local de la capital ya aprobó en enero interponer un recurso contencioso administrativo contra la reclamación, que en su caso asciende a 133 millones de euros.

En el caso de Málaga, donde el Metro tan solo circula por el término municipal de la capital costasoleña, la reclamación que le hace la Junta al Consistorio de Paco de la Torre asciende a cerca de 64 millones de euros. Ya en el Pleno del pasado mes de enero el Ayuntamiento malagueño solicitó la anulación de esa deuda. El acuerdo entre ambas instituciones se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento de Málaga se comprometió por convenio al pago de un 25% de los gastos de explotación y de inversión en las líneas 1 y 2. Ahora, la Junta de Andalucía le pide que se haga cargo de estos pagos, mediante un documento firmado por la consejera de Fomento, Rocío Díaz. En total, la deuda reclamada asciende a 63.787.348,17 euros, de los que 7.791.524,62 euros son en concepto de explotación y 55.995.823,55 euros, en concepto de de inversión de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.