La justicia investiga al cabecilla de la trama de negocios estafados en Granada por ejercer de asesor fiscal sin titulación

Granada/El caso de presunta estafa pirada de Madeira Invest Club (MIC), cuyos téntaculos se extienden hasta la capital con varios negocios afectados, sigue adelante y cada vez se abren más frentes contra Álvaro Romillo, cabecilla de la compañía. Ahora, el Juzgado de Instrucción núm. 25 de Madrid ha admitido una denuncia colectiva, interpuesta por el bufete granadino de Carlos Aránguez, contra Romillo por intrusismo profesional, al haber prestado servicios de asesoría financiera sin titulación.

En un auto fechado el pasado 4 de octubre al que ha tenido acceso Granada Hoy, el juzgado acuerda abrir diligencias así como dirigirse a la Fiscalía para que se pronuncie. De esta forma, se da un paso más en la denuncia interpuesta a finales de septiembre por el despacho granadino, en la que se señala que a varios de los afectados Hacienda les está exigiendo una regularización tributaria.

Según explican desde el bufete, con este auto se "ayuda enormemente al procedimiento de recuperación de capital de nuestros patrocinados y a todos lo que siguieron los consejos de D. Alvaro Romillo", el cual se ha dedicado a publicar vídeos a través de su perfil en Tik Tok (@criptospain), que contaba con más 212.000 seguidores, normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de "experto en materia fiscal y tributaria" para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma.

De este modo, sin contar "ni con los estudios académicos básicos", Romillo ejerce actos propios de la profesión de asesor jurídico y tributario "atribuyéndose públicamente la cualidad profesional de experto brindando asesoramiento en dicho ámbito, así como también en el ámbito financiero sin estar registrado como Agente de Inversiones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

El fundador de Madeira Invest se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento logró convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50%, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles. Para acceder al club era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.

Al margen de esta denuncia, la Audiencia Nacional investiga ya, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, a Romillo por estafa, tras las denuncias presentadas por la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

El titular del juzgado central de instrucción número 4, José Lis Calama, apreció con "meridiana claridad" hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa; además, como el perjuicio denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, por encima del mínimo requerido -once millones-, es competencia de la Audiencia Nacional.

Se trata, según el juez, de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales.

La cifra de afectados podría superar los 27.000, y en cuanto al importe defraudado, si bien sólo constan de momento los once millones de euros citados, en total podría superar los 300.

Varios de estos afectados se encuentran en Granada y la mayoría están vinculados a la hostelería, una situación que está provocando que muchos de ellos se encuentren sin stock, lo que a su vez provoca que no puedan prestar sus servicios. Pero, más grave aún, se teme que los trabajadores de estos negocios puedan seguir cobrando su sueldo, de ahí que Carlos Aránguez, a través de su bufete, haya propuesto la designación de un administrador judicial, con el objetivo de que "los beneficios que generen estos negocios no pasen al grupo de empresas, sino que se acumulen en una cuenta judicial para indemnizar a los trabajadores", explicaba recientemente el granadino a este periódico.

Pese a todo, Aránguez se mostraba tranquilo hasta la llegada de esa medida, asegurando que "hasta ahora no hemos detectado ninguna anomalía en las nóminas" de los negocios afectados en Granada, aunque puntualiza que eso se refiere exclusivamente a septiembre y que "octubre puede ya ser otra cosa".

La relación con Alvise

Por lo que respecta al eurodiputado Alvise Pérez, Romillo presentó ante la Fiscalía General del Estado una autodenuncia en la que admitía haber entregado al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) 100.000 euros para publicitar su plataforma, una noticia que motivó a que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas ampliase su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado.

Pero Calama considera que dicha petición no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada en la que debería motivar las razones que le asisten para creer que es competente el alto tribunal.