La justicia reabre la lucha interna para liderar el Partido Popular de Granada

Granada/El inicio del curso no ha podido ser más revuelto en el Partido Popular de Granada. A siete meses de las elecciones municipales, el Juzgado número 7 de Granada ha estimado la denuncia presentada por Juan García Montero y ha declarado la nulidad del acuerdo de convocatoria de Junta Directiva Provincial del 28 de marzo de 2017 dejando, en consecuencia, sin efecto la convocatoria del XIV Congreso Provincial del así como de todo el proceso congresual. Así, en el fallo de la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, se acuerda retrotraer el Congreso a su inicio debiendo convocarse de nuevo a la Junta Directiva Provincial.

Esto, sin duda, pega una patada en el calendario popular hacia atrás y devuelve al PP a ese momento en que intentaba, mediante este procedimiento, limpiar la imagen del partido tras el estallido de la operación Nazarí y el caso Serrallo que propiciaron la salida del entonces alcalde, José Torres Hurtado, y la anterior concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. En el momento en que se revalida a Sebastián Pérez como presidente del partido, en cierto modo, se entiende que cuenta con el apoyo de los afiliados para presentar su candidatura a la Alcaldía de Granada, pero ¿qué pasará ahora que se pone entredicho judicialmente el procedimiento?

El fallo judicial considera evidente la nulidad del acuerdo al no haber previsto la Junta Directiva Provincial un plazo de convocatoria suficiente, la falta de información ofrecida para la presentación de las candidaturas o el hecho de que no se exigiera, como lo recoge el reglamento del partido, estar al corriente de las cuotas.

La Dirección provincial del PP anunció horas después de conocerse el fallo su intención de recurrir la sentencia. Así lo explicó el secretario general, Pablo García. Según argumentó, los fundamentos recogidos en la sentencia son, cuando menos, "peculiares".

"El PP de Granada discrepa radicalmente de los argumentos en los que se basa el juez en la sentencia y confía plenamente en que prospere el recurso de apelación que se interpondrá en los próximos días", anunció García.

"En la sentencia se recogen apreciaciones muy peculiares, que se alejan incluso del fondo de la cuestión objeto de controversia, y tal y como nos ha precisado nuestro equipo jurídico, contiene además errores manifiestos y confusiones de calado respecto al asunto de las cuotas y los censos", señaló también García.

A modo de ejemplo, según indicó, en el juicio oral se aportó jurisprudencia con hasta tres sentencias de audiencias provinciales que aparentemente no han sido valoradas por el juez. El secretario general mostró además su sorpresa por el hecho de que en determinados ámbitos se lleve hablando de esta condena varias semanas, antes de su notificación, y de la "casualidad" de que sea notificada el primer día hábil posterior a las vacaciones. "Suponemos que formaba parte de la rumorología de esta ciudad pero lo cierto es que nadie nos ha dicho en estas semanas que iba a ser una sentencia favorable a la postura mantenida por la Dirección provincial, más bien todo lo contrario", manifestó. Así, la Dirección provincial manifestó su confianza en la Justicia "pero a nadie se le escapa que la cacería a la que se está sometiendo a este partido en los últimos tiempos no es casual, ni justa ni tolerable en un Estado de Derecho".

En el lado opuesto, Juan García Montero, se mostró ayer confiado en que el que el presidente provincial de la formación y candidato a la Alcaldía, Sebastián Pérez, será "expulsado" del partido "cuanto antes" por "hacer trampas" en el congreso en el que fue reelegido para seguir liderando el partido en la provincia.

En declaraciones a Europa Press, García Montero anunció que trasladará a los órganos regionales y nacionales del PP la sentencia que obliga a repetir este cónclave, a fin de que se abra "expediente sancionador" a Pérez por una infracción grave que, según los estatutos, "debe conllevar su expulsión de uno a cuatro años", dijo. A su juicio, "judicialmente", Pérez ya no es presidente del PP. "El juez nos ha dado la razón en todo; dice que hay que repetir el congreso, ha declarado la nulidad de la Junta Directiva que lo convocó y del procedimiento. Ha quedado demostrado que Sebastián Pérez y su entorno más próximo hicieron trampas incumpliendo la Ley de Partidos Políticos, los estatutos nacionales del partido y el reglamento provincial del PP", enfatizó.

También instó a Sebastián Pérez a que si recurre la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada lo haga con "sus propios recursos y no con el dinero del PP".

Para García Montero la sentencia "está tan bien fundamentada que será difícil darle la vuelta" y se mostró convencido de que si el congreso se hubiera celebrado correctamente su candidatura habría salido vencedora, por lo que ve en lo ocurrido "una oportunidad" para la "unidad", "distanciando a la persona que nos separaba y volver a trabajar como una familia", sostuvo.

Independientemente de quien ganara o no lo cierto es que el escenario que se plantea es complicado. Con la elección del nuevo líder del PP, Pablo Casado, habrá qué ver cómo reacciona Génova ante una sentencia de estas características. No sólo se pone en entredicho el procedimiento celebrado cuando Mariano Rajoy era todavía presidente: también la gestión del gerente que trabaja en Granada, personal de Génova, que no habría disparado la alarma ante cualquier posible irregularidad. Pero hay más, en su denuncia Juan García Montero también indicó que se alertó tanto a nivel andaluz como nacional las presuntas irregularidades sin haber recibido respuesta.

En un escenario municipal con dificultades para conseguir mayorías absolutas, esta sentencia también empaña la foto en que Ciudadanos y el Partido Popular se vuelven a dar la mano para que el segundo alcance la alcaldía. Eso, a pesar de que Ciudadanos ha tendido la mano en varias ocasiones al PP para echar de la Alcaldía a Francisco Cuenca, también investigado por su etapa como delegado de Innovación, con la condición de que expulse a sus concejales inmersos en el caso Serrallo.