Más de 3.000 personas se manifiestan en Granada por los efectos negativos del nuevo modelo de la Dependencia en Andalucía

Granada/Una nueva manifestación exigiendo mejoras en el sistema de Dependencia de Andalucía ha vuelto a tomar las calles de Granada. El sindicato UGT-Servicios Públicos ha movilizado este sábado 9 de noviembre a más de 3.000 personas venidas desde diferentes puntos de la provincia para protestar por los efectos negativos de la nueva orden por la que se desarrolla el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia, y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la comunidad autónoma de Andalucía.

La marcha se ha iniciado en la calle Neptuno, en las cercanías del centro comercial homónimo, y ha recorrido el centro de Granada sin incidentes hasta llegar a la Plaza Isabel La Católica, donde ha finalizado la marcha. La movilización ha servido para reclamar una reforma real y efectiva del sistema, de manera urgente, para mejorar la vida de las personas dependientes y sus familias, y garantizar una atención digna y accesible para todos.

Los manifestantes han portado pancartas y carteles exigiendo la mejora del servicio. Se han leído lemas como "no al nuevo modelo de dependencia, si a los cuidados profesionales, no limosna a los familiares", "por una ayuda a domicilio digna y de calidad", "no a la limosna de la junta, si a la dependencia", "nuestros mayores tienen derechos" o "Juanma no tienes decencia", en referencia al presidente de la Junta de Andalucía.

UGT-Servicios Públicos de Granada ha detallado que el cambio que se ha realizado desde el gobierno andaluz para adjudicar plazas implica que no se haga el Programa Individual de Atención (PIAS), el documento en el que se recogen los servicios y prestaciones que se le conceden en concreto a una persona en situación de dependencia. Por contra, a las familias se le ofrece el pago directo al usuario desde el mes siguiente, unos 300 euros, a cambio de plaza en residencia o servicio de ayuda a domicilio, que tardaría hasta dos años en disfrutar.

De esta forma, según han explicado desde el sindicato durante la marcha, mientras que la población dependiente se incrementa, "las solicitudes bajan, lo que supone un dato incongruente, y lo que al final deriva en que los usuarios ya no están siendo atendidos dentro del sistema público de la dependencia, sino en sus casas por sus familiares, a cambio de una limosna que les da la Junta de Andalucía, para ahorrarse el costo del servicio".

"Esta disminución también está afectando al número de cuidadores y cuidadoras profesionales que prestan este servicio público, que pueden ven peligrar así su puesto de trabajo", han denunciado.

Así, desde el sindicato consideran que la aplicación de este nuevo procedimiento está llevando a un deterioro de sistema, que no da respuesta a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia y sus familias, dificultan el trabajo de los diferentes profesionales de la dependencia, aumentan las listas y tiempos de espera y merman la calidad de la atención.

UGT ya manifestó que, si este nuevo procedimiento que se implantó en marzo, no venía acompañando del refuerzo de los profesionales del sistema y de una formación adecuada para la realización de las nuevas funciones, de un incremento de las prestaciones y por supuesto, de un aumento del presupuesto asociado, "las personas dependientes seguirán esperando largos periodos de tiempos en tener los apoyos ante las necesidades de cuidados profesionales que presentan".

El sistema de cuidado y la protección a personas dependiente se está debilitando, y desde UGT, se dice basta. "Se está sobrecargando a las familias, por 300 euros al mes, ante la falta de un apoyo institucional adecuado y muchas están teniendo que asumir la carga de cuidar a sus miembros dependientes, que al no recibir la atención adecuada, pueden ver reducida significativamente su calidad de vida, sufriendo aislamiento, problemas de salud no atendidos y una menor integración social".

"La ineficacia del sistema genera disparidades entre quienes pueden permitirse contratar cuidados privados y quienes dependen exclusivamente de los servicios públicos. Esto está ampliado la brecha entre familias de diferentes clases socioeconómicas", han denunciado desde la formación.