Lorenzo del Río lamenta el "abusivo uso político del sistema judicial" y reivindica independencia

Granada/Los tribunales han abierto este lunes de forma oficial el nuevo curso judicial en Andalucía con un acto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), con sede en la Real Chancillería de Granada. Un acto que hace balance del año anterior y plantea retos, algunos repetidos en las últimas décadas y que se han venido incumpliendo año trars año, lo que mantiene viva la "preocupación sobre la situación general de la justicia". El propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha reconocido lo reiterativo de sus discursos, "atemporales en dos temas inevitables, el primero la siempre mejorable situación de la justicia, el segundo todo lo relativo a la independencia y prestigio de la justicia, donde los intereses de la política repercuten con demasiada e indeseada frecuencia".

Pero este año, ese discurso ha cambiado un aspecto importante que se venía repitiendo en el último lustro: la crisis institucional vivida en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que el grueso de la intervención del presidente se ha centrado en lamentar la "abusiva politización" y en reivindicar independencia. Sin olvidar, claro está, los retos del día a día de los tribunales, como acortar los plazos: "Seamos sinceros, la justicia es lenta, con unos tiempos de respuesta nada razonables en general, y aunque es independiente, sin embargo el ciudadano la percibe como politizada", ha dicho Del Río, convencido de que "las cosas pueden y deben cambiar", para lo que la receta es el "compromiso" de los profesionales de impartir recta e imparcial justicia, en actitud responsable y por encima de los déficits y retos pendientes". Así, ha pedido a los 1.041 jueces destinados en Andalucía que "sigan esforzándose en el ejercicio responsable de su función", humanizándola y detectando mejoras.

Tras este llamamiento, ha entrado de lleno en el asunto nacional que ha marcado la Justicia: la crisis institucional del CGPJ, que ha durado cinco años y medio y que acaba de desbloquearse con la renovación de sus miembros. "Una anomalía sin precedentes en la institución que provocaba también un claro deterioro constitucional", reconoce. Con todo, y aunque felicita por el desbloqueo, Del Río advierte que "el daño ya está hecho y, desgraciadamente, persiste ese halo de duda sobre una justicia que, siendo independiente, ve cómo se visualiza socialmente un reparto político entre los dos partidos mayoritarios". Del Río recalca que no hay motivos para "poner en duda la capacidad y honradez profesional de los vocales designados". "Cosa distinta es la incoherencia de un modelo de CGPJ que ha devenido contrario al espíritu constitucional" , aludiendo al peligro que suponía que todos sus vocales fuesen designados en razón del peso de los grupos parlamentarios, al no responder a la configuración deseada para el CGPJ como garante de la independencia judicial.

Evitar que la polarización social se extienda

Para Del Río, "el nuevo Consejo tiene el deber y la oportunidad de reforzar la institución y dar ejemplo al país en una época de intensa polarización. Tiene en su mano demostrar que es posible conseguir mayorías transversales para el interés general. Hay que evitar que esa polarización social, vulnerando continuamente normas de cultura política, se extienda a todos los ámbitos, en nuestro caso al poder judicial y a su órgano de gobierno. En este objetivo de justicia independiente, este inicio de año judicial también es la ocasión que se nos presenta para intentar despolitizar la justicia. Confiemos en que se aborde el reto de prestigiarla institucionalmente, una vez superada la interinidad. A ello han de contribuir no sólo los integrantes del poder judicial, sino también, con igual o mayor intensidad, los demás poderes e instituciones del Estado", asegura.

Del Río ha pedido asegurar plazos más razonables del proceso para futuros cambios, lo que "evitaría perpetuar tantos daños añadidos, no sólo el reputacional".

También ha llamado la atención sobre una realidad: "Estamos asistiendo desde hace tiempo a una intoxicación del clima social con respecto a la justicia, de forma que ciudadanos y medios de comunicación entiende que muchas decisiones judiciales no son imparciales por estar politizadas", por lo que ha pedido a la política española una "reflexión profunda sobre este fenómeno creciente de deslegitimación indiscriminada de uno de los pilares del Estado, que pone en cuestión la separación de los poderes".

