La macrocausa Nazarí se divide en seis piezas que podrán ir a juicio por separado

La macrocausa Nazarí, que desde 2016 ha puesto en el punto de mira más de una década de gestión urbanística en Granada y provocó la detención del entonces alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, acaba de quedar dividida en seis asuntos judiciales, que seguirán caminos diferenciados como piezas separadas. La jueza ha acordado esta medida reclamada desde hace tiempo por la Fiscalía, como forma de continuar la tramitación y posible enjuiciamiento de los diferentes hechos investigados.

Los asuntos del empresario García Arrabal, la urbanización de Caserío de San Jerónimo, el piso de Torres Hurtado, los aparcamientos municipales, la sede de un registrador de la propiedad y el convenio del Cerrillo de Maracena son las piezas que se han dividido.

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, que ha llevado este caso desde el inicio, acaba de firmar una providencia en la que acuerda la apertura de esas seis piezas separadas, que es la misma división de la causa propuesta por la fiscal, Sara Muñoz Cobo, hace algunos meses. La magistrada no ha accedido a la petición hasta no tener en su poder "la mayoría de las diligencias acordadas".

En efecto, desde hace algo más de un mes, el Juzgado ya cuenta con las decenas de informes policiales de análisis de los registros practicados en la Operación Nazarí (el 13 de abril de 2016), de investigación patrimonial de los investigados, con correos electrónicos y mensajes intercambiados y de análisis urbanístico llevados a cabo por peritos especializados de la Junta de Andalucía.

Una vez analizada la raíz común que los investigadores observan en todas las actuaciones supuestamente irregulares, el juzgado pretende aligerar esta macrocausa mediante la división en piezas separadas, lo que supondrá que cada asunto emprenda un camino diferente, ya sea hacia el archivo o hacia la celebración de diferentes juicios.

Roberto García Arrabal (G.A.)

La pieza más voluminosa y compleja será posiblemente la recién bautizada G.A., por aunar los tres expedientes urbanísticos que afectan al empresario Roberto García Arrabal. Se trata del Pabellón Mulhacén (una infraestructura deportiva que el promotor construyó en condiciones muy diferentes a las contratadas), el expediente Progreso (el edificio Be Suites donde se ubica la sede provincial del PP) y la parcela deportiva del Campus de la Salud, donde este empresario hizo un complejo de pádel, vendió una parte a la Universidad y proyectaba levantar una residencia.

San Jerónimo (S.J.)

El otro asunto principal (fue uno de los que originó el arranque de este caso) es la urbanización de Caserío de San Jerónimo, donde el empresario José Julián Romero construyó 300 viviendas con el nombre de Ciudad de la Luz. La investigación aborda el desvío sin autorización del barranco de San Jerónimo que pasaba por allí y la inacabada terminación de toda la urbanización del entorno, pese a lo cual obtuvo la licencia de ocupación para vender los pisos por parte del Ayuntamiento. Es la pieza S.J.

Obispo Hurtado (O.H.)

El Expediente Obispo Hurtado es la tercera pieza que se desglosa en este caso. O.H. hace alusión al edificio promovido por el exalcalde Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros miembros de sus familias y allegados. Se ha investigado la tramitación que siguió el inmueble y las posibles irregularidades urbanísticas del inmueble donde ambos dirigentes ubicaron sus domicilios.

Parking (P.K.)

La cuarta pieza esa la de los parking de la ciudad (P.K.), una serie de concesiones del Ayuntamiento a los mismos empresarios para construir aparcamientos subterráneos y sus respectivas obras en superficie, si cumplir supuestamente los principios de concurrencia y transparencia en la adjudicación.

Registro de la Propiedad (R.P.)

R.P. es el nombre de la pieza separada con la que continuará tramitándose la investigación sobre la obra permitida por el Ayuntamiento en la sede de un registrador de la propiedad imputado en este caso. El inmueble está en la calle Tórtola.

Cerrillo (T1)

El convenio urbanístico suscrito por el exalcalde y los promotores del plan parcial del Cerrillo de Maracena (T1) es el último asunto judicial que tomará su camino por separado. Las defensas han alegado reiteradamente que este asunto ya fue investigado hace años por otro juzgado y fue archivado, por lo que se considera cosa juzgada y no se puede reabrir. Sin embargo, los investigadores sostienen que hay aspectos que no se trataron anteriormente y que podrían formar parte del modus operandi de la "trama criminal" que se atribuye a los investigados de toda la macrocausa.

La jueza ha dado ahora un plazo de cinco días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que aleguen lo que estimen oportuno respecto a esta decisión de la división en piezas separadas.