La lucha de un juez que quiere ser forofo

Granada/Su mayor ilusión de niño era dedicarse al fútbol profesional. En esto podría coincidir Antonio Iglesias Martín con un elevado porcentaje de la población. Pero lo que hace de esa pasión algo excepcional en este magistrado granadino es haber tenido que confesar ahora, a sus 49 años, esos sueños infantiles a los máximos dirigentes de la Judicatura en España y abrir una batalla de recursos para poder mantener el cargo de vicepresidente del Granada CF, un cargo honorífico en el club de su tierra, que es lo más cercano que ha podido estar del adorado deporte.

Antonio Iglesias, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Granada, ha recurrido al Tribunal Supremo para tratar de revertir una decisión del máximo órgano de la judicatura -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, que a finales de octubre pasado le rechazó la autorización para compatibilizar su cargo con la actividad que estaba desarrollando en el club de fútbol desde el verano.

Tras la llegada de nuevos propietarios al Granada CF, fueron nombrados como vicepresidentes de Relaciones Institucionales el empresario Ignacio Cuerva y este magistrado, natural de Dúrcal.

Comenzó entonces a desempeñar unas tareas propias de su cargo, que son sobre todo protocolarias, como la entrega de un ramo de flores a familiares de Ana Huete, la joven fallecida en el terremoto de Italia este verano. Las funciones más habituales son las de visitas a peñas, la recepción de equipos visitantes o las asistencia a los partidos de fútbol; todo ello en los fines de semana, como reitera el propio juez.

Pero lo que podría haber sido un mero trámite, que era obtener la autorización del CGPJ para el desempeño del cargo, le ha obligado a aparcar estas tareas y se ha convertido en el inicio de una batalla en la que Iglesias asegura estar apoyado por la mayoría de sus compañeros. Ya no lo ve como una cuestión meramente personal, si no como una defensa de los derechos colectivos como "personas". "Los jueces tienen que incorporarse a la sociedad", explicaba a este periódico el afectado, que incluso asegura haber recibido la petición de sus propios compañeros para recurrir la decisión del Poder Judicial.

Iglesias espera tener una noticia positiva en pocos días, dado que ha pedido al Supremo que acceda a dejar en suspenso la desautorización del CGPJ como medida cautelar, en tanto que se resuelve el fondo del recurso.

El magistrado ha apelado incluso a la mala situación del equipo en la tabla clasificatoria, lo que podría ocasionar un posible descenso de categoría antes incluso de que el juez obtuviera la autorización, si el Supremo resuelve a su favor.

El alto tribunal tendrá que decidir en unos días si accede o no a la medida cautelar solicitada por este magistrado, lo que podría suponer su reincorporación inmediata a las funciones protocolarias en el club o tener que esperar a una resolución sobre el fondo del asunto que puede tardar.

"Atentar contra ese deseo, contra esa emoción, es contrario a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes y, sobre todo, al libre desarrollo de la personalidad", expone el juez en su recurso, donde añade que "a nadie interesa cuáles sean mis hobbies si los desempeño fuera de mi jornada laboral y si los realizo sin percibir retribución, sin dar asesoramiento jurídico de ninguna clase y sin intervenir directa, administrativa ni económicamente".

El magistrado granadino insiste mucho en esta cuestión, pues considera que su cargo en el Granada CF no tiene por qué poner en tela de juicio su imparcialidad, como podrían haber presupuesto los miembros del Poder Judicial. Es más, considera que precisamente esa publicidad del cargo y visibilidad ante la sociedad granadina le otorgan una "dimensión de transparencia y de sujeción a normas éticas".

Antonio Iglesias sostiene que en cualquier partido de Primera División acuden con normalidad a los palcos de los estadios jueces y magistrados, "como también van a actos institucionales organizados por las distintas administraciones públicas y privadas" sin que se les cuestione por ello.