La memoria del TSJA manda un "mensaje inevitable": la justicia andaluza es "lenta y poco eficiente"

Granada/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha hecho este martes balance de su actividad en 2024 en la presentación de su Memoria Anual, la cual manda un "mensaje inevitable" a la sociedad, en palabras del presidente del alto tribunal, Lorenzo del Río, para quien la justicia en la comunidad autónoma es "lenta y poco eficiente", una visión compartida por parte de la sociedad a la que Del Río ha dado la razón a la luz de las conclusiones negativas del documento y la falta de soluciones que llevan pidiendo desde hace años.

Uno de esos problemas, recurrente en palabras del presidente del TSJA, es la litigiosidad, "un tema que siempre tiene que preocupar porque nunca deja de aumentar" y que en 2024 aumentó un 5% en comparación al año previo, lo que vuelve a situarse a Andalucía a la cabeza a nivel nacional, quedándose muy cerca del millón y medio de asuntos judiciales.

En este sentido, Del Río ha pedido hacer un análisis para buscar cómo bajar este indicador, lo cual pasa por la jurisdicción civil y la social, que están "permanentemente en sobrecarga de trabajo" en los últimos años. Según detalla la Memoria, consultada por este periódico, la jurisdicción civil ingresa un 8% más, siguiendo la tendencia al alza desde de los últimos siete años; mientras que la social ingresa un 16% más y en la penal los asuntos ingresados disminuyeron un 3%.

En el primer caso, ha destacado la puesta en marcha de los Medios Alternativos de Solución y Contienda (MASC), una fórmula "muy interesante" que introducen un requisito de procedibilidad en todos los procedimientos civiles para que no se pueda interponer una denuncia sin haber previamente intentado mediar para solucionar el conflicto, y que permitiría comprobar cómo la sociedad judicial es efectiva "desde las dos vertientes": el acuerdo entre particulares y la sentencia judicial. "En qué Iglesia se hace la comunión no debería llegar al juzgado y sea el juez quién decida", ha puesto a modo de ejemplo Del Río.

El presidente ha reconocido que se han resuelto más casos en este 2024, un alivio momentáneo, pues la sobrecarga de trabajo termina por provocar un aumento de la pendencia, es decir, los casos pendientes, que se cifra en más de un 13% respecto a 2023. "No mejoramos los tiempos de respuesta, ni rebajamos el volumen de asuntos pendientes y eso tiene que seguir preocupándonos mucho", ha concluido.

De la Memoria se desprende una tendencia ya apuntada en años anteriores: gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados. Ante esta situación, Del Río ve necesario cumplir con el mandato constitucional de una justicia en plazos razonables y ha confiado en que "den sus frutos" las medidas a implantar durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ello porque considera "imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional".

"No escatimar esfuerzos" en la lucha contra la violencia de género

Otro de los problemas que debe afrontar la justicia andaluza es la lucha contra la violencia de género. Ante esta situación, Del Río ha pedido "no escatimar esfuerzos" desde el poder judicial para la que es fundamental "trabajar en juzgados exclusivos y especializados" de Violencia sobre la Mujer, cuya carga de trabajo aumentará entre un 10 y un 20% con la entrada en vigor de la nueva ley de eficiencia que prepara el Gobierno y que requerirá aumentar las plazas judiciales de todos estos órganos.

En este sentido, la Memoria recoge "valorar la conveniencia de seguir en la senda iniciada de que algunos Juzgados de Violencia sobre la Mujer tuviesen un ámbito territorial" y que comprenda varios partidos judiciales para conseguir una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos. A modo de ejemplo, la Memoria plantea la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Granada al partido judicial de Loja, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular, asimismo, el TSJA plantea crear la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Baza y de Motril, extendiendo su jurisdicción a otras localidades cercanas.

Todo ello, mientras que las cifras en esta área bajan. Los juzgados recibieron en 2024 un total de 40.168 denuncias (1% menos que el anterior) y se han pedido algo más de 9.700 órdenes de protección, de las cuales se han adoptado el 76%, y se han contabilizado 36.905 víctimas (un 6% menos). Por contra, hubo diez víctimas, de las cuales nueve no había medidas de protección previa y solo una lo había solicitado con anterioridad.