"Los jueces necesitan independencia para trabajar y cumplir la función que le han encomendado los ciudadanos, que no es otra que aplicar las leyes y hacer justicia, sin interferencias de ninguna clase", denunciando que "basta ver la actualidad política para advertir que se valora a la justicia como un elemento más de la lucha política y al juez como un jugador adornado con los colores de tal o cual partido o ideología". "El permanente y abusivo uso político del sistema judicial y de sus resoluciones genera deslegitimación y desafección de uno de los pilares del Estado. Atacarlo o desautorizarlo sin clara justificación, es sembrar una duda esencial sobre la justicia y minar el sistema de equilibrios y contrapesos de poder que constituye la base de todo régimen político que pretenda ser democrático, ya que la última reserva en el funcionamiento del Estado de Derecho es el poder judicial", ha dicho.

Del Río ha hecho también referencia al informe de la Comisión Europea donde advierte de la "presión indebida" sobre los jueces en España y subraya que existe "riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos afecten a la confianza pública en la independencia judicial". Aunque se admite que "los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio" señala que "la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, habida cuenta de su papel especial en la sociedad".

Por tanto, ha pedido contribuir entre todos a fortalecer la Justicia: "unos, evitando las críticas sectarias, interesadas y excesivas; otros, desempeñando nuestro trabajo con la máxima responsabilidad, para acercarnos a la altura, rigor y fiabilidad que merecen los ciudadanos".

Tras estas alusiones, Del Río ha seguido analizando la situación de la Justicia en España, pidiendo que se vea reforzada y además reorganizada y con un nuevo modelo para "hacer la justicia más útil y eficaz", algo que sigue siendo asignatura pendiente.

Del Río ha hablado de "enorme carga de trabajo, el número insuficiente de jueces, el alto índice de litigiosidad, el anticuado sistema organizativo de trabajo, la desfasada calidad de las leyes procesales, singularmente la penal, el todavía insuficiente grado de implementación de una justicia digital y las deficiencias en materia de personal y de infraestructuras", como aspectos a mejorar.

"No se trata de aumentar sin más el número de profesionales o Juzgados. En los últimos cuarenta años se han multiplicado casi por cuatro el número de jueces (en 1983 eran 1.500 jueces); sin embargo, ese aumento meramente cuantitativo sólo ha servido para fundirlos en unos esquemas organizativos, profesionales y procesales decimonónicos, incapaces de ofrecer herramientas aptas para absorber tan desbocada litigiosidad", asegura.

En los próximos años sí habrá un gran número de jubilaciones, lo que mermará las plantillas, por lo que ha dicho que a partir del momento actual deberían convocarse 350 plazas anuales de juez, partiendo de la hipótesis de que, al mismo tiempo, se crearán 70 nuevas plazas judiciales cada año. "Mal empezamos, sin embargo, porque el Ministerio de Justicia ha exteriorizado hace unos días que este año no se creará ninguna nueva plaza judicial", lamenta.

La modernización tecnológica y procesal han sido otros dos aspectos tratados por el presidente del TSJA, también preocupado porque "la situación político-parlamentaria que vivimos complica seriamente aprobar por consenso proyectos de ley tan necesarios".

Y el reto más trascendente este año será "continuar y perfeccionar la digitalización de nuestro servicio público. Eso sí, sin olvidar la imperiosa necesidad de mejorar la gestión de nuestros recursos personales, en cuyo contexto se incardina el despliegue de la mal llamada “nueva oficina judicial” , cuyo diseño data de 2003. (su diseño data del año 2003, es decir, de hace más de 20 años)".

En cuanto al Plan de Infraestructuras de la Junta, el que contempla nuevos juzgados y la creación de ciudades de la Justicia, como la de Granada, ha dicho que aunque se dan pasos (Sevilla, por ejemplo, o Lucena, cuya sede se inauguró hace unos días), se enquistan y retrasan otros proyectos (toda la Costa del Sol, Algeciras, Cádiz, Jaén, Huelva, Granada, incluso, etc.). "Animo, pues, a los responsables de la Consejería de Justicia para alcanzar cuanto antes los objetivos del Plan de Infraestructuras judiciales de Andalucía 2023-2030, presentado oficialmente el pasado 13 de marzo de 2023".