La lucha contra la violencia de género crea una brecha política entre instituciones

Granada/De ser una lacra contra la que todas las instituciones granadinas habían cerrado filas a convertirse en una polémica que ha creado una brecha político-ideológica entre la Subdelegación del Gobierno en Granada y el Ayuntamiento de la capital. La lucha contra la violencia de género ha hecho saltar todas las alarmas sobre la gestión del nuevo gobierno del bipartito (Cs y PP) en dicha materia, después de que el grupo socialista municipal denunciara una supuesta reducción de efectivos destinados en materia de violencia machista. Tal es así que ayer la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, lanzó un órdago al gobierno municipal: "Si han dado este paso unilateralmente, sin comunicárnoslo, tendremos que poner en marcha nuestra comisión técnica y que nos den explicaciones. Que reflexionen sobre este tema porque es muy grave".

En la provincia de Granada hay un total de 1.494 casos activos por violencia de género. Así se recoge en el último Boletín estadístico mensual del Ministerio del Interior que reúne los datos hasta el 31 de agosto de este año. Del total casos activos, en 623 el nivel de riesgo es no apreciado, mientras que 14 son de riesgo alto, 259 medio y 598 de riesgo bajo. De estos últimos, 136 son víctimas que viven en Granada capital y cuyo seguimiento a través del conocido como Sistema VioGén se lleva a cabo por parte de la Policía Local.

La reordenación en la Policía Local

Hasta el pasado junio, cuando el PSOE dejó el gobierno de la capital, la titular del área de Seguridad Ciudadana y, por tanto, responsable de la Policía Local de la ciudad era la ahora concejal del PSOE en la oposición Raquel Ruz, que hace unas semanas denunció que la "reordenación" de la Policía Local que estaba llevando el actual edil del ramo, César Díaz, estaba "desmantelando servicios de referencia como la unidad de violencia de género".

Según Ruz, el nuevo equipo de gobierno de Cs y PP había "reducido un 45%" los efectivos destinados a tal fin, al pasarse "de 15 a ocho en una cesión más a la ultraderecha". Y es que fue precisamente Vox –el único partido hasta la fecha que ha criticado de forma pública la lucha contra la violencia de género– quien apoyó que el bipartito se hiciese con la Alcaldía de la capital.

Ante ello, el concejal de Seguridad Ciudadana defendió la gestión municipal y tildó de "radicalmente falso" que se hubiera propiciado una merma en esteárea, hasta el punto que aseguró que "hay más agentes". Según el propio edil, mientras que en junio había un total de nueve, ahora había uno más.

Pese a que el equipo de gobierno creía que la polémica había sido zanjada –incluso durante la Comisión de Protección Ciudadana celebrada a finales de septiembre, Díaz detalló todos los cambios propuestos en el Cuerpo y, pese a negar los recortes, admitió cambios al poner agentes de segunda actividad– la controversia ha vuelto.

El PSOE y las plataformas por la igualdad

El grupo provincial del PSOE de Granada reiteró el martes la denuncia de la supuesta merma de efectivos. Tal y como explicó ayer a Granada Hoy Raquel Ruz, "se han reducido un 45%. Ahora están ocho y lo que han hecho es reforzar con policías de segunda actividad, agentes de más de 45 años que no pueden tener pistola, ni actuar en caso de que haya un incidente. Es decir, agentes que pueden realizar trabajo de oficina pero no actuar, con lo que se deja desprotegida a la mujer".

Asimismo, las Plataformas 8 de Marzo y Contra la Violencia de Género 25 de noviembre (8M y 25N) mostraron ayer su "más rotundo rechazo a la reducción a la mitad" del número de policías locales dedicados a atender la violencia machista.

Los colectivos exigieron que se hicieran públicos los ingresos municipales por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y pidieron que el Consistorio rindiese cuentas y diese a conocer a dónde iba destinado el dinero transferido por el Gobierno central en esta materia si se había reducido el número de efectivos. Precisamente, esa explicación también fue exigida por la propia subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, en pleno discurso con motivo de la celebración del patrón de la Policía Nacional.

Órdago de la Subdelegación del Gobierno

Mientras que antes del acto, López Calahorro aseguró que si el equipo de gobierno municipal había tomado esta decisión "de forma unilateral" se pondría en marcha la comisión técnica en la materia y se pedirían explicaciones, durante su alocución pública tildó de "lamentable que el Ayuntamiento de un paso atrás" en violencia de género, además de referirse a Vox de forma indirecta.

"Aunque se esté alzando de manera injustificada la voz del negacionismo, la intervención policial es esencial", aseguró, una afirmación en la misma línea que la vertida por su compañera de partido Raquel Ruz, al entender "el desmantelamiento de la unidad como una concesión a Vox".

Las declaraciones de la subdelegada del Gobierno cogieron por "sorpresa" a los miembros del equipo de la corporación municipal, entre ellos el propio edil de Seguridad Ciudadana, César Díaz, que se encontraban entre los asistentes al acto y que desmintió de forma tajante estas acusaciones.

El desmentido municipal

Según indicaron desde el Ayuntamiento, el área ha ampliado a diez agentes la sección, una cifra que supone el aumento en un agente de la plantilla centrada en esta labor de seguimiento, además de asegurar que si en el futuro se detecta la necesidad de ampliar el número de agentes, se acometerá.

En declaraciones a este diario, César Díaz no dudo en reiterar esta postura. "Cualquier agente de los 470 que hay en la Policía Local puede actuar ante cualquier necesidad. Eso es una prioridad. Lo que se hace con las 136 víctimas asignadas es un seguimiento diario y eso perfectamente lo puede hacer un agente de segunda actividad. Si la mujer necesita ser acompañada, hay agentes y patrullas que la acompañarán. No hay ninguna disminución", aseguró Díaz.

De igual modo, indicó que "no ha habido conversación con Vox y, aunque la hubiera tenido, mis compromisos con la violencia de género están por encima de la política", aseguró el edil, que consideró que la subdelegada del Gobierno había hecho "un flaco favor y no ha estado a la altura del cargo" al realizar esas declaraciones "que son una mentira absoluta" en un acto público como era el patrón de la Policía Nacional. "Estaban fuera de lugar", sentenció.