En relación con esto, Del Río ha hecho un llamamiento a la coordinación de los poderes judiciales, los cuerpos policiales y los servicios sociales para que exista una "plena interconexión" para luchar contra la violencia de género. En este sentido, el presidente ha destacado la necesidad de que más ayuntamientos de Andalucía se sumen al sistema VioGén, que actualmente está en una segunda fase, pero al que solo está adherido un 35,2% de las localidades de la comunidad autónoma.

El aumento de plazas no es exclusivo de la violencia de género y el TSJA pide refuerzos de personal en todos los órganos, una medida que contó con el voto particular en contra del propio presidente, y así se recoge en la Memoria, al considerar que la propuesta de la mayoría, que contó con 22 votos a favor, "ni tiene en cuenta en muchas de las peticiones de nuevas plazas judiciales los factores de ponderación" ni actúa "de forma equilibrada territorialmente para no descompensar unas provincias frente a otras".

La propuesta mayoritaria aprobada por el Pleno, y contra la que mostró su disconformidad el presidente solicita 245 nuevas plazas judiciales, repartidas entre 38 en tribunales colegiados y 207 en tribunales unipersonales. A la vez, la distribución provincial destaca principalmente Málaga y Sevilla, con 73 y 50 plazas respectivamente; seguida de Granada (23) y Almería (22) y ya en un menor rango Cádiz (12), Córdoba (9), Jaén (5) y finalmente Huelva, con cuatro.

En este sentido, Del Río ha recordado que en 2024 el Ministerio de Justicia no creó "ninguna plaza nueva" para Andalucía. Así, el TSJA contaba en el pasado año con 1.041 plazas judiciales, lo que deja una ratio de 11,8 jueces por cada 100.000 habitantes, un porcentaje que cae hasta el 11,6 contabilizando únicamente Andalucía (el TSJA incluye también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en jurisdicción).

Una jurisdicción penal, a papel

Para solucionar esa imagen negativa, el TSJA y su presidente apuestan por una modernización del poder judicial, la cual se sustentaría en el ya mencionado aumento de personal y en una de las reclamaciones del sistema judicial, la necesidad de una renovación tecnológica. A juicio del presidente el pasado año fue "muy muy complicado" en este ámbito, especialmente por las incidencias y reclamaciones del sistema de gestión @driano, que "no se ha terminado de implantar y se ha observado que tiene muchas deficiencias".

Paralelamente, el sistema afronta otros retos para esa "modernización" que apuntaba Del Río, que puso como ejemplo la implantación del expediente judicial electrónico, que aún no está plenamente operativo; una jurisdicción penal que sigue trabajando "en el papel al 100%; la Fiscalía sigue aun sin estar aún integrada en el sistema de notificaciones, entre otros problemas.

Aunque considera que queda aún "un largo camino" en este ámbito, el TSJA sí reconoce que en 2024 se impulsaron proyectos enfocados a la interconexión de información judicial, y pone como ejemplo la puesta en marcha del expediente electrónico o la deslocalización del puesto de trabajo. Como conclusión, el documento concluye que 2024 puede marcar el final de una etapa caracterizada por la ausencia de las reformas y recursos imprescindibles, en un entorno de ausencia también "de consenso político", todo ello "imprescindible para adaptarse a la realidad de los tiempos y dar respuesta ágil y eficiente a la demanda social de tutela judicial efectiva".

Repensar la Ley de Segunda Oportunidad

En el caso de los Juzgados de lo Mercantil, la Memoria recoge un aumento del 46% pese a que en los últimos años se había "encapsulado" este indicador. El aumento, según ha valorado Del Río, se debería al caso particular de los concursos de personas físicas y no de sociedades, donde juega un papel clave la Ley de Segunda Oportunidad, una normativa que "no ha sido bien estudiada" y cuya interpretación "puede ser muy problemática", para los concursos individuales y no los "deudores de buena fe", que eran sus destinatarios originales, según el presidente.

Como indica su nombre, este procedimiento busca ofrecer una segunda oportunidad a quienes, "debido a circunstancias adversas, han caído en una situación de insolvencia real y merecen un alivio financiero", sin embargo, a juicio del alto tribunal "se detectan posibles abusos por parte de despachos y deudores que buscan evadir responsabilidades financieras," lo que ha generado un impacto negativo en el sistema judicial mercantil y económico. Para recuperar su propósito original, el TSJA plantea imponer medidas más rigurosas que garanticen la buena fe, eviten fraudes y casi un trámite automático, sin cumplir con el verdadero espíritu de la norma.